La declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra no solo levanta polvareda en Madrid. En Galicia, la noticia agita algo más que la memoria política: toca la fibra de miles de familias que dependen de un puente aéreo con Venezuela, precisamente la conexión que mantuvo viva el controvertido rescate.
El origen del embrollo es conocido. En 2020, en plena parálisis mundial por la pandemia, el Gobierno central aprobó un préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Los críticos denuncian que la operación fue un traje a medida, dadas las estrechas relaciones de la compañía con el régimen de Nicolás Maduro y la mediación del propio Zapatero, que actuó como enlace entre los gestores y el Ejecutivo. Ahora bien, lo cierto es que el exlíder socialista ha acudido a los tribunales en calidad de testigo y su versión ha ocupado las primeras planas de los periódicos nacionales. Pero, ¿por qué interesa tanto en Galicia?
Una ruta que es más que un negocio
Cabe recordar que Plus Ultra opera, desde su fundación, el vuelo directo Madrid‑Caracas. En Venezuela residen, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en torno a 40.000 gallegos, la tercera colectividad más numerosa tras los venezolanos nativos y los canarios. De hecho, durante los meses más oscuros del confinamiento, cuando el resto de rutas internacionales se desmoronaban, la supervivencia de esa conexión se volvió un salvavidas emocional y práctico para una comunidad acostumbrada a vivir con morriña.
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Conoce más →«Para nosotros, aquel rescate no fue solo un número en un decreto. Era mantener el hilo con la terra», resume un portavoz de la colectividad gallega en Caracas. «Si ese vuelo se perdía, el desarraigo y la soledad se multiplicaban».
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La ayuda pública, equivalente al 12 % del presupuesto que la Xunta dedica anualmente a políticas de emigración, sigue generando un debate enconado. Para unos, fue un ejercicio de responsabilidad social con una ruta estratégica. Para otros, una maniobra opaca cuyos intereses comerciales poco tenían que ver con la Galicia exterior.
El eco en la política gallega
Con la retranca que caracteriza a la política de esta tierra, el Partido Popular de Galicia no ha tardado en sacar punta. Su portavoz parlamentario ha calificado la comparecencia de Zapatero como «la constatación de un trato de favor que los gallegos también pagaron con sus impuestos». Mientras, el PSdeG defiende la legalidad de la medida y subraya su importancia para mantener rutas vitales, pero evita personalizar en un expresidente que despierta tantas simpatías como recelos entre la militancia.
Lo llamativo es que Zapatero, pese a su origen leonés, ha cultivado una relación singular con Galicia. Veranea con frecuencia en Sanxenxo, mantiene una red de amistades en la comunidad y ha ejercido de consejero informal para figuras como el exsecretario xeral Emilio Pérez Touriño. Esa cercanía, unida a la sensibilidad que la emigración despierta en el país, explica que su paso por los juzgados no sea percibido aquí como un asunto ajeno.
«Zapatero conserva tirón en parte del votante socialista gallego, pero su sombra también evoca la gestión de la crisis de 2008, que en Galicia se tradujo en una severa derrota electoral», señala un analista político próximo al ámbito universitario. «Este nuevo capítulo judicial no removerá escaños, pero refuerza la idea de que el Gobierno central toma decisiones de espaldas a Galicia».
La causa judicial se alargará, y es probable que las sucesivas declaraciones diluyan el impacto inmediato. Sin embargo, en una comunidad donde las noticias vuelan con tanta morriña como con rigor informativo, la comparecencia de Zapatero se seguirá con la misma atención que el próximo partido del Dépor. Porque, al fin y al cabo, la política, como la emigración, es una cuestión de raíces.
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