El Congreso registra un bloqueo prolongado de su actividad legislativa: actualmente hay más de un centenar de textos pendientes de resolver su fase de enmiendas y, de media, tardan alrededor de un año en avanzar. La paralización responde a la combinación de una Mesa con mayoría del Gobierno que prolonga sistemáticamente plazos y a la estrategia del PP en el Senado, que ha impulsado numerosas iniciativas. El problema se ha hecho más evidente a dos años y medio de la investidura, en un escenario político en el que acordar apoyos resulta cada vez más complicado.

Según los datos parlamentarios, en este momento hay 128 expedientes en periodo de enmiendas. Entre ellos se cuentan 48 proyectos remitidos por el Ejecutivo, 53 proposiciones del PP y una decena de iniciativas impulsadas por los socios del Gobierno y sus aliados. En términos acumulados, las sucesivas ampliaciones de plazos suman el equivalente a más de un siglo de demoras, y cerca de una decena de normas llevan en espera alrededor de 800 días hasta que la Mesa dé por finalizado el plazo y la tramitación pueda continuar.

La principal herramienta de esta congestión es la práctica de prorrogar semana a semana los plazos para presentar enmiendas: una competencia de la Mesa del Congreso que, con la mayoría que le otorgan PSOE y Sumar, decide cuándo se cierra cada periodo. El PP ha bautizado esa táctica como el «congelador de Francina Armengol«, aludiendo a la presidenta de la Cámara, y la utiliza como argumento para denunciar un bloqueo deliberado de las iniciativas de la oposición.

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El contexto político acentúa la situación. El Gobierno de coalición, liderado por Pedro Sánchez, navega con márgenes estrechos en muchas votaciones y depende de acuerdos puntuales con distintos actores parlamentarios. Cuando las iniciativas proceden del Ejecutivo, los tiempos los marcan los propios socios, pero cuando se trata de proposiciones de la oposición, la prórroga de plazos en la fase de enmiendas retrasa su examen y posterior debate en comisión y pleno.

La queja del PP tiene detrás una realidad tangible: la Cámara Alta, donde el partido de la oposición dispone de mayoría absoluta, ha sido utilizada para impulsar numerosas proposiciones de ley. El PP presentó alrededor de 40 iniciativas en el Senado y logró enviar otras trece al Congreso con apoyo suficiente. Sin embargo, la remisión a la Cámara Baja no garantiza su avance, porque el trámite se topa con retrasos en las comisiones y con las decisiones de la Mesa.

El efecto práctico es una agenda legislativa lastrada. Empresas, colectivos y administraciones que esperan reglamentaciones o cambios normativos ven cómo el calendario se desplaza sin certezas sobre fechas de debate o votación. Además, la dinámica alimenta la percepción de instrumentalización del procedimiento parlamentario: unas fuerzas acusan a otras de bloquear por razones tácticas antes que por debate de fondo.

Fuentes parlamentarias consultadas señalan que ya hay propuestas, tanto entre diputados como en ámbitos académicos, para reformar ciertos mecanismos y evitar dilaciones excesivas, pero admiten que cualquier cambio requiere consenso político, precisamente lo que hoy escasea. Mientras tanto, el embudo en la fase de enmiendas mantiene atascada la tramitación de iniciativas de todo signo y prolonga la incertidumbre sobre cuándo podrán debatirse en profundidad.

La situación plantea una pregunta sobre la capacidad del sistema para responder con agilidad a las necesidades legislativas en una legislatura fragmentada. Si las prórrogas y la estrategia de bloqueo persisten, la acumulación de expedientes convertirá al Congreso en un tablero donde las mayorías y las tácticas decidan más el calendario que el contenido, y eso podría condicionar la agenda política de lo que resta de mandato.