Cristina Correa, alcaldesa de Oia, convocó a su equipo jurídico este lunes con un objetivo claro: estudiar un recurso de reposición que impida ejecutar la orden de demolición del Talaso Atlántico. La diligencia parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra y exige al Concello que ordene de forma inmediata a la empresa propietaria, Balneario del Atlántico, proceder al derribo. El reloj corre: el Ayuntamiento dispone de apenas unos días para presentar una impugnación que frene la ejecución.

La respuesta municipal y los recursos sobre la mesa

En la reunión, según fuentes municipales, se analizaron las vías administrativas y contencioso-administrativas disponibles. La primera línea de defensa que maneja el Concello es presentar un recurso de reposición contra la diligencia judicial, una figura procesal que suspende temporalmente la ejecución mientras se valora la petición. Otra posibilidad que han abierto los técnicos del Concello es solicitar la ampliación de los plazos vinculados al Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones (PEID), el instrumento urbanístico que el gobierno local defendía como solución para dar encaje legal al complejo.

La regidora, visiblemente preocupada por el impacto económico y patrimonial de una demolición, recordó que la administración municipal podría enfrentarse a reclamaciones en caso de que el derribo llegue a ejecutarse y subrayó la lentitud de los procesos administrativos.

«La maquinaria administrativa es lenta y ha habido retrasos en informes sectoriales que impidieron la conclusión del PEID», aseguró, antes de reconocer que la demolición supondría una «ruina» para las arcas municipales.

Esa referencia al coste potencial responde a una realidad: si el propietario reclamase daños y perjuicios por la pérdida del activo, el Concello tendría que asumir una factura de difícil cálculo para un municipio pequeño.

En el ámbito técnico, la aprobación del PEID necesita informes sectoriales —entre ellos una evaluación ambiental favorable— y la conformidad de organismos como Costas. Los plazos no sólo dependen del Concello: informes externos demorados y requerimientos de compatibilidad con normativas superiores han sido, según el gobierno municipal, la principal causa del aplazamiento. El juez, no obstante, ha considerado que la vía para legalizar el Talaso se agotó y ha dictado la orden de derribo.

Un edificio con pasado judicial y 70 empleos en juego

El hotel, erigido a comienzos de la primera década de los 2000 con licencia municipal, arrastra un pleito de largo recorrido. En 2009 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló las licencias de construcción y de actividad, y la orden de demolición se convirtió en firme en 2013. No es, por tanto, una polémica nueva: el conflicto entre la instalación y la protección del litoral gallego viene de lejos y ha sido motivo de litigios continuados.

Más allá del expediente jurídico, lo que está en cuestión es un proyecto que combina turismo, salud y empleo. El Talaso es conocido en las Rías Baixas por su oferta de talasoterapia: piscinas dinámicas de agua de mar climatizada, circuitos con chorros y camas de burbujas, además de tratamientos con algas y masajes especializados. Dispone de setenta habitaciones y un restaurante que apuesta por productos del litoral; por su localización, a medio camino entre Baiona y A Guarda, muchas estancias miran al océano.

En la plantilla trabajan alrededor de 70 personas, una cifra significativa si se tiene en cuenta la dimensión demográfica y económica de Oia. Para el municipio, el Talaso no es solo un activo arquitectónico; es una de las principales fuentes de empleo y de actividad turística en temporada baja y alta. Ayer, a pesar de la convulsión jurídica, la actividad se mantuvo con normalidad y la dirección del establecimiento guardó silencio ante las resoluciones judiciales, una actitud reiterada en episodios anteriores.

Escenarios, plazo y repercusiones futuras

El calendario inmediato marca la pauta: la instrucción judicial fija un plazo de diez días para que el Concello exija al propietario el derribo, aunque la presentación de un recurso de reposición podría paralizar provisionalmente ese mandato. Si el Ayuntamiento no logra una suspensión cautelar, las alternativas pasan por tramitar el PEID con todas las garantías exigidas o negociar con Costas y otros entes para explorar salidas menos traumáticas que el derribo.

Más allá de la pura legalidad, el caso abre debates políticos y sociales habituales en la gestión del litoral gallego: la tensión entre protección ambiental y actividad económica, la responsabilidad municipal en la concesión de licencias décadas atrás y la necesidad de instrumentos de ordenación que resuelvan usos consolidados sin vulnerar el régimen de espacios protegidos. No es la primera vez que municipios costeros se enfrentan a sentencias que obligan a deshacer obras ya integradas en el paisaje; la singularidad aquí radica en la dimensión del activo y su vinculación al empleo local.

Si la demolición se ejecutase, la provincia perdería un equipamiento singular en las Rías Baixas y el golpe sería doble para Oia: la desaparición de puestos de trabajo y la posible carga económica por reclamaciones. Si el recurso prospera o si se concede una prórroga para culminar el PEID, el proceso podría alargarse meses —o años— y dejar en el aire la incertidumbre sobre futuro inmediato del hotel y de sus trabajadores.

La pelota, por ahora, está en los despachos jurídicos del Concello y en los tribunales. Mientras tanto, la vida cotidiana alrededor del Talaso continúa: clientes que llegan para tratamientos, la cocina que sigue elaborando productos del litoral y empleados que hoy aguardan noticias con el miedo a lo imprevisible. Para Oia, una localidad que ha cimentado parte de su economía en el turismo y el paisaje, la resolución tendrá efectos duraderos. El próximo movimiento marcial, administrativo o judicial definirá si el edificio sobrevive como recurso turístico adaptado a la normativa o si se desmantela, dejando una estela de preguntas sobre la gestión urbanística de las últimas décadas.