Aitor Bouza, secretario general del PSdeG en Santiago y diputado autonómico, denunció este viernes el «colapso» del sistema sanitario en la ciudad a raíz de los últimos datos de listas de espera del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS). Bouza situó el origen del problema en episodios reiterados de saturación en urgencias y en la atención primaria durante los últimos meses y vincula la situación con las políticas de la Xunta. La denuncia se produjo tras conocerse que la espera media para operarse en el CHUS se ha elevado hasta los 92 días, pese a un aumento de las intervenciones quirúrgicas del 3,2%. El dirigente reclamó medidas inmediatas y responsabilizó directamente al Gobierno autonómico del deterioro de la asistencia sanitaria.

El secretario local del PSdeG sostuvo que los colapsos en urgencias se han repetido tanto en invierno como en verano, y que la presión sobre los servicios básicos ha acabado extendiéndose a los centros de salud. Según Bouza, muchos ciudadanos llegaron a esperar hasta tres semanas para poder ser atendidos por su médico de familia, una demora que atribuye a la falta de recursos y planificación. Los datos sobre listas de espera, que recogen un incremento en los plazos pese a un leve repunte en la actividad quirúrgica, ilustran a su juicio la ineficacia de la gestión. La crítica enlaza con una lectura política: para el dirigente, se trata de un deterioro sostenido por decisiones de gobierno.

En su intervención Bouza reclamó expresamente la destitución del gerente del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza, a quien consideró ya «insostenible» al frente del servicio. Afirmó que las explicaciones ofrecidas por la gerencia no resultan aceptables para dar respuesta a los problemas estructurales que atraviesa el CHUS. La exigencia de cese se plantea como una medida inmediata, pero el portavoz socialista también pidió un cambio de rumbo en la política sanitaria autonómica. Para Bouza, la sustitución de cargos debe acompañarse de un plan serio para reducir listas de espera y reforzar la atención primaria.

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El líder socialista en la ciudad cargó además contra el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al que acusó de llevar a cabo un «ataque frontal» contra la sanidad pública gallega a través de recortes encubiertos y gestión insuficiente. Bouza reclamó más inversión en personal y en infraestructuras y menos «excusas», traduciendo la petición en la necesidad de asumir responsabilidades políticas. El mensaje incluyó la petición de transparencia sobre las cifras reales de actividad y de tiempos de espera, así como un calendario para revertir la tendencia. El PSOE local advierte de que, sin cambios, la presión sobre los servicios se intensificará con la llegada de nuevos picos de demanda.

Los datos que motivaron la reclamación —la media de 92 días para una operación— suponen para los socialistas una prueba de que el incremento de la actividad quirúrgica no ha sido suficiente para atajar los retrasos acumulados. En el balance oficial se constata un aumento del 3,2% en el número de intervenciones, pero los tiempos de espera siguen creciendo, lo que para los críticos refleja falta de coordinación y de recursos en áreas clave. El argumento que plantean desde la oposición es que sin una apuesta decidida por reforzar plantillas y dotaciones no será posible reducir las listas. La situación, según Bouza, exige prioridades distintas a las actuales en las cuentas de la Xunta.

La denuncia pública del PSdeG se produce además del movimiento de asociaciones de pacientes: la Asociación de Pacientes y Usuarios del CHUS se ha dirigido esta semana a la Valedora del Pueblo para reclamar protección de derechos y supervisión externa. Ese recurso muestra la preocupación ciudadana y la búsqueda de vías institucionales para exigir soluciones fuera del debate partidista. La intervención de la Valedora del Pueblo abre la posibilidad de actuaciones que pueden forzar revisiones administrativas o requerimientos de información a la Xunta y a la gerencia del CHUS. Para los afectados, la vía del defensor del Pueblo autonómico es una señal de alarma sobre la gravedad del problema.

Fuentes del Gobierno gallego y de la gerencia del CHUS no ofrecieron una respuesta inmediata a las demandas formuladas por Bouza en el acto público de este viernes, según indicaron desde la oficina de prensa del PSdeG. La Xunta dispone de competencias en la planificación y financiación del sistema sanitario y, ante las críticas, suele defender las actuaciones realizadas y la apuesta por programas de reforzamiento estacional y por la digitalización de procesos. No obstante, la oposición exige compromisos concretos y plazos claros para que las cifras de espera comiencen a bajar antes de que se agrave el malestar ciudadano.

Mientras los partidos discuten responsabilidades y soluciones, la preocupación entre pacientes y profesionales crece por la acumulación de demoras en consultas y cirugías no urgentes. Los socialistas locales insisten en que es imprescindible una respuesta urgente que combine gestión, recursos y rendición de cuentas. Si no se adoptan medidas, advierten, el colapso anunciado podría convertirse en un problema estructural de difícil reversión en la atención sanitaria de Santiago y su área metropolitana.