El Consejo de Ministros aprobó este martes 10 de marzo de 2026 un real decreto que garantiza el acceso a la atención sanitaria pública a personas extranjeras que residen en España sin autorización, con el objetivo de reforzar la universalidad del sistema y eliminar trabas administrativas que impedían la asistencia en algunos casos. La medida, pactada entre el Ministerio de Sanidad y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pretende facilitar la atención inmediata y homogeneizar criterios en las comunidades autónomas. El Ejecutivo sostiene que se trata de una corrección de fallos prácticos en la aplicación de normativas previas y de una apuesta por la salud pública como bien colectivo. La reforma entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

En el corazón de la norma figura la simplificación de los trámites: quienes no cuenten con cobertura por otras vías podrán presentar una declaración responsable en centros de salud u hospitales y recibirán un documento provisional que les permitirá acceder desde ese mismo momento a la asistencia. El texto sustituye listados de requisitos por un procedimiento más ágil, pensado para evitar demoras en situaciones que requieren atención urgente o continuada. Desde el primer contacto con el sistema sanitario, la intención del Ejecutivo es que la atención no quede supeditada a la resolución administrativa de expedientes. Además, la norma regula la cooperación entre centros sanitarios y servicios sociales para facilitar las gestiones.

Para acreditar la residencia en España la norma privilegia el empadronamiento como prueba preferente, aunque acepta otras acreditaciones como certificados de escolarización, informes de servicios sociales o facturas de suministros a nombre del solicitante, de modo que no quede fuera quien no tenga acceso inmediato al padrón. La Administración tendrá un plazo máximo de tres meses para resolver las solicitudes y, en caso de silencio administrativo, la petición se considerará estimada. El mecanismo pretende reducir el limbo jurídico que dejaba a algunas personas sin acceso a prestaciones básicas mientras se dirimían trámites.

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El texto identifica de forma explícita colectivos con protección prioritaria: menores de edad, mujeres embarazadas —con atención durante embarazo, parto y posparto— y víctimas de violencia de género, violencia sexual o trata, que tendrán acceso inmediato sin necesidad de aportar la documentación previa. También se extienden garantías a solicitantes de protección internacional, solicitantes de estatus temporal y personas con discapacidad, para quienes se prevén soportes y formatos accesibles en el proceso. Estas medidas responden a criterios sanitarios y de derechos humanos que buscan evitar vulneraciones por motivos administrativos.

El real decreto incluye además una ampliación de la cobertura para ciudadanos españoles de origen que residan en el extranjero y que se trasladen temporalmente a España si carecen de cobertura por convenios internacionales, así como modificaciones en el copago ortoprotésico: quienes ya están exentos del copago farmacéutico ambulatorio, como pensionistas con rentas bajas o personas con discapacidad, quedarán también exentos de pagar estos productos. El Gobierno defiende que esos cambios ponen fin a incoherencias en el esquema de prestaciones y alivian cargas económicas para colectivos vulnerables.

La norma surge, según explican desde el Ejecutivo, para corregir problemas de aplicación derivados del Real Decreto-ley 7/2018, impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez para restituir la universalidad sanitaria, y de los recortes que introdujo el Real Decreto-ley 16/2012 bajo el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Fuentes ministeriales sostienen que la reforma no crea nuevos derechos, sino que facilita su ejercicio y elimina barreras que en la práctica impedían la asistencia. Los servicios autonómicos de salud serán los encargados de gestionar los expedientes y adaptar los procedimientos a la operativa local.

La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió la iniciativa subrayando que la atención sanitaria debe ser la opción por defecto para todas las personas que viven en el país, por motivos de salud pública y de cohesión social. En su intervención explicó que la medida pretende evitar exclusiones por falta de documentación y que los centros sanitarios puedan prestar cuidados sin dilaciones administrativas. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones añade que la coordinación entre administraciones será clave para que el nuevo marco funcione desde el primer día.

Organizaciones sociales y colectivos de migrantes han celebrado la aprobación como un avance en derechos básicos, mientras que algunos partidos y voces críticas alertan sobre el coste y reclaman mayores controles para evitar fraudes. Expertos en salud pública consultados resaltan que garantizar la cobertura a toda la población residente es también una estrategia de prevención epidemiológica que beneficia al conjunto de la sociedad. La entrada en vigor tras su publicación en el BOE dará paso ahora a la fase de despliegue y evaluación, que medirá hasta qué punto la letra del real decreto se traduce en acceso real y efectivo en los centros de salud de las distintas comunidades.