Pedro Sánchez evitó ayer fijar un calendario para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado y defendió que la prioridad del Ejecutivo es tramitar los reales decretos ley con medidas para mitigar los efectos económicos de la escalada bélica en Oriente Medio. El presidente trasladó una sensación de urgencia ante la creciente tensión internacional y dejó en el aire una decisión que, en estos momentos, condiciona la política económica y la agenda parlamentaria.

El anuncio aplazado y las explicaciones del Gobierno

En una intervención pública marcada por la referencia constante al conflicto entre Israel e Irán y a la implicación de socios internacionales, Sánchez sostuvo que el Ejecutivo “cumplirá con su obligación” de presentar las cuentas, pero subrayó que antes deben cerrarse los paquetes normativos que contienen las ayudas y las medidas de respuesta inmediata.

«Creo que la dimensión, la envergadura de esta crisis (…) son gravísimas»,

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dijo el presidente para justificar la demora.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había estimado días atrás que la demora sería de “unas semanas”, una evaluación que sitúa un posible anuncio ya en abril. Sin embargo, fuentes del Gobierno trasladaron que la situación es todavía fluida y que la prioridad es garantizar herramientas ejecutivas rápidas mediante decretos. A falta de confirmación oficial de una fecha, la percepción de una prórroga más prolongada es la que impera en los despachos parlamentarios.

El Ejecutivo insistió en diciembre en que presentaría la senda de déficit —lo hizo por segunda vez—, trámite que por sí solo le habilita para configurar las cuentas. No obstante, en el Congreso esa senda fue rechazada por los grupos del centro-derecha y nacionalistas —PP, Vox, UPN y Junts—, lo que evidencia que la dificultad no es solo técnica sino también política: presentar las cuentas y aprobarlas son dos procesos distintos y el Gobierno aún no ha despejado el horizonte hacia la segunda fase.

Antecedentes económicos y el impacto del conflicto

El argumento técnico que esgrime el Ejecutivo tiene detrás un movimiento real de costes. Cuando el Gobierno cerró su último cuadro macroeconómico lo hizo con una previsión del barril Brent en 68 dólares, una cifra que ahora se queda lejos porque el precio del crudo ha escalado, aproximadamente, en torno a 40 dólares más desde entonces. Esa divergencia altera ingresos y gastos previstos y obliga a reajustes en las proyecciones fiscales.

En el terreno doméstico las consecuencias son palpables. Desde el inicio del conflicto, el precio de los carburantes se disparó: en Galicia el diésel ha subido cerca de 0,50 euros por litro y la gasolina 95 alrededor de 0,30 euros por litro, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica. En estaciones de servicio de ciudades como Vigo y A Coruña se ha notado ya la presión en los bolsillos de los conductores y en el coste logístico de empresas de transporte y pescadores, un sector sensible en la comunidad autónoma.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, trató de matizar la comparación con la guerra de Ucrania: aseguró que “la situación actual está lejos de la que vivimos durante la guerra de Ucrania”, pero reconoció la necesidad de medidas paliativas que den respuesta a la volatilidad energética y financiera que afecta al cuadro macroeconómico del país.

La tramitación, el calendario constitucional y el pulso político

España encadena ya tres ejercicios sin aprobar unos Presupuestos. Aun siendo un trámite técnico, la presentación y la negociación son también una cuestión de calendario político. La Constitución establece límites temporales para la aprobación de las cuentas y, según el Ejecutivo, el mes de octubre se perfila como el horizonte en el que concluye ese plazo de referencia; la falta de conformidad con los plazos y las prórrogas ha llevado al Senado a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para declarar nulas esas prórrogas y forzar una fecha límite.

La situación complica además la hoja de ruta de la propia ministra de Hacienda. Montero contempla liderar la candidatura del PSOE andaluz en unas elecciones que, según pronósticos de la oposición, podrían celebrarse en junio. Ese calendario obliga a movimientos tácticos: la ley exige anunciar candidaturas con, al menos, 54 días de antelación respecto a la cita electoral, lo que haría incompatible, en la práctica, que la titular de Hacienda presentase las cuentas mientras encabeza la campaña autonómica.

En el Congreso la lectura es clara: presentar los Presupuestos no garantiza su aprobación si no se cuenta con la base parlamentaria suficiente. El rechazo a la senda de déficit por parte de los principales grupos de la derecha y la posición de los nacionalistas catalanes dejan al Gobierno en la necesidad de buscar acuerdos puntuales o de conformar una estrategia que pase por varias rondas de negociación, algo siempre más difícil cuando la agenda interna se solapa con conflictos internacionales y con procesos electorales autonómicos.

Junto al componente político, existe un riesgo jurídico. Si el Tribunal Constitucional acaba por dar la razón al Senado y declara nulas las prórrogas, el Ejecutivo se enfrentaría a una presión adicional para presentar las cuentas con plazos acotados, lo que podría forzar una precipitación o una estrategia alternativa basada en más decretos ley para atajar emergencias puntuales.

Para Galicia, la ausencia de Presupuestos aprobados implica que muchas políticas de inversión y fondos con impacto regional seguirán supeditadas a la prórroga. Proyectos sensibles —desde infraestructuras portuarias hasta partidas sanitarias y educativas— podrían quedarse en un limbo administrativo que ya se conoce en la comunidad tras ejercicios previos de prórroga presupuestaria.

El Ejecutivo asegura que trabaja en paralelo: por un lado, en los reales decretos que den respuesta inmediata a la inflación energética; por otro, en las alternativas para presentar unas cuentas coherentes con la nueva realidad del precio del crudo y las presiones sobre el déficit. A falta de una fecha concreta, la tensión entre urgencia y la necesidad de tiempo técnico y político marca ahora la agenda de la economía española. El calendario de Montero, el fallo del Constitucional y la evolución de la guerra en Oriente Medio serán las variables que marquen si los Presupuestos llegan en primavera, se demoran hasta el otoño o acaban por convertirse en otro episodio de prórroga con coste electoral y económico.