La Plataforma por el Derecho a la Vivienda convocó el sábado 14 de marzo una concentración en la plaza de las Conchiñas, en A Coruña, para reclamar medidas urgentes frente a la crisis habitacional. Vecinos, activistas y colectivos sociales se congregaron por la tarde para denunciar la subida de los precios del alquiler, los desahucios y la falta de vivienda pública. La protesta, que transcurrió sin incidentes, buscó visibilizar la precariedad residencial y exigir respuestas de las administraciones locales y autonómicas. Los organizadores pidieron políticas concretas que garanticen el acceso a una vivienda digna para los sectores más vulnerables.

El ambiente en la plaza fue reivindicativo y sereno, con pancartas, consignas y música en apoyo a las demandas del movimiento. Los asistentes corearon lemas en favor de la vivienda como derecho y portaron carteles en los que se pedía la paralización de desahucios y el fin de los contratos abusivos. A primera vista, la cita reunió a personas de distintas edades, desde jóvenes que afrontan dificultades para emanciparse hasta familias que han sufrido subidas de renta. La convocatoria reservó un espacio para las intervenciones de representantes de la plataforma, que explicaron las claves de su denuncia.

La Plataforma por el Derecho a la Vivienda hizo un llamamiento a la movilización sostenida y reclamó reformas concretas, entre las que citó el refuerzo de la bolsa pública de alquileres, mayores sanciones a los grandes tenedores y controles más estrictos sobre las subidas de precio. Según los convocantes, estas medidas son imprescindibles para revertir un mercado que, a su juicio, ha dejado a numerosas familias sin alternativas de alojamiento asequible. También pidieron la implicación de la Xunta y del ayuntamiento de A Coruña en la protección de los derechos básicos de las personas afectadas.

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Los organizadores contextualizaron la protesta en una tendencia de presión al alza sobre la vivienda en las ciudades gallegas, marcada por el incremento de la demanda, la turistificación de ciertos barrios y la escasez de vivienda social. Diversos colectivos sociales han alertado en los últimos años de la pérdida de stock asequible y de la proliferación de contratos temporales que dificultan la estabilidad de los hogares. Para los participantes en la concentración, estos factores explican el aumento de las reclamaciones ciudadanas y la necesidad de medidas estructurales.

Desde la plataforma señalan que la atención pública y política al problema aún es insuficiente y que muchas de las soluciones planteadas hasta ahora no se han traducido en cambios reales sobre el terreno. Reclamaron transparencia en la gestión de inmuebles públicos y la movilización de edificios vacíos para destinarlos a vivienda social. Además, pidieron mayor coordinación entre administraciones para ofrecer alternativas a familias en riesgo de exclusión residencial.

Varios asistentes relataron a los organizadores experiencias personales de ocupación temporal, contratos precarios o procesos de desahucio que, aseguraron, evidencian la urgencia de la intervención pública. Aunque en la concentración no hubo presencia visible de responsables municipales durante el acto, los convocantes anunciaron que entregarán un escrito con sus demandas a las administraciones. También advirtieron de que, si no obtienen respuestas en plazos concretos, intensificarán las movilizaciones en las calles y en las puertas de las instituciones.

La protesta de hoy se suma a otras movilizaciones recientes en la región que reclaman el reconocimiento de la vivienda como un derecho social y no solo como un bien de mercado. Expertos consultados por colectivos sociales subrayan la necesidad de combinar políticas de oferta —más vivienda pública y medidas contra la especulación— con apoyos a hogares en situación de vulnerabilidad. Para los convocantes, la movilización pública es una herramienta para presionar por esa combinación de medidas.

Tras el acto, la Plataforma por el Derecho a la Vivienda instó a mantener la atención sobre el tema y a sumar apoyos vecinales para convertir las reivindicaciones en políticas concretas. Mientras tanto, el debate sobre vivienda continúa instalándose en la agenda local y autonómica, con amplia expectación sobre las respuestas que ofrecerán las administraciones en los próximos meses. Los organizadores cerraron la jornada reclamando que la protección habitacional deje de ser una promesa y pase a ser una política tangible.