La autopista soterrada entre Vigo y O Porriño reanuda su tramitación ambiental pero por la vía más lenta

La maquinaria burocrática se ha puesto de nuevo en marcha en una de las demandas de infraestructuras más persistentes del área metropolitana de Vigo. El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto el trámite de evaluación ambiental para el nuevo trazado de la A-52 entre Vigo y O Porriño, un proyecto de diez kilómetros —con aproximadamente 4 km en túnel— y un presupuesto previsto de 390 millones de euros. No obstante, la decisión de optar por el procedimiento ordinario en lugar del simplificado ralentiza el calendario que muchos esperaban.

Cómo arranca el expediente y por qué irá más despacio

El expediente número 20260044 ya figura en el portal de información pública del ministerio y marca el inicio oficial de una fase que debía clarificar las alegaciones presentadas tras la primera versión del proyecto, dada a conocer en diciembre de 2024. El Ejecutivo, bajo la titularidad de Sara Aagesen, ha preferido la vía ordinaria para la Evaluación de Impacto Ambiental, una decisión que, según técnicos consultados, busca blindar el procedimiento frente a posibles recursos judiciales o administrativos.

La diferencia temporal entre la tramitación simplificada y la ordinaria no es trivial: fuentes conocedoras de este tipo de procesos estiman que la salvedad puede añadir entre seis y doce meses al calendario. En palabras que se han trasladado a este periódico:

«Viendo eso, en condiciones normales y sin retrasos por esperar un informe, en unos 7 meses deberíamos saber algo».

Si se cumplen esos plazos, a finales de 2026 deberán conocerse las respuestas a las alegaciones presentadas.

La elección del procedimiento no es inocua. La normativa contempla el uso de la vía rápida para ampliaciones o transformaciones de carreteras convencionales, pero la ambigüedad de algunos puntos del artículo 21/2013 ha llevado a que el Gobierno prefiera la opción más prudente. En la práctica, la medida pretende evitar que una Declaración de Impacto Ambiental sea luego cuestionada y deba reformularse, una experiencia ya vivida en otros sectores como el de las renovables, donde reordenaciones de proyectos han obligado a retrocesos administrativos.

El proyecto: cifras, trazado y rechazo vecinal

El trazado de la A-52 proyectado tiene como objetivo sustituir el actual recorrido de la A-55 por Bembrive y ofrecer una alternativa al tramo de Mos, famoso por sus curvas de Tameiga. El soterramiento más largo —la opción elegida por el Ministerio de Transportes cuando presentó el nuevo diseño— se presenta como la solución que, en teoría, mejoraría la seguridad viaria y la fluidez de acceso a Vigo desde el sur.

No obstante, la iniciativa ha tropezado con oposición vecinal relevante desde sus primeras fases. El proyecto presentado en 2024 recibió numerosas alegaciones por motivos que van desde el impacto paisajístico y la afección a patrimonios locales hasta dudas sobre la gestión de aguas subterráneas y la movilidad local en los núcleos afectados. La tensión entre el interés general de mejorar una vía con alta siniestralidad y las preocupaciones de los residentes sigue siendo el principal escollo de la tramitación.

La explicación del Ministerio para priorizar el soterramiento largo fue tajante: la carretera actual es «inaceptable» y «no competitiva», según el propio transporte. Un argumento que conecta con los datos de seguridad vial de la zona. El pasado año la A-55 registró 283 accidentes con daños personales o materiales, lo que equivale a, aproximadamente, un siniestro cada 30 horas. Aunque esa cifra es algo inferior a la de años anteriores —323 y 297— la mortalidad se mantuvo en 5 fallecidos, un recordatorio duro de la urgencia con la que algunos actores reclaman la solución.

Antecedentes y escenario político-local

No es la primera vez que el debate sobre este corredor reaparece en la agenda pública. Durante más de tres décadas las autoridades locales y regionales han reclamado actuaciones que mejoren la conexión sur con Vigo, un área que ha crecido en población y en demanda de movilidad desde la periferia de O Porriño hasta barrios como Bembrive. La presión social se entremezcla con la complejidad técnica: al soterrar kilómetros de autovía aparecen retos hidráulicos, de ventilación, gestión de escombros y de integración urbana que deben resolverse en las memorias ambientales.

En el plano institucional, el proyecto navega entre la competencia estatal sobre infraestructuras y la sensibilidad municipal. Los alcaldes de la comarca han reiterado su interés por soluciones que reduzcan accidentabilidad y atascos; por su parte, colectivos vecinales y asociaciones ecologistas exigen garantías claras sobre mitigación de impactos. Esa tensión obliga a los trámites a no dejar flancos legales abiertos, explicación probable del paso a la evaluación ordinaria.

Repercusiones y próximos pasos

Si se siguen los plazos previstos sin sobresaltos, la tramitación ambiental permitirá conocer antes de 2027 las modificaciones exigidas al proyecto inicial y qué medidas de mitigación se impondrán. Más allá de la evaluación, quedará por resolver la financiación definitiva, el concurso de obras y la coordinación con las actuaciones municipales y autonómicas en accesos y saneamiento.

El horizonte oficial apunta a que la A-52 soterrada pueda servir como alternativa a la A-55 en 2030, una meta ambiciosa que depende ahora de la agilidad en los trámites y de la ausencia de impugnaciones. A la espera quedan además decisiones técnicas que afectarán directamente al vecindario: puntos de entrada y salida, sistemas de ventilación y seguridad del túnel, y soluciones para minimizar ruidos y contaminación durante la construcción.

Más allá de plazos y cifras, la aprobación definitiva tendrá efectos concretos: una reducción esperable de la siniestralidad en el corredor de Mos y, previsiblemente, una reorganización del tráfico metropolitano que afectará a polígonos industriales, rutas de transporte pesado y desplazamientos diarios de miles de usuarios. La pregunta que queda en el aire es si la prudencia administrativa elegida ahora logrará también allanar el terreno político y social para que la obra, cuando llegue, no repita viejas disputas sino que aporte la solución que la comarca lleva años reclamando.

Mientras tanto, la tramitación ordinaria abre un nuevo capítulo con ritmo más lento, pero con la intención explícita de evitar pasos en falso. Los próximos meses serán decisivos para ver si ese cuidado hipotecará la ambición temporal del proyecto o, por el contrario, permitirá construir sobre bases más firmes y menos litigiosas.