La mayoría de la población española reclama castigos más severos para conductas peligrosas de los peatones en la vía pública. Un estudio presentado el 17 de marzo de 2026 por la iniciativa Ponle Freno-AXA, dentro del llamado Manifiesto de Peatones 2030, indica que el 83,2% de los encuestados está a favor de sancionar a quien cruce un paso de peatones mirando el móvil, y el 76,4% respalda multar a quienes pasen con el semáforo en rojo.

La investigación, elaborada a partir de 3.570 encuestas a mayores de edad residentes en ciudades de más de 100.000 habitantes, sitúa el debate sobre la seguridad peatonal en el centro de la agenda urbana. El documento pretende reducir a la mitad el número de atropellos en entornos urbanos antes de 2030.

Los encuestados otorgan asimismo una valoración media de 6,45 a las ciudades españolas en materia de seguridad vial, mientras que un 40,6% opina que la seguridad se mantiene en niveles similares a años anteriores. La presentación del informe contó con representantes de la Dirección General de Tráfico y de la Federación Española de Municipios y Provincias.

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Datos sobre siniestralidad y posiciones institucionales

Durante el acto participaron el director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT, Álvaro Gómez, y el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna. Ambos defendieron la necesidad de combinar medidas sancionadoras con políticas urbanas que prioricen al peatón.

«Tenemos que poner el foco en ‘el caminar por caminar’ como prioridad en las políticas de movilidad urbana»,

«Son cifras inaceptables: 207 peatones fallecidos en ciudades durante 2024 es una barbaridad»,

La DGT destacó una reducción del 16% en la mortalidad de peatones en vías urbanas entre 2019 y 2024, pero subrayó que el volumen absoluto de víctimas sigue siendo elevado. Ese mensaje buscó trasladar a los ayuntamientos la urgencia de anticiparse a los accidentes mediante actuaciones preventivas y de diseño urbano.

Propuestas del Manifiesto de Peatones 2030

El Manifiesto incluye medidas concretas para mejorar la seguridad peatonal, con especial énfasis en la transformación del espacio público. Entre las propuestas se mencionan el aumento de áreas peatonales y la extensión de zonas con límites de 20 y 30 km/h para dar prioridad a los desplazamientos a pie.

También plantea la eliminación de obstáculos en las aceras para mejorar la accesibilidad y la comodidad de los peatones, así como la implementación de actuaciones municipales que reduzcan los puntos de conflicto entre vehículos y personas. El objetivo es convertir las calles en entornos más previsibles y seguros para quienes caminan.

En el estudio se recogen además percepciones sobre la gestión local: Madrid y Barcelona encabezan el ránking de ciudades mejor valoradas en materia de seguridad vial, seguidas de Zaragoza, A Coruña, Bilbao, Vitoria, Sevilla, Vigo, Valencia, Oviedo, Valladolid, Gijón, Cádiz, Málaga y Santander. Estos datos sirven para orientar prioridades y prácticas replicables.

La elevada aceptación social de sanciones para peatones distraídos o que incumplen semáforos plantea interrogantes sobre la proporcionalidad y la eficacia de la vía punitiva. Expertos consultados por la iniciativa abogan por combinar multas con campañas de concienciación y cambios en la ingeniería vial para abordar las causas de fondo.

Las propuestas del Manifiesto apuntan a implicar de manera más activa a los municipios en la prevención, con medidas que van desde la planificación del espacio público hasta la señalización y la vigilancia. La intención es que las administraciones locales adapten su normativa y sus proyectos para reducir la siniestralidad peatonal de forma tangible.

En el horizonte del Manifiesto 2030 queda marcado el compromiso de reducir a la mitad los atropellos urbanos, un objetivo que requiere coordinación entre Estado, ayuntamientos y entidades privadas. La encuesta y las recomendaciones presentadas pretenden servir de hoja de ruta para impulsar cambios legislativos y de diseño urbano que protejan a los usuarios más vulnerables.