La asociación jurídica gallega conocida como Irmandade Xurídica Galega ha iniciado conversaciones con mandos de las fuerzas de seguridad en Galicia para promover el uso habitual del gallego en la atención verbal y escrita a la ciudadanía, según trasladaron fuentes del colectivo en marzo de 2026. La iniciativa busca reducir las barreras lingüísticas que asocian el ejercicio de la autoridad exclusivamente al castellano y reclama la cooperación de las administraciones central, autonómica y local para su aplicación efectiva. El objetivo declarado es que los más de 11.000 agentes en Galicia puedan atender en la lengua mayoritaria del país cuando proceda.

El planteamiento recupera un antecedente histórico: una carta-circular remitida el 28 de febrero de 1989 por el general jefe de la IV Zona de la Guardia Civil en Cataluña, que instaba a los miembros del cuerpo a conocer la normativa sobre el uso de las lenguas propias en las relaciones con la Administración. Ese gesto, recordado por analistas y juristas, se cita ahora como un ejemplo de intervención formativa de las cúpulas policiales para garantizar el respeto a los derechos lingüísticos de la ciudadanía.

En una columna publicada recientemente, Xosé González Martínez subraya que la orden ministerial 35/1987 ya reconocía la validez y eficacia de documentos dirigidos a la Administración Militar en las lenguas oficiales de las comunidades autónomas. La normativa citada establecía además pautas claras para la atención oral en territorios con lengua propia, de modo que las denuncias escritas en la lengua cooficial debían ser remitidas sin trabas a la autoridad judicial. Es ese marco legal el que la Irmandade pretende poner en práctica de forma consensuada con las fuerzas de seguridad.

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La propuesta, según explican sus promotores, no persigue imponer normas sino facilitar herramientas: formación lingüística, modelos de formularios en gallego y protocolos que permitan la atención en la lengua elegida por la persona. La Irmandade subraya que, según sus cálculos, el 98% de los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Galicia son hablantes o conocen la gramática gallega, lo que convierte la medida en una cuestión de gestión y voluntad organizativa más que de recursos estructurales.

El impulso actual retoma además una iniciativa anterior que tuvo eco en 2007, cuando la Asociación de Funcionarios para la Normalización Lingüística promovió la campaña «En galego, con toda seguridade», que fue valorada entonces como un éxito sin precedentes en la normalización del uso del gallego entre los cuerpos de seguridad. Aquella experiencia sirve hoy como referencia para demostrar que cambios institucionales en la atención lingüística son posibles cuando existe coordinación entre administración y colectivos profesionales.

En términos cuantitativos, la realidad de las plantillas en Galicia es un argumento central de la campaña: la Guardia Civil ocupa aproximadamente a 5.300 agentes en la comunidad, el Cuerpo Nacional de Policía a 3.500, la Policía Autonómica suma 358 efectivos y las policías locales rondan las 2.500 plazas, lo que coloca el total por encima de los 11.000 miembros. Para que las medidas tengan alcance real, insisten los promotores, es imprescindible la colaboración de la Delegación del Gobierno en Galicia y de la Xunta, además de la implicación de los ayuntamientos.

Los promotores del acuerdo apelan también a la pedagogía institucional: sostienen que los cargos políticos y responsables administrativos deben liderar la normalización lingüística con ejemplos claros y formación continuada, de modo que el uso del gallego en la vida pública deje de ser interpretado como una excepción. Denuncian que la persistencia de un modelo diglóxico, que reserva el castellano para la autoridad y el gallego para el ámbito privado, ha contribuido durante décadas a una desvertebración cultural difícil de justificar en una comunidad bilingüe.

Desde el ámbito judicial, la iniciativa busca afinidad con la administración de justicia para que la interacción diaria entre policía y Juzgados se realice sin trabas por razones idiomáticas. Los impulsores remarcan que el respeto a la elección lingüística de la persona no sólo es un derecho reconocido en normativa vigente, sino una herramienta de eficacia operativa y de reforzamiento de la confianza ciudadana en las instituciones.

En las próximas semanas la Irmandade Xurídica Galega pretende presentar un documento de consenso con propuestas concretas y calendarios de implantación para su debate con las distintas instituciones. Los responsables de la propuesta insisten en que la clave será la voluntad política y la coordinación entre administraciones, y advierten de que, sin ese compromiso, cualquier avance quedará limitado a experiencias puntuales y no alcanzará la normalización que reclaman la ciudadanía y los profesionales del sector.