Un auto judicial que ordena el derribo del complejo de talasoterapia situado en Oia ha reabierto una vieja herida para el municipio: más de 20 años de pleitos, licencias anuladas por edificar en suelo rústico y la amenaza real de que las arcas locales se quiebren. La situación, que afecta a un bien inseparable del paisaje turístico de la Ría de Vigo, pone en el centro del debate la responsabilidad administrativa, el destino de ayudas públicas y los empleos vinculados al sector.

El fallo y las consecuencias inmediatas

Según el último movimiento judicial, se ha activado la ejecución de una sentencia que obliga a la demolición del complejo conocido como Talaso, levantado en suelo considerado rústico y por lo tanto sin la cobertura urbanística que permitiría su legalización. Las licencias municipales con las que llegó a funcionar fueron anuladas en procesos posteriores, y ahora el Ayuntamiento afronta las consecuencias prácticas de aquella concesión administrativa.

Desde el Concello de Oia —cuyo nombre figura como responsable en los expedientes de concesión— se ha lanzado una advertencia pública sobre el impacto económico que supondrá la ejecución: no solo los costes directos asociados al derribo, sino la potencial devolución de subvenciones y el mayor problema, la paralización de una actividad que desde hace años generaba empleo y movimiento en una comarca con fuerte dependencia del turismo y los servicios.

En 1999 el proyecto recibió ayudas públicas por un importe que asciende a 3,9 millones de euros, una cifra que desde entonces ha alimentado controversias sobre la idoneidad y el control de esos fondos. A falta de confirmación oficial sobre si hay reclamaciones actuales sobre ese montante, fuentes municipales reconocen que su ejecución podría implicar reclamaciones administrativas o judiciales contra el propio Concello si se entiende que la concesión fue irregular.

«La alcaldesa advierte de la bancarrota y de la pérdida de empleos en la zona»

Un pleito largo: antecedentes y daños colaterales

El caso lleva más de dos décadas en los tribunales, una trama que combina urbanismo, turismo, ayudas públicas y la fragilidad de la normativa sobre suelo rústico en municipios costeros. No es la primera vez que en Galicia proyectos hoteleros y turísticos levantan litigios por haberse asentar en suelo no urbanizable; Oia se ha convertido en uno de los ejemplos más prolongados y mediáticos de esa problemática.

El emplazamiento del complejo, muy cerca del Monasterio de Santa María de Oia y de zonas de alto valor paisajístico, amplificó las críticas ciudadanas y de asociaciones conservacionistas. Para un concello que ha apostado en los últimos años por un turismo más sostenible y por la protección de su patrimonio, el fallo judicial supone un revés en términos de planificación y de reputación. Cabe recordar que Oia, en la comarca del Baixo Miño y con la costa mirando a la ría de Vigo, bascula su economía en buena medida entre la pesca, la hostelería y los servicios vinculados al turismo.

Los litigios también han dejado un rastro administrativo: expedientes paralizados, inversiones privadas en el limbo y, en el extremo, la sensación de que la gestión urbanística de finales de los noventa y principios de los 2000 sigue pasando factura. Para los vecinos de parroquias como Oia y Oitavén, la situación es ambivalente: existen sensibilidades que defienden la recuperación del paisaje y otras que temen el cierre de empleos locales.

Repercusiones económicas y opciones legales

En el plano económico, la alcaldesa y el equipo de gobierno alertan de que el derribo podría llevar al Concello a una situación financiera insostenible. A falta de cifras oficiales sobre el coste exacto de la ejecución, la hipótesis que circula es la de obligaciones extraordinarias —desde la financiación del procedimiento hasta posibles indemnizaciones— que mermarían partidas destinadas a servicios básicos.

Legalmente, aún quedan vías: recursos, solicitudes de ejecución que puedan demorarse o acuerdos con la propiedad para minimizar daños. Sin embargo, la jurisprudencia sobre obras en suelo rústico es clara en muchos fallos recientes, y la capacidad de maniobra del Ayuntamiento depende ahora de los recursos económicos y de la negociación con la promotora. Tampoco se puede descartar la intervención de la Xunta de Galicia si se considera que hay riesgo para el empleo o para el orden público económico local, aunque esa opción tampoco garantiza soluciones mágicas.

Para los trabajadores del complejo y las empresas proveedoras la inquietud es patente. En un municipio donde las temporadas altas son determinantes, la pérdida de plazas turísticas o servicios asociados significa no solo salarios directos sino encadenamientos en la cadena local de consumo. La alcaldía ha ofrecido abrir canales de diálogo con los afectados, pero los plazos judiciales y las obligaciones administrativas complican una respuesta rápida.

Más allá del derribo, la decisión judicial obligará a una reflexión más amplia sobre la política de concesiones en ayuntamientos pequeños. ¿Cómo se evita repetir errores administrativos? ¿Qué controles deben exigirse antes de aprobar proyectos con impacto paisajístico y que, además, acceden a fondos públicos? Son preguntas que, en Galicia, han sido urgentes desde los procesos de boom turístico y residencial de finales del siglo XX.

El futuro inmediato pasará por conocer el calendario de ejecución de la demolición, las demandas que, en su caso, presenten las partes y la capacidad del Concello para asumir costes extraordinarios. A medio plazo, la lección para Oia y para otras localidades costeras será política: reforzar controles, clarificar competencias y, como mínimo, proteger el patrimonio natural y cultural que atrae visitantes y vertebra la oferta turística.

Mientras tanto, en las terrazas del puerto y en las parroquias cercanas se comenta la vieja historia de un proyecto que empezó con promesas de modernidad y terminó en un expediente que ahora amenaza con desbordar la cuenta corriente municipal. Para un municipio con la historia y los recursos limitados de Oia, la resolución de este conflicto marcará la próxima década: no solo por lo que se derribe, sino por lo que se construya después, si es que la comarca quiere mantener su pulso económico sin renunciar a su paisaje.