La Consellería de Medio Ambiente ha movilizado a los 86 concellos costeros de Galicia y a toda la cadena mar-industria para plantar batalla al último intento del Gobierno central de reformar la normativa de Costas. El proyecto de real decreto que regula la gestión del riesgo de inundaciones, en fase de información pública hasta el próximo 15 de septiembre, ha reabierto una herida que parecía cerrada. La Xunta lo tiene claro: el cambio de criterio técnico que propone el ministerio supondría, en la práctica, una oleada de expropiaciones en todo el litoral gallego.
No es menor el dato. El departamento que dirige Ángeles Vázquez ha convocado a los alcaldes, a los representantes del sector pesquero y a los miembros del Foro do Litoral para que remitan sus alegaciones al Ministerio para la Transición Ecológica. La consellería considera que el texto, tal y como está redactado, amenaza directamente los intereses de miles de propietarios y de toda la economía vinculada a la costa. “Van facer expropiacións a esgalla en todo o litoral”, advierten desde San Caetano.
El meollo del conflicto: la línea de deslinde
El corazón del problema está en un cambio técnico que, a simple vista, puede parecer menor. El ministerio pretende sustituir el actual criterio de recurrencia del oleaje por el de la máxima onda registrada a la hora de fijar la línea de deslinde del dominio público marítimo-terrestre. Hoy por hoy, el Reglamento General de Costas establece que ese límite se calcula teniendo en cuenta el punto máximo alcanzado por las olas en los mayores temporales conocidos, siempre que ese nivel se haya repetido al menos cinco veces en un periodo de cinco años. La nueva propuesta elimina esa condición de recurrencia y se queda con el dato más extremo, el de la ola más alta jamás documentada.
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Conoce más →La diferencia es abismal. Con el criterio actual, una vivienda situada a cierta distancia de la costa puede quedar fuera de la zona de dominio público si las olas no alcanzan ese punto con frecuencia. Con el nuevo baremo, bastaría con que un temporal excepcional, de esos que ocurren una vez cada siglo, hubiera dejado su huella en ese lugar para que el terreno pase a ser considerado estatal. La Xunta lo denuncia sin ambages: es una fórmula para ampliar el dominio público marítimo-terrestre sin necesidad de ley, por la puerta de atrás de un decreto.
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Ver planes de email →86 concellos en alerta
La movilización no es casual. Galicia tiene 86 municipios costeros, desde A Guarda hasta Ribadeo, pasando por las rías de Pontevedra, Arousa, Muros-Noia, A Coruña, Ferrol y A Mariña. En todos ellos hay núcleos de población, viviendas, negocios y explotaciones marisqueras que dependen de una delimitación clara y estable de lo que es público y lo que es privado. La incertidumbre que genera el nuevo decreto, advierten desde la consellería, paraliza inversiones, desincentiva la rehabilitación de viviendas y pone en riesgo la actividad de miles de familias.
La cadena mar-industria, que engloba desde la pesca hasta la conserva, pasando por el marisqueo y la acuicultura, ha sido llamada a filas. El Foro do Litoral, un órgano de participación creado precisamente para abordar estos conflictos, servirá de altavoz para canalizar las alegaciones. La Xunta quiere que el ministerio escuche un mensaje unánime: no se puede gestionar el riesgo de inundaciones a costa de expropiar a los gallegos.
Un choque institucional de largo recorrido
Conviene recordar que no es la primera vez que Galicia y el Gobierno central chocan por la Ley de Costas. La reforma de 2013, impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, ya generó tensiones al ampliar las concesiones y prorrogar los derechos de los propietarios. Pero el actual proyecto va más allá. No se trata de regular las concesiones, sino de redefinir el propio concepto de lo que es costa. Y eso, en una comunidad con más de 1.500 kilómetros de litoral, tiene consecuencias directas sobre el terreno.
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