En la Comisión quinta de Sanidad del Parlamento de Galicia, celebrada este jueves, la situación de la atención primaria en el municipio de Cervantes fue objeto de un enfrentamiento entre la diputada del BNG y la parlamentaria del PP por la provincia de Lugo, en torno a la falta de cobertura de plazas médicas en el centro de salud de San Román y el cierre parcial del consultorio de Doiras. La nacionalista aseguró que el Ejecutivo autonómico se niega a cubrir de forma permanente las dos plazas facultativas previstas, mientras que el PP defendió que la asistencia se mantiene y que las vacantes no han sido suprimidas. El debate llega tras meses de protestas vecinales y después de que, según los datos aportados por los grupos, el número de profesionales en el municipio se haya reducido notablemente.

Olalla Rodil, portavoz del BNG en la comisión, acusó al PP de «inacción» y de haber votado en contra de garantizar la cobertura estable de las dos plazas en San Román, lo que, a su juicio, ha precipitado el deterioro del servicio. Según Rodil, los compromisos del Gobierno y de la propia formación popular en el ayuntamiento no se han traducido en medidas efectivas y la población sufre las consecuencias de esa pasividad. La diputada subrayó además que los recortes en la plantilla han aumentado las listas de espera y complicado el acceso a la atención para los vecinos más dependientes.

Encarna Amigo, por su parte, negó que la Xunta haya reducido la asistencia sanitaria en Cervantes y defendió que ninguna plaza fue eliminada: una de ellas permanece vacante desde el traslado de un facultativo, pero la plaza «sigue existiendo» y se está ofertando. Amigo insistió en que la Consellería de Sanidade tiene como prioridad cubrir de forma estable la segunda vacante en cuanto exista un profesional disponible y que la oferta se ha incluido en todas las convocatorias correspondientes. La diputada popular responsabilizó a las dificultades de la contratación en zonas rurales de la demora para cubrir la vacante.

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En los últimos dieciocho meses, el municipio —con alrededor de 945 cartillas sanitarias registradas— ha pasado de contar con dos médicos y una enfermera en San Román y otro médico y enfermera en Doiras, a disponer de tan solo un profesional de medicina y una enfermera para atender todo el término municipal, según expusieron los representantes del BNG. Esa reordenación del servicio, remarcaron, obliga ahora a muchos vecinos a desplazarse hasta el centro de salud de la capital municipal para recibir atención básica. El cambio ha generado preocupación entre una población cuya edad media supera los 60 años.

Rodil también recordó que el consultorio de Doiras cerró en el verano de 2024 y que, cuando se reabrió, ofrecía asistencia solo dos días a la semana con uno de los facultativos desplazado desde San Román. Con la salida posterior de uno de los médicos, toda la atención quedó concentrada en la cabecera municipal, lo que incrementó tiempos de desplazamiento de más de veinte kilómetros para algunos usuarios. Para los vecinos, la pérdida de servicios en el núcleo rural supone no solo incomodidad, sino un aumento de riesgo para quienes necesitan controles continuos o atención urgente.

La respuesta del PP se focalizó en subrayar que la prestación se mantiene garantizada mediante los recursos actuales y que la Administración autonómica continúa ofertando la plaza vacante en las convocatorias y procesos selectivos que corresponden. Amigo aseguró que, hasta que no haya un profesional disponible para incorporarse de forma estable, la Consellería seguirá gestionando la atención con las herramientas a su alcance. Ese argumento no convenció a la oposición, que reclama soluciones inmediatas y compromisos concretos para fijar plantilla en el medio rural.

En la localidad se han convocado concentraciones frente al centro de salud de San Román para reclamar una plantilla estable y un servicio presencial continuado, una movilización que, según asistentes y fotografías difundidas, ha reunido a vecinos preocupados por la pérdida progresiva de recursos sanitarios. Los presentes exigen que se garantice la atención de forma permanente y que las autoridades ofrezcan un calendario y medidas concretas para la reposición de los puestos vacantes. Esta reivindicación ciudadana ha servido de hilo conductor al intercambio parlamentario.

El conflicto en Cervantes refleja una problemática más amplia que afecta a otras zonas rurales de Galicia: el envejecimiento de la población, la dispersión geográfica y las dificultades para atraer y retener profesionales sanitarios. Tanto la oposición como el Gobierno regional coinciden en la necesidad de reforzar la atención primaria, pero discrepan sobre plazos y responsabilidades. Mientras se suceden las ofertas de plazas en los procesos selectivos, los vecinos seguirán dependiendo de una plantilla reducida para prestaciones que antes se cubrían con mayor normalidad.

El choque parlamentario deja en evidencia la tensión entre exigencia ciudadana y limitaciones administrativas a la hora de garantizar recursos en territorios con baja densidad poblacional. El tiempo, y la capacidad de la Xunta para atraer profesionales, será determinante para dirimir si las promesas de nuevas convocatorias terminan traduciéndose en médicos y enfermeras en los consultorios de San Román y Doiras o si la atención seguirán concentrándose en la capital municipal, con el consiguiente impacto sobre el acceso y la calidad del servicio.