La Fiscalía Provincial de Ourense ha presentado el 16 de marzo de 2026 una denuncia contra dos clínicas privadas de la ciudad por un presunto delito de falsedad documental y estafa al Servicio Gallego de Salud (Sergas). Según el escrito fiscal, los centros habrían facturado como sedación procedimientos que en realidad se realizaron con anestesia local, incrementando el coste que asume la administración. La investigación afecta al Centro Médico El Carmen de Ourense, al Grupo Recoletas Salud Orense, a sus responsables y a un cirujano del servicio de cirugía oral y maxilofacial.
El Ministerio Fiscal sostiene que el Sergas deriva a pacientes que requieren intervenciones maxilofaciales a ese centro privado y que, en esos casos, las facturas consignan la prestación de sedación cuando, según la denuncia, solo se aplicó anestesia local. Ese cambio en la codificación de la actuación supone una diferencia en el importe que paga la sanidad pública.
Como ejemplo, el escrito detalla que en lugar de facturar 76,44 euros por una intervención concreta, se emitió una factura por 110,89 euros, circunstancia que la Fiscalía considera lesiva para el erario público. La denuncia se apoya, además, en un informe policial que recoge supuestos patrones repetidos en la facturación.
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La denuncia se dirige al propio centro médico y al grupo empresarial, así como a los directores o gerentes implicados y al responsable quirúrgico del área de cirugía oral y maxilofacial del Centro Médico El Carmen. No se han facilitado nombres personales en la comunicación oficial del Ministerio Fiscal divulgada hasta ahora.
Fuentes judiciales confirman que la actuación inicial responde a irregularidades detectadas en la documentación presentada al Sergas para el cobro de las intervenciones. El procedimiento abierto se centra en determinar si existió falsedad en los documentos y, en su caso, si esa falsedad buscaba obtener un beneficio económico indebido.
En paralelo, la Fiscalía examina si los supuestos errores en la facturación obedecieron a una práctica sistemática o a casos puntuales con responsabilidad administrativa o penal. La investigación incluirá el análisis de expedientes clínicos, historiales anestésicos y las hojas de facturación remitidas a la administración sanitaria.
Reacción de la Xunta y del Sergas
La Consellería de Sanidade ha declarado oficialmente que, por el momento, «no tiene constancia» de la comunicación formal de la denuncia por parte de la Fiscalía. La consellería añade que, cuando reciba la notificación con los términos concretos, hará una evaluación en profundidad y colaborará en la investigación.
«No tiene constancia de la comunicación de la denuncia por parte de la Fiscalía»,
Fuentes del Sergas consultadas por este periódico recuerdan que la derivación de pacientes a centros privados está regulada y que cualquier discrepancia en la facturación debe ser investigada para proteger fondos públicos y garantizar la correcta prestación asistencial.
Por ahora no hay constancia pública de pacientes que hayan sufrido daños clínicos derivados de las técnicas anestésicas empleadas. La indagación se centra, fundamentalmente, en el aspecto económico y documental de las facturas presentadas al Sergas.
El proceso judicial que se abre puede implicar actuaciones de comprobación contable, requerimientos de documentación médica y, si procede, la citación de responsables para declarar. La Fiscalía, apoyada en el informe policial, deberá aportar indicios suficientes para sostener la acusación en la fase de instrucción.
En Ourense, la noticia ha generado inquietud entre colectivos profesionales y usuarios del sistema público, que reclaman transparencia en los contratos y controles más estrictos sobre la facturación de las intervenciones que la sanidad pública contrata a centros concertados o privados.
Mientras avanzan las diligencias, los responsables del Centro Médico El Carmen y del Grupo Recoletas no han emitido declaraciones públicas sobre la denuncia. La investigación determinará si existió un perjuicio económico relevante y las responsabilidades administrativas o penales que correspondan.
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