La pareja conocida en Moaña por haber ocupado varias viviendas vuelve a situarse en el foco de la polémica local después de ser detenida y posteriormente puesta en libertad tras aceptar una condena. Según relatan ellos mismos, llevan días durmiendo al raso en las inmediaciones de Meira y temen las consecuencias penales de un nuevo acto: «si entramos en otra casa me caen cuatro meses a mí y hasta dos años a Antonio», dice la mujer.

Detención y relato de la pareja

Mercedes y su pareja, identificado como Antonio, fueron arrestados el pasado domingo en una vivienda de la zona de A Moureira, en el casco de Meira, y trasladados al juzgado de Cangas. La detención encendió de nuevo la alarma entre vecinos que, en los últimos mes y medio, han visto cómo el conflicto por la ocupación de inmuebles se enquistaba en diferentes puntos del municipio, en especial en el barrio de O Real.

Los hechos comenzaron con la ocupación prolongada de una casa en O Real —una estancia que, según las quejas vecinales, duró aproximadamente mes y medio— y continuaron cuando la pareja accedió a otra vivienda que sí estaba habitada. Tras la detención en A Moureira, aceptaron una pena de cárcel y salieron en libertad condicionado. Mercedes afirma que ambos son conscientes de que reincidir puede acarrear penas más severas: ella calcula al menos cuatro meses, y señala que a Antonio podría corresponderle hasta dos años por tener antecedentes.

En su versión, recogida en conversaciones con allegados y con responsables de emergencias, la detención del domingo fue resultado de un engaño: les dijeron que el inmueble estaba deshabitado. «Fue una trampa que le tendieron a Antonio y nos apareció uno de los dueños», recuerda Mercedes, que admite haberse visto forzada a buscar refugio en una vivienda de un familiar para pasar la madrugada tras quedar en libertad. La Guardia Civil tuvo que personarse para facilitar su salida y, desde entonces, no constan nuevas ocupaciones.

«Entendemos que el Estado tiene recursos para poder ayudarnos», «durmiendo en el monte, como perros», son algunas de las frases con las que Mercedes describió su situación: noches al raso, apoyo puntual de vecinos y la imposibilidad de acceder a un albergue porque, según les dijeron, están completos.

Antecedentes y el problema habitacional local

La historia de Mercedes y Antonio no es aislada en la comarca del Morrazo. Moaña, con su núcleo urbano y núcleos dispersos como Meira o Quintáns, combina un parque de viviendas con segundas residencias vacías y una demanda creciente de alojamiento asequible. El choque entre derechos de propiedad, necesidades sociales y la respuesta penal ha alimentado debates públicos en los últimos años.

Además, la condición de algunas viviendas ocupadas ha agravado el conflicto. La casa de O Real quedó, según la propietaria, «destrozada» tras el abandono de quienes la ocuparon: muebles y enseres que deben retirarse, tareas de limpieza intensiva y la intervención del Punto Limpio local, que ya estudia fórmulas para colaborar con el Concello. El gobierno municipal, por su parte, ha pedido a la afectada la presentación de una solicitud por escrito para tramitar la ayuda con las garantías legales pertinentes.

Para muchos vecinos, la ocupación es un problema de convivencia y seguridad; para otros, la foto habla de un fracaso de las políticas sociales. Cabe recordar que los servicios sociales municipales han venido advirtiendo de la saturación de recursos como albergues y ayudas de emergencia, algo que se ha hecho más patente en episodios recientes donde familias y personas sin hogar han quedado al margen por falta de plazas.

Vigilancia policial y próximos pasos

Desde el fin de semana, las fuerzas y cuerpos de seguridad mantienen un seguimiento estrecho de los movimientos de la pareja. Las llamadas vecinales han provocado desplazamientos de la Guardia Civil, que en alguna ocasión respondió a una denuncia que situaba a los ocupantes en un invernadero de Quintáns, comprobando finalmente que no estaban allí. El dispositivo busca evitar nuevas intrusiones en viviendas privadas y garantizar que las partes afectadas no sufran más daños.

En términos legales, la aceptación de una pena no cierra del todo el escenario. Dependiendo de la instrucción judicial y de la existencia de antecedentes, la reincidencia puede activar penas de mayor gravedad y, además, complicar el acceso a medidas alternativas como programas de reinserción o asistencia habitacional. Mercedes y Antonio aseguran que intentarán solicitar plaza en un albergue el próximo lunes, aunque advierten que hasta entonces pasarán todo el fin de semana durmiendo al aire libre.

El Ayuntamiento, por su parte, se ve forzado a equilibrar la atención a víctimas de ocupación y la asistencia a quienes, sin recursos, recurren a esa vía. La intervención del Punto Limpio para retirar muebles y la exigencia de trámites formales son ejemplos de la dificultad de articular respuestas rápidas. Diversos colectivos sociales del Morrazo han reclamado soluciones coordinadas que incluyan alojamientos temporales y mediación para evitar la criminalización automática de personas en situación de vulnerabilidad.

La historia de esta pareja plantea preguntas incómodas: ¿cómo compatibilizar la defensa de la propiedad con la tutela de personas en peligro de exclusión? ¿Quién asume el coste inmediato de la limpieza y reparación de una vivienda cuando no hay respuestas municipales rápidas? Y, sobre todo, ¿qué alternativas reales ofrecen las administraciones para que no se repitan escenas de gente durmiendo en el monte a las puertas de un pueblo costero?

Mientras tanto, la propietaria de la vivienda de O Real espera poder recuperar la normalidad y que las administraciones actúen con agilidad para restituir la casa. Para Mercedes y Antonio, la última palabra no será solo judicial: dependerá también de la capacidad de la comunidad y de las instituciones de ofrecer salidas habitacionales que eviten nuevos episodios y atiendan el lado humano de la historia.