La alcaldesa de Vilariño de Conso, Melisa Macía, compareció este miércoles, 11 de marzo de 2026, ante el Juzgado de Pobra de Trives por una denuncia que le atribuye un presunto delito de prevaricación administrativa en la adjudicación de contratos menores. Junto a ella declaró la secretaria-interventora del Concello, Ana María Loureiro, a petición de la Fiscalía tras la presentación de un escrito por la oposición. La investigación se centra en la presunta utilización indebida de contratos menores para obras y suministros que, según los denunciantes, superan los importes y plazos permitidos para esa fórmula de contratación.

La denuncia fue presentada por el portavoz nacionalista y líder de la oposición, Domingo Domínguez, después de que en 2024 se aprobase en el pleno municipal una moción que exigía la elaboración de un plan de acción para corregir las deficiencias detectadas en el informe anual de control interno correspondiente a 2023. Ese informe, y los sucesivos dictámenes de intervención, reflejaban reparos reiterados sobre varias contrataciones, incluidos algunos de carácter suspensivo que pusieron en cuestión la legalidad de determinados procedimientos.

Según los nacionalistas, los informes de la intervención alertaban de un abuso de la contratación por vía de contratos menores en suministros y obras que rebasaban los límites establecidos para esta vía. En concreto, los escritos señalan que los contratos de obras deberían ser inferiores a 40.000 euros y los de suministros por debajo de 15.000 euros, umbrales que, afirman, se han venido sobrepasando en varios expedientes.

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Domínguez justificó su decisión de llevar el asunto ante la Fiscalía alegando que, pese a la aprobación de la moción en pleno, el Ayuntamiento no adoptó medidas correctoras. «Se aprobó un plan de acción y no se ejecutó, por lo que me vi obligado a presentar el escrito pertinente», afirmó el portavoz de la oposición, según el relato del propio Consistorio y de las fuentes que han seguido el caso.

La alcaldesa se defendió ante los juzgados argumentando que las contrataciones menores objetadas fueron realizadas por la necesidad de garantizar la continuidad de servicios básicos, en particular el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), que, según explicó, llevaba «tres años en una situación precaria». Macía subrayó que el pago de facturas era imprescindible para que los usuarios, en su mayoría personas mayores, no perdieran la asistencia que precisan.

Además, la regidora insistió en que en ningún momento hubo intención de eludir los procedimientos legales y se mostró colaboradora con la investigación: aseguró que tanto ella como la secretaria del Concello se pondrán a disposición de la Justicia para aclarar cualquier duda sobre las contrataciones cuestionadas. Desde el Ayuntamiento, por su parte, aseguran que han remitido toda la documentación pertinente a los órganos instructores.

La causa, por su naturaleza administrativa, podría derivar en la apertura de diligencias y en la práctica de pruebas para determinar si existió delito de prevaricación, que en el ámbito municipal implica dictar una resolución injusta a sabiendas de su ilegalidad. Fuentes judiciales consultadas recuerdan que la tramitación seguirá los cauces habituales y que, mientras dure la investigación, rige la presunción de inocencia para las personas investigadas.

El caso vuelve a poner de relieve las dificultades con las que se encuentran los ayuntamientos pequeños para gestionar procedimientos de contratación con recursos humanos limitados. El Consistorio de Vilariño sostiene que la escasez de personal y la urgencia para mantener servicios esenciales obligan a recurrir a fórmulas más ágiles, una circunstancia que, según sostienen, no debe confundirse con voluntad de incumplir la normativa.