La Xunta de Galicia ha acordado el archivo de siete proyectos de parques eólicos cuya continuidad dependía de superar el trámite ambiental, según las resoluciones publicadas en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el 10 de marzo de 2026. Entre los proyectos descartados figuran dos instalaciones en la provincia de Pontevedra que no lograron la autorización ambiental necesaria. Las decisiones afectan a iniciativas promovidas por distintas empresas eléctricas y promotoras, que ahora ven interrumpidos sus planes en fases iniciales. El Ejecutivo autonómico justifica los archivos en la imposibilidad de los expedientes de cumplir los requisitos medioambientales exigidos.

En Pontevedra, los parques que han sido archivados son el denominado Chan do Eixo, ubicado entre A Cañiza y Covelo y promovido por la mercantil Parque Eólico Chan do Eixo, y Merendón, proyectado entre Oia y O Rosal por Tiraventos. Ambos expedientes no superaron las valoraciones ambientales que forman parte del procedimiento para autorizar infraestructuras de generación renovable. La paralización llega tras meses de tramitación administrativa y de estudio de impactos sobre el territorio y la biodiversidad local. Las resoluciones implican el cierre del procedimiento administrativo, aunque no impiden que los promotores puedan presentar nuevas propuestas o subsanar carencias.

El resto de los parques archivados corresponden a las provincias de Lugo y A Coruña. En Lugo se cancelaron los proyectos Caroliño, entre Cervo y Xove, y Pequecho, entre Viveiro y Xove, ambos promovidos por Naturgy Renovables, así como Hépotas II, en el término de Muras, impulsado por Hépotas SLU. En A Coruña, las resoluciones afectan a la ampliación de Graiade, en Porto do Son, promovida por Eólica de Graiade, y al parque Fontella, en el ámbito de Aranga y Oza-Cesuras, vinculado a Galenergy. Estas decisiones suponen la retirada definitiva de la tramitación ambiental en sus fórmulas actuales.

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Las resoluciones publicadas en el DOG están firmadas por la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, que encabeza el área autonómica responsable de evaluar este tipo de proyectos. El Ejecutivo defiende que el archivo responde a informes técnicos que concluyeron por la existencia de deficiencias en los estudios de impacto o en la documentación ambiental aportada. La fórmula administrativa seguida es la prevista en la normativa autonómica para proyectos que no acreditan cumplimiento de las obligaciones ambientales en plazo. Fuentes oficiales subrayan que el objetivo es garantizar que las instalaciones renovables se ajusten a la normativa y a la protección del patrimonio natural.

El fallo del trámite ambiental pone de relieve las tensiones habituales entre la expansión de la capacidad de generación renovable y las exigencias de conservación del paisaje y los ecosistemas gallegos. En los últimos años, la proliferación de proyectos eólicos en distintas comarcas ha generado debate público sobre la ubicación de turbinas, el uso del suelo y la compatibilidad con otras actividades económicas rurales. Autoridades y colectivos ecologistas reclaman que las instalaciones se planifiquen con criterios que minimicen impactos, mientras que promotores y sectores ligados a la transición energética insisten en la necesidad de acelerar la implantación de renovables para cumplir los objetivos climáticos.

Las empresas afectadas por los archivos disponen de vías administrativas y jurídicas para recurrir o presentar documentación complementaria que permita reabrir los expedientes, según recuerdan fuentes del sector. Para firmas como Naturgy y otras promotoras regionales, los archivos suponen un freno temporal que puede obligar a replantear proyectos o a modificar su diseño para atenerse a las exigencias ambientales. En algunos casos, la opción de redimensionar parques, cambiar ubicaciones concretas de aerogeneradores o reforzar las actuaciones de mitigación podría reiniciar la tramitación si se subsanan las deficiencias señaladas.

En los municipios afectados, la paralización administrativa cierra por ahora una fase de incertidumbre en la que coincidieron posiciones enfrentadas: ayuntamientos, propietarios de fincas y colectivos vecinales manifestaron tanto apoyo por las oportunidades de inversión como rechazo por los potenciales efectos sobre el paisaje y la fauna. El archivo evita de momento intervenciones en el territorio que habían suscitado preocupación por su impacto sobre espacios naturales y rutas de aves. Las corporaciones locales esperan ahora información detallada por parte de la Administración autonómica sobre los motivos técnicos que llevaron al archivo de cada expediente.

La decisión de la Xunta se produce en un momento en el que Galicia negocia cómo compatibilizar su importante recurso eólico con exigencias ambientales y sociales crecientes. El cierre de estos siete expedientes puede interpretarse como una muestra de rigor administrativo en la revisión de proyectos, aunque ralentiza la incorporación de nueva potencia renovable proyectada en la comunidad. A la espera de posibles recursos o de propuestas revisadas por parte de los promotores, la resolución del DOG marca por ahora un punto y seguido en la planificación del mapa eólico gallego.