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El Concello de Guitiriz insiste en que actuó con «absoluto respeto a la legalidad» tras la ampliación de la denuncia del PP

El enfrentamiento político en Guitiriz ha dado un nuevo capítulo judicial. Tras la ampliación de la denuncia presentada por el Partido Popular contra la alcaldesa Marisol Morandeira por el presunto cobro irregular de dietas, el gobierno local ha emitido un comunicado en el que defiende la actuación del Ayuntamiento y evita hacer valoraciones adicionales hasta recibir notificación formal. El asunto ha pasado ya al ámbito judicial: el Juzgado de Vilalba, plaza número dos, ha asumido la causa y ha solicitado expedientes al Concello para analizar si hay indicios de falsedad documental.

Desarrollo de los hechos

Los primeros movimientos públicos se remontan a finales de febrero, cuando el PP registró una denuncia inicial en la que apuntaba a cobros de dietas por asistencia a juntas de gobierno local en fechas en las que, según los denunciantes, la alcaldesa no habría estado presente por desplazamientos institucionales. La ampliación de la denuncia incorpora ahora una junta celebrada el 4 de febrero, día en el que Morandeira tenía programado un viaje institucional a Girona, según el escrito del PP.

Ante esa ampliación, el Concello de Guitiriz salió al paso con un comunicado en gallego que, traducido, subraya la legalidad de los actos municipales:

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«Todas las actuaciones llevadas a cabo por el gobierno municipal se realizaron en todo momento con absoluto respeto a la legalidad vigente, avaladas por la secretaría y la intervención municipal».

El escrito municipal añade que, a día de hoy, no consta formalmente el contenido concreto de la ampliación de la denuncia, por lo que el gobierno local considera inapropiado hacer valoraciones adicionales sobre cuestiones que no han sido trasladadas por los canales oficiales. Este doble mensaje —negación de irregularidades y prudencia procedural— marca la postura oficial en estas primeras semanas tras la presentación de la denuncia.

No es la primera vez que la política local de A Chaira se ve enredada en denuncias cruzadas entre gobierno y oposición. En diciembre pasado ya se registraron acusaciones similares, que propiciaron polémica en el Concello y en los corrillos políticos de la comarca. En esos episodios anteriores, el PP también puso en cuestión el cobro de dietas por reuniones mientras la regidora, según los conservadores, se encontraba fuera de la localidad.

Antecedentes y contexto local

Guitiriz es un municipio de pequeñas dimensiones, conocido por sus termas y por una administración municipal en la que cada gasto y cada percepción de los cargos electos tiene visibilidad pública inmediata. Ese escrutinio se ha acentuado en los últimos años: la crisis económica y la sensibilidad de la ciudadanía ante los sueldos y dietas públicas han convertido este tipo de asuntos en focos de conflicto político que se prolongan a menudo más allá de lo estrictamente administrativo.

En la política local de Lugo, y en particular en la comarca de A Chaira, la confrontación entre fuerzas municipales y los grupos de la oposición no es nueva. Según fuentes cercanas al gobierno municipal, la secretaría y la intervención —órganos técnicos con competencias en fiscalización y asesoramiento jurídico— avalaron los actos que ahora se cuestionan desde la oposición. Esa garantía técnica es la que el Concello esgrime para subrayar la legalidad de sus decisiones y para intentar desactivar la narrativa de irregularidad.

Por su parte, el Partido Popular ha insistido en que la ampliación de la denuncia responde a la necesidad de aclarar posibles discrepancias entre lo reflejado en los documentos municipales y la realidad de las presencias en las juntas de gobierno. A falta de confirmación oficial sobre los detalles concretos de la ampliación, la oposición sostiene que la intervención judicial es la vía adecuada para clarificar la situación y, si procede, depurar responsabilidades.

Repercusiones y próximos pasos

El trámite abierto en el Juzgado de Vilalba supone el siguiente escalón formal. Desde el tribunal se han requerido al Concello los expedientes y la documentación relativa a las juntas de gobierno y a las dietas abonadas, un paso rutinario pero decisivo: es la documentación la que servirá para que la jueza valore si hay indicios suficientes de delito y si procede abrir una investigación más amplia con toma de declaraciones.

Si el análisis documental no arroja anomalías, lo más probable es que el procedimiento se archive sin más, una resolución que normalmente pasa inadvertida fuera del circuito político. En el otro extremo, si la jueza aprecia indicios de falsedad documental u otra conducta delictiva, se abrirá una instrucción que podría implicar citaciones y una investigación más profunda. En ambos escenarios, la batalla política seguirá siendo un trasfondo constante.

Para la gestión cotidiana del Concello, la situación plantea un reto de gobernabilidad. La sombra de una causa judicial puede desgastar la imagen del equipo de gobierno y condicionar la agenda municipal en un momento en el que cuestiones como los servicios termales, el turismo rural y las infraestructuras comarcales demandan atención. A su vez, la oposición mantiene los argumentos públicos listos para reforzar su discurso ante posibles irregularidades.

Los próximos movimientos más inmediatos serán la remisión formal por parte del Concello de la documentación solicitada y la resolución de la jueza sobre si procede continuar con diligencias. Mientras tanto, el municipio vive con atención la noticia; en plazas como la de Guitiriz y en cafés de la comarca se comenta la rapidez con que un trámite administrativo puede convertirse en noticia judicial y política.

El desenlace dependerá, en buena medida, de lo que los papeles —actas, firmas y justificantes de dietas— acrediten frente a las acusaciones. La ciudadanía de Guitiriz reclama transparencia y explicación, al tiempo que espera que el procedimiento judicial aporte certezas. En la vida municipal, como en la provincia de Lugo, la mezcla de política, control y justicia marca a menudo los ritmos de los pequeños Ayuntamientos; ahora le toca al Juzgado de Vilalba y a los técnicos municipales poner las cartas sobre la mesa.

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Pablo Rivas

Periodista deportivo con amplia experiencia en la cobertura del fútbol y deporte gallego. Redactor de la sección de Deportes.