La reforma de financiación vuelve al Parlamento gallego sin acuerdo

El Parlamento de Galicia ha reactivado este miércoles la comisión no permanente sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, un órgano que llevaba meses paralizado y que retoma sus trabajos sin visos de consenso entre los grupos. La sesión, celebrada en Santiago de Compostela, sirvió para aprobar las normas de funcionamiento —con el apoyo de todos los grupos salvo el PSdeG, que se abstuvo— y para abrir un plazo de siete días, hasta el próximo 18 de junio, para que los partidos presenten sus propuestas. Lo cierto es que el ambiente en la Cámara gallega dista mucho de ser el de una negociación fluida: el PPdeG acusa al Gobierno central de perjudicar a Galicia, mientras que socialistas y nacionalistas denuncian el inmovilismo de la Xunta.

Los hechos: una comisión que arranca con cuentagotas

Puesta en marcha en noviembre de 2021, la comisión no permanente de estudio sobre la propuesta de Galicia ante la reforma del sistema de financiación se había ido diluyendo con el tiempo. Su reactivación coincide ahora con la propuesta de reforma que lanzó la anterior ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y con las comisiones bilaterales que ha convocado su sucesor, Arcadi España, para analizarla. Basta con mirar el calendario para entender las prisas: apenas siete días para remitir las propuestas y la idea, según el portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, de que la comisión concluya en un «plazo razonable».

Durante la sesión, Pazos recordó el «acuerdo base» que existía con anterioridad entre los grupos sobre cuestiones clave, como que la reforma se debata en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y no de forma bilateral. «La propuesta del Gobierno perjudica a Galicia», advirtió, al basarse, según afirma, «en la capacidad recaudatoria» de los territorios en lugar de en lo que cuesta la prestación de los servicios públicos. No es menor el dato de que las enmiendas del PSdeG fueron rechazadas con el voto en contra del grupo mayoritario y la abstención de BNG y del grupo mixto. «Sorprendente», calificó Pazos lo planteado por los socialistas.

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Por su parte, la socialista Patricia Iglesias pidió que la comisión «tenga un resultado útil» y «que no sea un paripé», de modo que se elabore una propuesta «por escrito y con rigurosidad». Mostrando la «mano tendida» del PSOE gallego, reclamó «transparencia» y «pluralidad» para lograr un documento que garantice una financiación «suficiente, singular y solidaria». Difícil imaginarlo con las posturas tan distantes que se escucharon en la misma sala.

Contexto y antecedentes: un largo paréntesis de 1.604 días

No es la primera vez que este órgano se queda en un cajón. La portavoz del BNG, Ana Pontón, y la diputada nacionalista Noa Presas han sido las encargadas de recordar que han pasado exactamente 1.604 días desde que se constituyó la comisión sin que se haya aprobado un dictamen. «Si no hubo dictamen antes fue por el bloqueo del PP», aseveró Presas con la frialdad de quien sabe de qué habla. La cifra habla por sí sola: más de cuatro años de trabajos intermitentes, comparecencias de expertos —como los economistas Santiago Lago, María Cadaval o el exconselleiro de Facenda Miguel Corgos— y una documentación que sigue amontonándose sin que se haya traducido en una posición común.

Ahí está la clave: los grupos coinciden en que el sistema actual es insostenible para una comunidad como Galicia, con una población envejecida, dispersa y con un alto coste de los servicios públicos. Pero a la hora de concretar, las diferencias se agigantan. Mientras el PPdeG insiste en que la reforma debe pasar por el CPFF y rechaza cualquier bilateralidad, el BNG reclama que «Galicia tenga íntegramente la llave de su dinero» y el PSdeG aboga por un modelo que prime la solidaridad entre territorios.

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