Un estudio de la Universidad de Utah revela que un porcentaje creciente de adultos estadounidenses denuncia dificultades de memoria, atención y toma de decisiones entre 2013 y 2023, con un aumento especialmente marcado en menores de 40 años. Los investigadores analizaron más de 4,5 millones de respuestas a la encuesta BRFSS y observaron que la prevalencia de lo que se define como «discapacidad cognitiva» pasó del 5,3 % al 7,4 % en la última década. La tendencia se acentuó desde 2016, por lo que los autores descartan que la pandemia de COVID-19 sea la explicación principal. El trabajo, publicado en la revista Neurology, advierte de implicaciones importantes para la salud pública y los sistemas sanitarios.

Los datos proceden de la encuesta Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS), un sondeo representativo que incluye preguntas sobre si una persona tiene serias dificultades para concentrarse, recordar o tomar decisiones debido a una condición física, mental o emocional. Los investigadores excluyeron las respuestas recogidas en 2020 por las circunstancias excepcionales de la pandemia, y aplicaron análisis de tendencia desde 2013 hasta 2023 para minimizar sesgos temporales. La muestra reúne millones de respuestas, lo que otorga potencia estadística para detectar cambios en subgrupos por edad. Ese diseño permite identificar patrones poblacionales, aunque sigue dependiendo de autoinformes y de la formulación de la encuesta.

El aumento más llamativo se concentra entre los adultos de 18 a 39 años: en esa franja la incidencia casi se duplicó, pasando del 5,1 % al 9,7 % en el periodo estudiado. Fue precisamente este grupo el principal impulsor del incremento general, según los autores. En términos globales, la proporción de adultos que manifestó problemas cognitivos serios subió varios puntos porcentuales entre 2013 y 2023, un cambio que los investigadores califican de significativo y preocupante. El hallazgo rompe con la expectativa de que la carga cognitiva fuese más alta entre población de mayor edad.

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Los autores plantean varias hipótesis para explicar el fenómeno. Entre ellas figura el estrés económico relacionado con la precariedad laboral, la incertidumbre en los ingresos y la carga mental que estas condiciones generan, factores que pueden perjudicar la atención y la memoria. Además, la mayor presencia de enfermedades crónicas —hipertensión, ictus, diabetes— se asocia con tasas superiores de dificultades cognitivas, lo que sugiere una interacción entre la salud física y la función cognitiva. Por último, los autores apuntan que la menor estigmatización de los problemas de salud mental podría haber facilitado que más personas reconozcan y reporten estas dificultades, aunque es improbable que esto explique por sí solo la magnitud del aumento observado.

En el comunicado que acompaña la publicación, el autor principal, Ka-Ho Wong, afirmó estar sorprendido por el crecimiento entre la población joven y subrayó la necesidad de tomar en serio estos reportes y desarrollar intervenciones tempranas. Wong reclamó estudios adicionales para comprender mejor las causas y buscar soluciones efectivas, incluyendo investigación que combine datos clínicos objetivos y medidas psicosociales. La petición de los autores es clara: solo con investigaciones más finas se podrá discriminar entre factores socioeconómicos, conductuales y biológicos. Asimismo, sugirieron que sería útil comparar estas tendencias con las de otros países para ver si el patrón se repite fuera de Estados Unidos.

El posible impacto sobre los sistemas sanitarios y sociales es elevado, advierten los investigadores. Un aumento sostenido de dificultades cognitivas en población joven puede traducirse en mayor demanda de servicios de salud mental, atención primaria y rehabilitación, además de afectar la productividad y el bienestar laboral. Los autores reclaman políticas públicas que refuercen la prevención, la detección temprana y el acceso a tratamientos, así como programas orientados a reducir las condiciones de precariedad que podrían estar incidiendo. Para los expertos, abordar estos factores sociales es tan importante como intervenir a nivel clínico.

El estudio también reconoce limitaciones relevantes: la medida utilizada se basa en autoinformes, lo que implica variabilidad subjetiva y potenciales sesgos de respuesta. La exclusión de 2020, aunque justificada, deja un vacío temporal que dificulta evaluar el impacto inmediato de la pandemia. Además, el diseño observacional no permite establecer causalidad, por lo que las relaciones entre estrés económico, enfermedades crónicas y deterioro cognitivo deben explorarse con estudios longitudinales y con indicadores biomédicos. Los autores piden prudencia al interpretar los datos y proponen combinar encuestas con evaluaciones neuropsicológicas en futuras investigaciones.

La investigación, titulada «Rising Cognitive Disability as a Public Health Concern Among US Adults: Trends From the Behavioral Risk Factor Surveillance System, 2013–2023», aparece en Neurology (2025) y está firmada por Ka‑Ho Wong y colaboradores. Su conclusión principal es una llamada de atención: el incremento de problemas cognitivos en adultos jóvenes es real y exige respuestas de investigación y políticas públicas que aborden tanto la salud como los determinantes sociales. Mientras tanto, los profesionales sanitarios y los responsables políticos deberán vigilar estas tendencias para adaptar recursos y estrategias preventivas.