La alcaldesa de Oia, Cristina Correa, ha convocado a su equipo jurídico para este lunes con la intención de preparar un recurso de reposición que impugne la diligencia del Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo número 3 de Pontevedra que insta al Concello a ordenar de forma inmediata la demolición del Talaso Atlántico. El municipio dispone de apenas días para presentar alegaciones y, mientras toma forma la estrategia legal, el hotel mantiene su actividad y su plantilla de 70 personas espera una resolución que marcará el futuro laboral y urbanístico de la zona.

La víspera de una batalla jurídica

En el encuentro previsto, la regidora municipal y sus letrados analizarán las vías administrativas y judiciales abiertas, entre ellas la posibilidad de solicitar la ampliación de plazos para la aprobación del Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones (PEID), la herramienta que el Concello estaba tramitando como vía para regularizar el complejo. La diligencia del juzgado obliga al Ayuntamiento a exigir al propietario, la empresa Balneario del Atlántico, la demolición del edificio en el plazo fijado, una orden que obliga a moverse con rapidez para evitar consecuencias irreversibles.

Correa ha reconocido que aún no ha definido los argumentos concretos del recurso, pero justificó la actuación municipal en términos económicos y de riesgo patrimonial: «la maquinaria administrativa es lenta y ha habido retrasos en informes sectoriales que impidieron la conclusión del PEID», afirmó, subrayando que, si la demolición se ejecutara, el Concello no estaría en situación de responder a una reclamación patrimonial. «El derribo del Talaso supondría una ruina para el Concello de Oia», añadió en referencia al impacto financiero que tendría para las arcas locales.

«La maquinaria administrativa es lenta y ha habido retrasos en informes sectoriales que impidieron la conclusión del PEID», dijo la alcaldesa.

Por su parte, la propiedad del hotel, que se define como pionera en talasoterapia en las Rías Baixas, ha optado por el silencio institucional ante la resolución judicial. Fuentes municipales consultadas por este periódico insisten en que la prioridad ahora mismo es tramitar el recurso dentro de los márgenes legales y, en paralelo, explorar medidas cautelares que permitan suspender cualquier ejecución mientras se resuelven los procesos administrativos pendientes.

Un conflicto con raíces en los años 2000

El edificio, erigido a principios de los años 2000 con licencia del propio Concello de Oia, lleva más de una década atravesado por sentencias adversas. Fue ya en 2009 cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló las licencias de obra y de actividad, lo que abrió un largo contencioso que culminó —con diferentes trámites y recursos— en una orden firme de derribo en 2013. Las resoluciones judiciales han venido sosteniendo la incompatibilidad de la edificación con el régimen jurídico de protección del litoral en el que se ubica, un tramo de costa sensible desde el punto de vista paisajístico y ambiental.

El PEID se planteó como la última carta del Concello para intentar encajar el complejo en la normativa urbanística, mediante un instrumento que permite regular usos concretos cuando el planeamiento general no resulta suficiente. Sin embargo, la aprobación de ese plan exige informes sectoriales —entre ellos una evaluación ambiental y la conformidad de Costas— que, según fuentes municipales, no llegaron en tiempo y forma, lo que ha sido citado por el juzgado para no admitir la tramitación como cauce exculpatorio y ordenar el derribo.

No es la primera vez que la costa gallega presencia choques similares entre desarrollo turístico y protección del litoral. La tensión entre la necesidad de generar actividad económica en comarcas con escasas alternativas y la obligación de respetar la normativa de conservación ha marcado debates políticos y administrativos en años recientes. En Oia, donde el turismo de salud y la talasoterapia suponían una oferta singular entre Baiona y A Guarda, esa contradicción adquiere un componente humano: empleos en juego y familias pendientes de una resolución que podría cambiar su vida.

Empleo, paisaje y la cuenta pendiente del Concello

Más allá del aspecto legal, lo que está en juego es una balanza complicada: por un lado, el valor paisajístico de un tramo costero protegido; por otro, la economía local asociada al hotel, que dispone de piscina dinámica de agua de mar climatizada, setenta habitaciones con vistas al océano y servicios que atraen a visitantes de las Rías Baixas. Además de los 70 trabajadores, el Talaso funciona como punto de encuentro para congresos y convenciones y como prescriptor de productos marineros en su restaurante, elementos que refuerzan su impacto en el tejido local.

El escenario al que se enfrenta el Concello es también financiero. Si el Ayuntamiento fuese obligado a asumir la demolición —directa o por delegación—, se abriría la puerta a reclamaciones patrimoniales por parte de la propiedad. Correa ha aludido precisamente a ese riesgo: el Consistorio no podría afrontar demandas millonarias si se ejecutara el derribo sin que previamente se hubieran explorado todas las vías administrativas para evitar la demolición.

En los próximos días, la actuación del Concello pasará por dos frentes: presentar el recurso de reposición en el plazo establecido y, simultáneamente, solicitar a las autoridades competentes los informes que faltan para completar el PEID, con especial atención a la Demarcación de Costas y a las evaluaciones ambientales. También será clave la actitud del Juzgado, que puede valorar medidas cautelares para suspender la ejecución mientras se resuelven las impugnaciones, si es que el Concello solicita esa suspensión.

La gestión de este expediente ofrecerá, además, una radiografía de la coordinación interadministrativa en asuntos donde confluyen planeamiento local, normativa autonómica y competencias estatales sobre el litoral. En territorios como el sur de Pontevedra, con fortaleza turística y frágil sensibilidad costera, las demoras en informes técnicos han sido motivo recurrente de controversia, y Oia no es una excepción.

Mientras la maquinaria jurídica comienza a rodar, vecinos, trabajadores y empresarios observan con atención. La resolución marcará no solo el destino del Talaso Atlántico sino el de una forma de entender el litoral: si será posible compatibilizar actividad económica y protección del paisaje o si primará, de una vez por todas, la ejecución de sentencias que hace años señalaron la ilegalidad de la obra. A falta de una decisión firme, el reloj sigue corriendo y el Concello, con sus recursos limitados, preparará una batalla legal cuya resolución puede tardar meses o desembocar en soluciones pactadas que, hasta el momento, siguen siendo inciertas.