La provincia de Ourense ha comenzado la temporada de verano con un significativo descenso en su oferta de viviendas de uso turístico (VUT). Tras casi una década de incremento continuo en esta modalidad de alojamiento, el número de inmuebles registrados cae por primera vez, situándose en 1.070 viviendas. Esta disminución coincide con un periodo de profunda incertidumbre y control administrativo sobre un sector que nunca ha estado exento de polémica.
Durante años, el crecimiento de los pisos turísticos en la capital y su área metropolitana parecía imparable. Calles del centro histórico, barrios como O Couto o A Ponte, y hasta parroquias rurales vieron cómo sus portales se llenaban de cerraduras inteligentes y cajitas de llaves. Pero algo ha cambiado. La cifra actual, lejos de los máximos históricos alcanzados en 2025, refleja un punto de inflexión que pocos esperaban tan abrupto.
La tormenta perfecta: anulación judicial y control autonómico
La caída se produce tras la reciente anulación por parte del Tribunal Supremo del Real Decreto del Ministerio de Vivienda que imponía un registro único a través de la Propiedad. Una decisión tumbada por invadir competencias autonómicas y que ha desencadenado una reclamación de 500 millones de euros de la patronal Fevitur al Estado por daños patrimoniales. Demasiado tiempo de vaivén legal para un sector que necesita certidumbre.
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Ver en Hotels.com → PublicidadEn la práctica, sin embargo, la limpia del censo ourensano responde a algo más tangible: la mayor fiscalización de la Xunta sobre su registro oficial, el REAT. Las autoridades autonómicas han dado de baja aquellas VUT notificadas por los concellos que carecían de licencia urbanística o incumplían el planeamiento municipal. No es menor el dato: muchos propietarios operaban en un limbo legal, confiando en que la maraña burocrática nunca les alcanzaría. Ahora, les ha alcanzado.
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Ver planes de hosting →Fuentes del sector explican que el proceso de depuración ha sido especialmente intenso en la ciudad de Ourense, donde la presión vecinal por la falta de vivienda residencial se ha hecho sentir en los últimos plenos municipales. El gobierno local, independientemente de su signo, ha endurecido los requisitos para conceder nuevas licencias, obligando a los propietarios a demostrar que el inmueble cumple con las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y seguridad que exige la normativa.
Un mercado de 14 millones de euros en la provincia
A pesar del descenso, el negocio del alquiler temporal sigue moviendo cantidades nada desdeñables. Según los datos disponibles, esta actividad moviliza al año unos 14 millones de euros en la provincia de Ourense. Una cifra que, aunque modesta en comparación con los grandes polos turísticos gallegos como Santiago o las Rías Baixas, tiene un impacto real en la economía local: desde empresas de limpieza hasta cerrajeros, pasando por gestores de propiedades y plataformas digitales.
El perfil del propietario ourensano, además, difiere del inversor institucional que domina en otras ciudades. Aquí predominan los pequeños ahorradores que compraron un piso como complemento a su pensión o como segunda residencia, y que decidieron explotarlo turísticamente para rentabilizar la inversión. A nadie se le escapa que la nueva presión fiscal y los costes de adaptación a la normativa están empujando a muchos de ellos a retirarse del mercado.
Conviene recordar que el fenómeno no es exclusivo de Ourense. Ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia también han registrado caídas en el número de VUT tras la implementación de regulaciones más estrictas. La diferencia está en la escala: mientras en las grandes urbes la reducción supone apenas un porcentaje mínimo del total, en Ourense, con un parque de viviendas turísticas ya de por sí reducido, la pérdida de unas decenas de inmuebles tiene un efecto estadístico mucho más visible.
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