Pocas veces un documento de planificación urbanística concentra tanta tensión política como el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Barreiros. Lo que en teoría es un instrumento técnico de ordenación del territorio se ha convertido, de golpe, en el escenario donde se dirime el futuro de media docena de viviendas de Lóngara amenazadas de demolición, y con él, la relación entre un gobierno bipartito y una oposición que ha decidido tender la mano.
El PP local ha anunciado que está dispuesto a respaldar la aprobación del plan general si con ello se abre una vía capaz de evitar que seis familias pierdan sus casas. La oferta no es menor: supone resignar, al menos en parte, el argumento de confrontación que la formación popular había mantenido hasta ahora respecto a la gestión municipal, para priorizar una salida que ampare las viviendas desde el punto de vista urbanístico.
Un documento heredado, siete años después
El matiz que los populares introducen en el debate es el del punto de partida. A su juicio, el trabajo sobre el plan no arrancó de cero con el actual equipo de gobierno: la formación que hoy está en la oposición sostiene que dejó el documento en un estado avanzado cuando abandonó la alcaldía. Han pasado siete años desde entonces, y esa demora es precisamente el filo del argumento opositor: si el trabajo ya estaba avanzado, ¿qué ha impedido culminarlo?
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Conoce más →La pregunta tiene recorrido, porque los planes generales no son papeles menores. Definen qué suelo es edificable, qué construcciones pueden legalizarse y cuáles quedan fuera de ordenación, es decir, condenadas a desaparecer. Cuando una vivienda queda fuera de ordenación, sus ocupantes se enfrentan a una situación de enorme incertidumbre: la casa existe, a veces lleva décadas en pie, pero el planeamiento no la reconoce y el final del camino suele ser una orden de derribo.
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El mensaje que llega desde las filas populares apela a que el conflicto no se convierta en una batalla sobre el pasado, sino en un ejercicio de gestión. La formación rechaza la polarización y reclama al equipo de gobierno que agote todas las posibilidades legales disponibles antes de dar por perdidas las viviendas. Si existe una fórmula dentro de la legalidad que permita regularizar esos hogares, sostienen los populares, la obligación del municipio es estudiarla, y si esa fórmula pasa por aprobar el plan general, su grupo se compromete a facilitar el consenso necesario.
No es un escenario frecuente en la política local gallega, donde la aprobación de los planes generales suele ser fuente de bloqueos más que de acuerdos. Muchos concellos llevan años, incluso décadas, funcionando con planeamiento anticuado o sin planes aprobados, precisamente porque los instrumentos de ordenación exigen mayorías amplias y compromisos sostenidos en el tiempo. Que una oposición ofrezca su apoyo para desatascar un plan general es, en sí mismo, una anomalía que conviene subrayar.
El trasfondo: el valor de una casa
Más allá de la pelea partidista, el caso de Lóngara toca una cuestión que trasciende al municipio. Los procesos de regularización urbanística chocan a menudo con construcciones levantadas en condiciones que la normativa vigente no ampara, y detrás de cada expediente hay un hogar, un patrimonio familiar, a veces el fruto del esfuerzo de una generación entera. Que la solución técnica exista pero dependa de la voluntad política de aprobar un planeamiento pendiente dice mucho de cómo se articula —o se desarticula— la gestión del territorio en la Galicia rural.
La pelota está ahora en el tejado del gobierno bipartito. Puede interpretar la oferta del PP como una oportunidad para sacar adelante un documento que lleva demasiado tiempo en el cajón, o como una maniobra para trasladar la responsabilidad de los derribos al equipo municipal. Lo que está en juego, sin embargo, va más allá de la lectu
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