La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña celebró este jueves la confirmación por parte del Tribunal Supremo de la titularidad pública del Pazo de Meirás, una resolución que califica como una victoria jurídica y, sobre todo, como el triunfo del activismo social y memorialista que durante años reclamó la recuperación del inmueble. La sentencia, dictada en marzo de 2026, desestima los recursos presentados por los herederos de la familia Franco y obliga, además, a la cancelación de las inscripciones registrales que impedían la disposición pública del bien. Para los colectivos, el fallo sella una demanda histórica que tenía como objetivo restituir la propiedad y la memoria de las víctimas del franquismo en Galicia.

Desde la CRMH subrayan que la decisión no solo restituye la titularidad del pazo al Estado, sino que reconoce prácticas irregulares que rodearon su incorporación al patrimonio de la familia del dictador. El colectivo remarca que la resolución confirma que hubo maniobras fraudulentas, actuaciones ilícitas y expulsiones forzosas de vecinas y vecinos de Meirás vinculadas al régimen, y que el inmueble quedó afectado al servicio público de la Jefatura del Estado, con gastos asumidos por el propio Estado en calidad de usufructuario de facto.

Los memorialistas valoran, asimismo, el componente movilizador de la histórica campaña por la recuperación de Meirás, que incluyó denuncias, investigaciones sociales y presión ciudadana. Según la CRMH, esa movilización fue la que impulsó al Estado a iniciar procedimientos judiciales reclamatorios y de recuperación de la propiedad. El colectivo reclama ahora que la ejecución de la sentencia sea clara y ambiciosa para que el pazo deje de estar asociado a la impunidad del pasado y pase a servir a la ciudadanía.

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En el capítulo relativo a la liquidación posesoria, el alto tribunal ha confirmado la valoración en concepto de posesión de buena fe, una conclusión que la Comisión cuestiona. La CRMH recuerda que ya advirtió de un posible error procesal por parte de la Abogacía del Estado al incluir en la demanda una cuantificación de posesión que, según su análisis, no atendía a la dinámica real de apropiación. Esa discrepancia obliga, a juicio de los memorialistas, a una reflexión profunda sobre cómo se han llevado a cabo las fases procesales en un asunto que sigue siendo sensible para la sociedad gallega.

El colectivo también trae a colación un dato determinante: en 2018 el representante del Concello de Sada formuló un voto particular en el que señalaba que la demanda debía considerar la posesión de mala fe, una posición que, dicen desde A Coruña, el Supremo no tuvo en cuenta al confirmar la resolución. Por ello, la CRMH pide a las administraciones públicas que, en el momento de ejecutar la sentencia y de cuantificar la liquidación posesoria para el periodo desde el 20 de noviembre de 1975 hasta la fecha de emplazamiento judicial a los herederos, se opongan de forma enérgica a las pretensiones de los Franco.

La sentencia obliga asimismo a cancelar las inscripciones registrales que otorgaban apariencia de propiedad a la familia del dictador, de modo que el Estado pasa a ser plenamente propietario y puede disponer del pazo. Para los movimientos sociales, esta circunstancia elimina cualquier excusa para demorar las obras necesarias de conservación y adaptación del edificio y abre la puerta a su utilización como espacio público, con todas las dependencias puestas al servicio de la comunidad.

Sobre el uso futuro del inmueble, la CRMH exige la firma de un convenio interadministrativo de gestión que incluya la participación de entidades memorialistas y que determine las condiciones de régimen del bien como un lugar de memoria democrática. Ese marco, recalcan, debe garantizar que la interpretación del espacio incorpore tanto la referencia al periodo del franquismo como la memoria previa y posterior: por ejemplo, la vinculación histórica del pazo con la figura literaria de Emilia Pardo Bazán, cuya huella no debe invisibilizarse.

Finalmente, la Comisión insta a la Administración del Estado a «resignificar de manera urgente» las Torres de Meirás como un lugar de memoria democrática y a asumir las responsabilidades materiales y simbólicas que la sentencia impone. La organización advierte de que estará vigilante en el proceso de ejecución y en cualquier negociación que afecte al futuro del pazo, reclamando transparencia y la participación efectiva de la sociedad civil en todas las decisiones que se adopten.