Pérez Jácome, alcalde de Ourense, se enfrentó en el pleno municipal a la sentencia firme del Tribunal Supremo que le condena por vulnerar los derechos fundamentales de una concejala y, en lugar de asumir el fallo, lanzó una pregunta retórica sobre a quién había que creer. La discusión tuvo lugar esta semana en el salón de plenos del Ayuntamiento y avivó una polémica que va más allá del caso individual: cuestiona la manera en que el gobierno local interpreta y responde a las decisiones judiciales. La sentencia, firme y pública, no ha sido admitida con contrición por el equipo de gobierno, que optó por relativizar el veredicto y apuntar a una narrativa de persecución política.

El episodio llegó a los medios acompañado de un análisis de opinión publicado en La Región por David Alvarado, que subrayaba cómo la reacción del regidor encaja en una estrategia comunicativa más amplia. Alvarado señala que, en Ourense, la versión oficial suele reencuadrar los hechos adversos para convertirlos en ataques externos o en errores ajenos, una práctica que reduce la presión pública sobre la gestión municipal. Esa interpretación ha sido particularmente eficaz en un entorno fragmentado mediáticamente, donde los marcos narrativos compiten por definir la realidad política local.

En paralelo a la crisis institucional, la ciudad acumula proyectos y servicios públicos paralizados. La obra de la Avenida de Portugal mantiene 1.200 metros de trabajos detenidos, con casi 9.000 vecinos afectados y alrededor de 70 comercios en apuros, según la información conocida. La empresa contratista suspendió las labores por impagos del Concello, lo que dejó a la vista la falta de liquidez o de planificación en el plan de obra municipal. El tráfico, el comercio local y la convivencia urbana sufren las consecuencias de un retraso que se prolonga y para el que no hay un calendario claro de reanudación.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

Otros proyectos prometidos tampoco han prosperado. El complejo conocido como La Molinera, presentado como un polo de inteligencia artificial que alojaría a mil investigadores, se vio reducido a un equipo de seis informáticos que ahora desarrollan aplicaciones para el propio Ayuntamiento. El Museo Municipal permanece cerrado desde 2021, la piscina termal de las Burgas sigue sin fecha de reapertura y, además, el coste para las arcas municipales de un accidente con un vehículo oficial, por asuntos personales, asciende a 5.600 euros. Estos ejemplos alimentan la percepción de que el problema no es coyuntural sino estructural.

El politólogo Robert Entman ya describió cómo un mismo suceso puede presentarse mediante marcos interpretativos muy distintos que alteran la atribución de responsabilidades y las soluciones propuestas. En Ourense, esa técnica se aplica de forma recurrente: sentencias judiciales se califican de persecución, empresas que paralizan obras se convierten en los únicos culpables y la crítica mediática es descrita como una conspiración contra el único político honesto dispuesto a decir la verdad. Es una táctica basada en la selección del relato tanto como en la comunicación directa con la base electoral.

Además, el último trabajo del filósofo Jürgen Habermas sobre la esfera pública y las plataformas digitales aporta otra clave: la fragmentación en burbujas informativas refuerza la cohesión del grupo y dificulta que la información adversa penetre con la misma fuerza en todos los espacios públicos. En ese contexto, las evidencias acumuladas contra una gestión pueden no erosionar el apoyo de los electores porque esa información no alcanza el marco interpretativo predominante entre sus seguidores. Las redes y los algoritmos terminan por funcionar como filtros que legitiman relatos concretos.

El resultado es una ciudadanía que a menudo valora la fidelidad a un relato por encima de la comprobación de logros tangibles. Cuando la comunicación política mantiene una coherencia narrativa en el tiempo, los votantes tienden a juzgar al gobernante por esa coherencia más que por la ejecución efectiva de proyectos y servicios. En Ourense, esta dinámica explica por qué una lista de incumplimientos y de proyectos fallidos no siempre se traduce en una sanción electoral inmediata.

La confluencia de la sentencia judicial, las obras paralizadas y los proyectos incumplidos plantea una pregunta central sobre la rendición de cuentas y la salud democrática local. Mientras el debate público se polariza entre la defensa del alcalde y la denuncia de la gestión, los servicios y las infraestructuras siguen deteriorándose. El reto para la ciudad será que la discusión sobre quién tiene la razón no ocupe por completo la conversación sobre cómo restablecer la eficacia de lo público y restaurar la confianza de los vecinos en las instituciones.