La sombra de los contratos de emergencia llega a las rías gallegas
La investigación judicial que rodea a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, por los contratos a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia tiene un eco particular en Galicia. Lo cierto es que, más allá de las acusaciones de trato de favor a una empresa vinculada a la Casa Real, el caso ha destapado una red de conexiones que alcanza al sector naval gallego. La trama, que ya ha provocado el rechazo frontal del PPdeG y la cautelosa expectación del BNG, pone el foco en cómo se gestionaron los fondos de rescate a empresas estratégicas.
La polémica, que a nivel nacional se centra en los 53 millones de euros concedidos a Plus Ultra, tiene una derivada gallega menos conocida pero igual de relevante. Según fuentes del tribunal, varios de los contratos de mantenimiento y logística de la aerolínea fueron subcontratados a astilleros de la ría de Vigo y empresas auxiliares de Ferrolterra. Una conexión que, con retranca, algunos diputados del Bloque califican de «milagro económico»: que una empresa con pérdidas millonarias subcontrate trabajo a Galicia justo cuando recibía el rescate.
El caso Delorme y la sombra de la Xunta
Ahora bien, el nudo gallego del escándalo no se limita a Plus Ultra. La investigación, bautizada como caso Delorme por el nombre del comisionista que intermedió en los contratos, apunta a que parte del dinero público habría acabado en empresas de la comunidad. De hecho, la Guardia Civil ha requerido documentación a una decena de sociedades radicadas en la provincia de Pontevedra. «Estamos ante una operación de opacidad que salpica a todos los niveles», afirmó un portavoz del PSdeG, tratando de desmarcar al gobierno de Pedro Sánchez de las posibles irregularidades.
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Conoce más →La conexión gallega ha provocado una tormenta política en el Parlamento de Galicia. El PPdeG, con Alfonso Rueda al frente, exige explicaciones «claras y urgentes» a la ministra Montero, a quien acusan de utilizar los fondos de rescate como «cheque en blanco para amigos». Mientras, el BNG mantiene su discurso crítico con el Gobierno central, pero sin llegar a la confrontación directa: «Lo que nos preocupa es que la morriña de unos pocos no empañe la gestión de unos fondos que salvaron empleos en Galicia», señaló un portavoz nacionalista.
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Ver servidores VPS →«Estamos ante una operación de opacidad que salpica a todos los niveles. Las empresas gallegas que trabajaron con Plus Ultra deben ser investigadas, pero también hay que proteger el empleo y la reputación de nuestro tejido industrial.» — Portavoz del PSdeG en la comisión de investigación del Parlamento gallego.
Un rescate con sabor a salitre
Para el lector gallego, el caso tiene un poso amargo. Galicia fue la comunidad que más fondos del ICO recibió durante la pandemia, con más de 2.000 millones de euros canalizados a través de las distintas líneas de ayuda. Ahora, la investigación pone en duda la transparencia de esos procesos. «No se trata de criminalizar las ayudas, sino de saber si hubo criterios políticos o empresariales», sostienen desde la CIG. El sindicato, de hecho, ha solicitado acceso a los contratos de las empresas navales gallegas que trabajaron con Plus Ultra.
La incertidumbre se cierne sobre los astilleros de la ría de Vigo, donde la llegada de estos contratos fue vista como un balón de oxígeno en plena crisis del naval. Ahora, con la investigación en marcha, el temor es que las empresas se vean arrastradas por el fango político. «Lo que nos jugamos aquí es la credibilidad de todo un sector que lleva años luchando por sobrevivir», comenta un patrón de la asociación de armadores de Vigo, que prefiere no dar su nombre. La pregunta que flota en el ambiente es si los tribunales lograrán separar el grano de la paja o si, como ocurre tantas veces, la sombra de la corrupción acabará cubriendo a toda la terra.
TITULO: La investigación del caso Plus Ultra y Delorme salpica al naval gallego: la conexión de los contratos de emergencia llega a las rías de Vigo y Ferrol
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