La protesta convocada por el colectivo médico en Galicia ha encontrado en el área pontevedresa dos focos de fuerte seguimiento: el hospital de Montecelo registró un respaldo del 82% y el comarcal de O Salnés, en Vilagarcía, llegó hasta el 90%, la cifra más alta de la red pública gallega según el sindicato. La primera semana de paros, con jornadas activas entre el lunes y el miércoles, dejó además un aumento medio de participación de tres puntos en los hospitales y una sensación general de escalada que amenaza con prolongarse en abril si no hay acuerdo.

La huelga en cifras y en la calle

El responsable de la movilización es el sindicato Simega, que además de apuntar a esos porcentajes elevados en Pontevedra y Vilagarcía difundió que en los grandes hospitales de la comunidad el seguimiento superó el 77%, con el Álvaro Cunqueiro de Vigo alcanzando el 85%. En Montecelo, donde el miércoles 18 de marzo se celebró una manifestación multitudinaria, la consigna que se escuchó fue la defensa de un estatuto propio para la profesión y la reclamación de mejores condiciones laborales.

La huelga no ha sido un gesto simbólico: desde enero, las tres convocatorias encadenadas han conllevado la suspensión de centenares de intervenciones y pruebas y, en la argumentación sindical, la anulación de más de 200.000 consultas en toda la comunidad. En el área pontevedresa, la Xunta encuentra impactos inmediatos: la decisión de anestesistas y cirujanos de no hacer peonadas —las horas extra voluntarias que permiten operar por la tarde—, sumada a las jornadas de paro, habría forzado la cancelación de más de 6.300 citas este mes.

La presión asistencial se ha dejado notar también en urgencias. En días recientes los centros de Pontevedra y O Salnés vivieron una oleada que, según datos remitidos por los servicios hospitalarios, superó los 2.000 pacientes en apenas 48 horas, un escenario que complicó aún más la gestión de camas y agendas quirúrgicas.

Choque de cifras: sindicatos versus Consellería

La lectura de la movilización difiere radicalmente según quién la cuantifique. La Consellería de Sanidade y el Sergas ofrecen porcentajes sensiblemente más bajos: en los centros hospitalarios del área pontevedresa hablan de ratios inferiores al 30% y en Atención Primaria de índices por debajo del 8%. Los representantes sindicales atribuyen esa discrepancia a la metodología de conteo del Sergas, que incluye en la plantilla total a los profesionales designados para prestar servicios mínimos, lo que diluye la proporción de quienes efectivamente secundan la huelga.

Más allá de la disputa numérica, la realidad cotidiana en hospitales y centros de salud es la que viven pacientes y profesionales. Médicos que continúan con consultas reducidas, listas de espera que vuelven a engordar y plantillas con guardias que tratan de sostener la asistencia urgente quedan detrás de las estadísticas. En la manifestación del miércoles en Montecelo, los portavoces sindicales describieron el seguimiento en Atención Hospitalaria como «masivo» y advirtieron de que la huelga en Primaria «está haciendo mucho daño», al rozar ya las tres semanas de paros parciales.

«Las cancelaciones de pruebas y cirugías son responsabilidad, dicen, ‘directamente’ de la dirección política que introduce un Estatuto que no convence»,

dijeron los convocantes durante un acto en el que se exigió la apertura de una mesa de negociación con garantías.

Antecedentes y causas: por qué se ha llegado hasta aquí

Esta oleada de protesta no surge de la nada. Galicia arrastra años de tensiones estructurales en el sistema sanitario: envejecimiento de la población, falta de relevo generacional en especialidades clave y plantillas con vacantes que a menudo se cubren con sustituciones temporales. A esos problemas se suma el rechazo de buena parte de la profesión al borrador del Estatuto Marco impulsado por el Ministerio, que los sindicatos consideran insuficiente para abordar la precariedad, la sobrecarga y las condiciones retributivas.

En Pontevedra, escenario de huelgas y movilizaciones crecientes durante los últimos meses, el escenario es además muy local: la dispersión geográfica y la dependencia de centros comarcales hacen que cualquier alteración en la capacidad de programación tenga efectos inmediatos en comarcas como O Salnés. No es la primera vez que la provincia sirve de termómetro para los conflictos sanitarios gallegos; la memoria aún conserva las movilizaciones de años anteriores por cierre de camas o recortes de servicios en el SERGAS.

Políticamente, la Xunta mantiene una postura prudente: reconoce incidencias pero relativiza el alcance del paro y reclama que las cifras se computen sobre la plantilla sometida a servicios mínimos. En el plano estatal, la posibilidad de revisar el contenido del Estatuto o de abrir capítulos ad hoc para determinadas especialidades es una de las vías que los colectivos esperan explorar en futuras negociaciones.

Repercusiones y próximos pasos

Lo inmediato es que, salvo acuerdo, la protesta volverá en abril con la posibilidad de intensificarse. Los sindicatos no descartan ampliar el calendario si no hay avances, y algunas agrupaciones mantienen además un paro indefinido en Atención Primaria que ya está tensionando la atención primaria en zonas rurales. Para los pacientes la cuenta es sencilla: más retrasos, más consultas aplazadas y un riesgo creciente de saturación en urgencias cuando las intervenciones electivas se aplazan.

La negociación se perfila como la única salida viable: el tiempo juega en contra de un sistema que, a fuerza de parches, se muestra cada vez más frágil. Desde aquí no es irrelevante recordar que una solución duradera pasará por abordar la raíz del problema —plantillas, condiciones y organización del trabajo— y por un diálogo que reconozca la singularidad de la medicina hospitalaria y de la atención primaria en Galicia. Si no, la factura política y social de estas semanas acabará pesando sobre ciudadanos y profesionales por igual.