Once conductores que prestan servicios con la etiqueta de Uber en Vigo han perdido la renovación del denominado «título habilitante» que permite a los vehículos VTC operar como transporte discrecional de viajeros, una decisión que han tomado las empresas que gestionan esas licencias ante la incertidumbre del sector en la ciudad. La medida, que afecta a vehículos cuya autorización debía prorrogarse hace meses, se ha adoptado en un contexto de conflicto con el Ayuntamiento de Vigo, que aún no concede autorizaciones para traslados urbanos de pasajeros. Aunque los coches siguen apareciendo en la calle, la retirada de las renovaciones responde a una estrategia empresarial ante la falta de seguridad jurídica en el mercado local. Fuentes municipales confirman que el asunto se ha ido agravando en los últimos meses y que la situación permanece enquistada.

Las compañías, muchas con sede en la Comunidad de Madrid, han optado por no solicitar la prórroga bienal que gestiona la Xunta de Galicia para el «título habilitante», un trámite administrativo imprescindible para mantener la actividad regular como VTC. En total, al menos once vehículos vinculados a servicios de la plataforma no contaban con la renovación cuando expiró el plazo, según los registros consultados, por lo que han quedado sin cobertura formal para realizar traslados urbanos. La decisión empresarial viene motivada, según fuentes del sector, por la percepción de que el mercado de Vigo no ofrece condiciones estables para seguir invirtiendo en licencias y flotas en la ciudad.

El «título habilitante» es el documento que autoriza a conductores profesionales, sean autónomos o trabajadores de empresas, a realizar por contratación previa el transporte discrecional de viajeros en turismo por el territorio nacional. La expedición y renovación de ese permiso corresponde a la Xunta de Galicia, que lo concede a petición de la empresa o del titular del vehículo. No obstante, la firma propietaria del permiso puede decidir no solicitar la renovación, una opción que ahora ha dejado sin cobertura administrativa a esos once conductores en Vigo.

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La falta de renovación no ha supuesto la desaparición inmediata de todos los vehículos del tráfico urbano. En varios casos los conductores continúan desarrollando servicios dentro de la ciudad y, como consecuencia, han acumulado sanciones que en algún expediente superan los 4.000 euros. Varios de estos recursos sancionadores están recurridos y pendientes de resolución en los tribunales, con lo que el pulso entre operadores y autoridades locales se traslada al ámbito contencioso-administrativo.

Además de las multas, algunos vehículos han sido inmovilizados por la Policía Local y trasladados al depósito municipal, una medida que ya se ha aplicado reiteradamente a conductores considerados reincidentes. El Ayuntamiento de Vigo ha abierto alrededor de media docena de expedientes judiciales para intentar apartar de la vía pública a quienes, según su criterio, prestan traslados urbanos de pasajeros sin la autorización municipal correspondiente. Estas actuaciones pretenden, según fuentes municipales, preservar la normativa que delimita los servicios urbanos y evitar la competencia irregular con el taxi.

La tensión en Vigo se enmarca en un debate más amplio sobre la regulación de las VTC en España y en la relación entre las plataformas digitales y los ayuntamientos. La propia plataforma comercial que opera bajo la marca Uber ha intensificado contactos con el Ayuntamiento para reclamar un marco que permita la prestación de servicios urbanos, mientras que el consistorio mantiene la obligación de autorizar expresamente esas actividades. En la práctica, esa falta de consenso ha llevado a un escenario en el que los vehículos pueden seguir operando pero sin la cobertura administrativa local que las partes consideran necesaria.

Para las empresas gestoras de flotas, la decisión de no renovar algunos títulos responde a un cálculo de riesgo: evitar ampliar inversiones en un mercado en el que la propia regulación municipal y la presión de los controles policiales generan incertidumbre. Al mismo tiempo, la persistencia de conductores en la calle pese a las sanciones y las inmovilizaciones evidencia la dificultad de aplicar medidas disuasorias que pongan fin de forma inmediata a la prestación no autorizada de servicios urbanos.

El conflicto, por tanto, continúa con varias vías abiertas: recursos administrativos y judiciales por parte de los conductores y las empresas, sanciones e inmovilizaciones por parte del Ayuntamiento y presiones políticas y comerciales desde la plataforma. Mientras se dirimen esos procedimientos, la situación en Vigo seguirá siendo un ejemplo de las tensiones que generan las VTC en las grandes ciudades, y la posible resolución depende tanto del criterio de la Xunta como de las decisiones de los tribunales y del propio Ayuntamiento.