El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha advertido este martes, 10 de marzo de 2026, sobre una campaña masiva de correos electrónicos de sextorsión dirigida a usuarios en toda España, incluidos ciudadanos de Galicia. Los mensajes amenazan con difundir supuestos vídeos íntimos entre los contactos de las víctimas y exigen el pago en bitcoins para evitar la difusión. Según el instituto, la maniobra combina técnicas de ingeniería social y mensajes automatizados para crear alarma y forzar pagos rápidos. Las autoridades insisten en que, en la mayoría de los casos analizados, las amenazas carecen de fundamento técnico.

Los atacantes reclaman cantidades que oscilan entre 750 y 950 dólares, según el análisis facilitado por Incibe, e imponen plazos urgentes de entre 48 y 50 horas para obligar a decisiones precipitadas. Los correos sostienen que el equipo de la víctima ha sido infectado con software espía indetectable y que supuestas grabaciones serán enviadas a sus contactos si no se abona la cifra solicitada. Incibe subraya que los mensajes emplean plantillas y fragmentos de filtraciones antiguas para dotarse de verosimilitud. El objetivo principal es la extorsión económica, no la publicación real de material.

El examen técnico de los mensajes no ha hallado evidencias de acceso a cámaras ni de ejecución de malware capaz de grabar a distancia, informa el instituto. Los patrones detectados corresponden a fraudes automatizados y a afirmaciones falsas diseñadas para sembrar pánico. Muchas de las amenazas contienen metadatos o referencias a contraseñas antiguas obtenidas de brechas públicas, un recurso habitual para dar sensación de conocimiento previo. Por ello, Incibe describe la campaña como un intento de coacción sin pruebas técnicas que la respalden.

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La estrategia empleada por los ciberdelincuentes se apoya en la presión temporal y en la vergüenza social para que las víctimas paguen sin consultar. Al exigir pagos en criptomoneda, los extorsionadores buscan dificultar el rastreo y garantizar el cobro inmediato. Incibe destaca asimismo que la dispersión masiva de correos permite a los atacantes alcanzar a miles de usuarios con un coste reducido. La combinación de urgencia, supuesta prueba y anonimato financiero convierte a este tipo de estafa en particularmente efectiva contra personas asustadas y poco expertas en ciberseguridad.

Frente a esta amenaza, el instituto recomienda no responder a los correos ni efectuar ningún pago y, en su lugar, recopilar y preservar todas las evidencias: correos electrónicos completos, capturas de pantalla y justificantes de cualquier comunicación y de los pagos si estos se han efectuado. Incibe aconseja además reportar la incidencia al propio centro de ciberseguridad y presentar denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En caso de pago, es importante conservar pruebas del movimiento de fondos y de los mensajes intercambiados con los extorsionadores.

La Guardia Civil se ha sumado a la alerta en redes sociales, recordando que no se debe ceder al chantaje y animando a denunciar. Las fuerzas de seguridad colaboran con Incibe en el análisis de las muestras y en la investigación de posibles cadenas de pago y orígenes de las campañas. Ambas instituciones insisten en que la divulgación de supuestos vídeos solo debe confirmarse mediante comprobaciones directas en la red y que, de existir material, las víctimas pueden ejercer el derecho al olvido para solicitar su retirada.

Este tipo de campañas de sextorsión se enmarca en una tendencia creciente de fraudes digitales que combinan ingeniería social y el uso de criptomonedas para eludir controles. En Galicia, como en el resto del Estado, los expertos observan un aumento de los intentos de estafa por correo y por SMS, con distintos métodos para presionar psicológicamente a la víctima. Las organizaciones de ciberseguridad recomiendan medidas preventivas básicas: actualizar sistemas y aplicaciones, activar la autenticación en dos pasos, revisar contraseñas y no reusar credenciales comprometidas en brechas anteriores.

Incibe pone a disposición de los usuarios guías y formularios para reportar incidentes y solicita colaboración ciudadana para detectar nuevas variantes de la campaña. Ante cualquier sospecha, el mensaje de las autoridades es claro: no pagar y denunciar. Solo así se dificulta el negocio de los extorsionadores y se facilita la labor policial para rastrear a los responsables. Para las víctimas, además del soporte legal, existen recursos de asistencia psicológica y técnica que pueden ayudar a gestionar las consecuencias del chantaje.