El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitó este viernes fijar una fecha para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado y situó como prioridad la aprobación por decreto de las medidas destinadas a atenuar el impacto económico de la guerra entre Israel e Irán y la subsecuente tensión con Estados Unidos. El anuncio, en un acto oficial, dejó en el aire el calendario que el Ejecutivo había venido defendiendo hasta hace poco y abre un nuevo capítulo en la prolongada ausencia de unas cuentas aprobadas por las Cortes desde 2022.
Desaceleración formal: decretos urgentes antes que proyecto de ley
Con la retórica oficial centrada en la «dimensión» y la «envergadura» de la crisis internacional, Sánchez subrayó que el Gobierno «cumplirá con su obligación» de presentar los Presupuestos, pero que ahora toca priorizar los reales decretos-leyes que recogen las medidas económicas. En su intervención llegó a decir:
«Creo que la dimensión, la envergadura de esta crisis… son gravísimas».
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La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, situó el posible retraso en «unas semanas», una apreciación que, de confirmarse, dejaría la presentación fuera del plazo que ella misma había barajado para este mes. Expertos del Gobierno sostienen que la elaboración técnica de las cuentas está en marcha —el Ejecutivo ya llevó al Congreso la senda de déficit en diciembre— pero que la volatilidad internacional obliga a retocar hipótesis macro que se consideraban cerradas.
En el terreno práctico, las consecuencias se dejan sentir ya en las economías locales. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, en Galicia el precio del diésel subió cerca de 50 céntimos por litro desde el comienzo del conflicto el 28 de febrero, mientras que la gasolina 95 aumentó casi 30 céntimos. Sectores estratégicos en la comunidad, desde el transporte por carretera hasta la flota pesquera con base en Vigo o A Coruña, están contabilizando un sobrecoste que encarece la cadena de suministros y la actividad diaria.
Antecedentes: tres años sin Presupuestos y una reclamación constitucional
España encadena ya tres ejercicios sin aprobar unos Presupuestos en sentido estricto; las últimas cuentas vigentes fueron las aprobadas en noviembre de 2022 para el ejercicio siguiente. En diciembre, el Ejecutivo remitió por segunda vez la senda de déficit al Congreso, algo que formalmente le habilita para configurar las cuentas, aunque no elimina el obstáculo político: la propuesta fue rechazada por PP, Vox, UPN y Junts.
La situación tiene además un frente judicial. El Senado, en manos de la oposición, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional solicitando la nulidad de las prórrogas presupuestarias y la imposición de una fecha límite para la presentación del proyecto. El asunto ganó impulso cuando la Sala admitió el recurso a trámite, lo que añade presión al calendario del Gobierno y coloca la cuestión en un terreno de mayor riesgo institucional. María Jesús Montero mantiene que las prórrogas son plenamente constitucionales.
La matemática internacional tampoco ayuda: cuando el Ejecutivo cerró el último cuadro macroeconómico trabajaba con una previsión del crudo Brent en torno a 68 dólares por barril; esa cifra se ha desviado en unas semanas en torno a 40 dólares más, con la consiguiente revisión al alza de costes energéticos y expectativas de inflación. El propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló que la situación actual «está lejos» de la que se vivió durante la guerra de Ucrania, lo que justifica, en su opinión, cautela a la hora de cerrar cifras definitivas.
Implicaciones políticas y calendario electoral
El tablero partidista añade otra variable difícil de soslayar. Las «semanas» de Montero sitúan cualquier anuncio posible en abril, aunque hay voces dentro y fuera del PSOE que advierten que la dilación podría llegar a octubre, mes en el que, según interpretaciones del Ejecutivo, concluye el plazo fijado por la Constitución y que el Tribunal Constitucional tendrá que ponderar si acepta la interpretación del Gobierno. La cuestión se vuelve particularmente sensible para María Jesús Montero porque, además de su cartera en Madrid, asume la dirección del PSOE andaluz y concurrirá a las autonómicas que, según la previsión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, podrían celebrarse en junio.
Los plazos electorales complican la estrategia: la normativa exige un anuncio oficial de la convocatoria con 54 días de antelación, lo que dejaría a Montero con poco margen para firmar y defender un proyecto de Presupuestos mientras ejerce como candidata. En la práctica, la intersección entre agenda nacional y autonómica puede obligar al PSOE a decisiones tácticas que condicionen la fecha y el alcance de las cuentas.
Para la oposición, la falta de Presupuestos se ha convertido en un arma política recurrente. El PP insiste en la necesidad de concreción y acusa al Gobierno de eludir responsabilidad ante la incertidumbre económica; Vox y otras formaciones también han criticado la prolongación de las prórrogas. En la calle, comerciantes y transportistas reclaman medidas inmediatas para paliar la escalada de precios en carburantes y suministros.
En el plano europeo, llama la atención que países en situaciones limítrofes, como Ucrania, continúen aprobando sus cuentas con cierta regularidad. Esa comparación sirve a la oposición para apuntalar un argumento recurrente: que la ausencia de Presupuestos no es una consecuencia inevitable de la coyuntura internacional sino, en parte, una decisión política.
Mirando hacia adelante, el Gobierno tiene varias vías: acelerar la presentación del proyecto de ley con cifras provisionales y enmendar posteriormente si la situación económica lo exige; estirar los reales decretos como parche temporal; o forzar un calendario que choque con la carrera electoral de dirigentes relevantes. Cada opción conlleva costes políticos y técnicos.
La disputa no es sólo de fechas. Se trata de credibilidad fiscal en un momento en que la volatilidad del mercado energético, el encarecimiento de materias primas y las incertidumbres geopolíticas exigen respuestas con capacidad de sostenerse en el tiempo. En Galicia, como en el resto de España, la cuenta atrás es también económica: los importes por la subida del combustible ya se traducen en facturas más altas para autónomos, empresas de transporte y familias. A falta de una fecha cerrada, el reloj seguirá corriendo y los sectores más expuestos seguirán contabilizando el coste de la espera.
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