Los vecinos de la parroquia de San Xulián, en el Concello de Marín, han constituido una plataforma y han mostrado su rechazo al proyecto de Urbaser para convertir la antigua cantera de Pardavila en un centro logístico de gestión de residuos. El anuncio, conocido en los últimos días, plantea la instalación de un aparcamiento para camiones de basura, un taller mecánico, un lavadero industrial y un punto limpio municipal a escasa distancia de viviendas y un cauce fluvial. Los residentes denuncian que la ubicación carece de idoneidad por su proximidad a elementos sensibles y por el impacto ambiental y social que podría generar.

La plataforma vecinal alerta de que la parcela está catalogada como suelo rústico de uso dotacional y reclama que la actuación podría vulnerar la normativa autonómica y estatal vigente. Entre las normas que citan figuran la Ley 2/2016 de suelo de Galicia, la normativa de aguas —incluido el RDL 1/2001 y la Ley 9/2010 de Galicia—, la Ley 37/2003 del ruido y la Ley 7/2022 de residuos. Según el colectivo, la combinación de actividades previstas incrementaría el riesgo de vertidos, ruidos y molestias derivadas del tránsito de vehículos pesados.

La plataforma ha señalado datos concretos para sustentar su argumento: la instalación proyectada quedaría a unos 25 metros de un curso fluvial, a alrededor de 50 metros de diversas viviendas y frente a una parada de autobús escolar, lo que, en su opinión, multiplica las consecuencias sobre la salud pública y la seguridad vial. Los vecinos expresan su preocupación por la posible proliferación de plagas y por el deterioro de la calidad de vida derivado del aumento del tráfico pesado y de la actividad industrial cercana a núcleos habitados.

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Los portavoces vecinales recuerdan además que Urbaser cuenta con instalaciones en un polígono industrial en Barro, una alternativa que, según defienden, sería más adecuada para ubicar operaciones de este tipo al estar alejada de zonas residenciales y ya preparada para uso industrial. «No es lógico trasladar a un entorno rural y habitado actividades que tienen cabida en áreas industriales», sostienen los representantes de la plataforma, que anuncian movilizaciones dentro del marco legal para impedir la instalación.

En el plano jurídico, el colectivo ha anunciado que evaluará la viabilidad de recursos administrativos y judiciales para impugnar cualquier actuación que avance sin el cumplimiento estricto de la normativa ambiental y urbanística. Los vecinos reclaman además una evaluación de impacto ambiental detallada y la participación municipal en la denuncia de cualquier irregularidad que detecten. A su juicio, la alcaldeía y el pleno municipal deben posicionarse públicamente en defensa del interés general de la parroquia.

Desde el punto de vista técnico, los especialistas consultados por la plataforma advirtieron del riesgo que supone ubicar un punto de gestión de residuos y zonas de mantenimiento de vehículos pesados junto a un cauce fluvial, por la posible contaminación difusa y puntual de aguas. La cercanía a viviendas amplifica también la repercusión del ruido y las emisiones procedentes de los vehículos y de la maquinaria de lavado y taller. Estas observaciones han reforzado la demanda de alternativas logísticas en zonas industriales consolidadas.

La empresa adjudicataria del servicio mantiene contactos para la implantación de infraestructuras que optimicen la gestión de residuos, según fuentes sectoriales, pero no hay comunicación pública reciente que confirme el calendario de obras ni el proyecto definitivo para Pardavila. La falta de información oficial ha contribuido a la inquietud vecinal y a que la plataforma exija transparencia y participación antes de que se adopten decisiones que afecten al entorno.

Los vecinos esperan una respuesta clara del gobierno municipal de Marín en los próximos días y anuncian que seguirán reuniéndose para coordinar las acciones de protesta y las posibles reclamaciones legales. Hasta entonces, la iniciativa vecinal mantiene la presión con la intención de que cualquier proyecto respete el suelo rústico, la normativa ambiental y el derecho de los residentes a un entorno saludable y seguro.