El grito de una madre impulsa al Congreso a bajar los umbrales penales por exceso de velocidad

Pilar Rosanes, madre de Josep, un joven gallego fallecido en 2020, y su marido, Chus, estarán este martes en el hemiciclo del Congreso para escuchar cómo una demanda personal se convierte en una propuesta legislativa: rebajar los límites que determinan cuándo el exceso de velocidad deja de ser una sanción administrativa y pasa a ser delito. Lo que empezó como un duelo privado en la AC-442 de Dumbría ha terminado por torear a los partidos y colocar la seguridad vial en primera línea del debate parlamentario.

Debate legislativo y presencia emocional

La iniciativa, impulsada por el grupo mayoritario, propone reducir de 80 a 70 km/h el umbral penal en vías interurbanas y de 60 a 50 km/h en entorno urbano. Con esos cambios, circular a 190 km/h por una autovía o superar los 80 km/h en el centro de A Coruña podría dejar de ser mera estadística para convertirse en delito con consecuencias penales reales. Para la familia Rosanes es un avance tangible, aunque subordinan cualquier victoria a la memoria de Josep y la posibilidad de evitar que otros sufran lo mismo.

La presencia de Pilar y Chus en la Comisión de Seguridad Vial no es anecdótica: llevan años visibilizando una sensación extendida en Galicia, donde carreteras secundarias cortadas por curvas, como la AC-442, multiplican la vulnerabilidad de motoristas. La foto de un joven tendido junto a su moto tras ser arrollado por un vehículo que invadió su carril —el conductor iba a más de 126 km/h en una curva limitada a 70— ha sido recordada en decenas de comparecencias y escritos.

Al llegar a la Cámara, Pilar resumió lo que mueve su protesta con una frase que ya ha resonado en pasillos y mesas de negociación:

«No es rabia, es justicia»

La reclamación tiene una doble dimensión: burocrática y emocional. En lo práctico, busca que los fiscales y los jueces cuenten con parámetros más exigentes para calificar una conducta como delito. En lo simbólico, reclama que la respuesta del Estado deje de parecer insuficiente para las familias que pierden a un ser querido en una curva o en una carretera comarcal.

Antecedentes y el vacío legal que denuncian las víctimas

La sentencia contra el conductor que arrolló a Josep fue una de las chispas que encendieron este movimiento. Condenado a 2 años de prisión, no llegó a ingresar en la cárcel porque carecía de antecedentes penales; un resultado que, para Pilar, es la demostración práctica de que el actual Código Penal ofrece «cárcel o nada» y que en la mesa de los jueces faltan opciones intermedias. «No reclamamos venganza», ha dicho, «pero sí que la ley deje de ser un refugio para quienes usan un coche como un arma».

Ninguna comunidad en España es inmunede frente a este problema, pero Galicia tiene perfiles de riesgo reconocibles: mayor extensión de carreteras secundarias, relieve abrupto y un tejido de pueblos que obliga a mezclas de tráfico que multiplican siniestralidad. Cabe recordar que la AP-9, arteria que atraviesa la comunidad, es un escenario donde las tandas de velocidad elevada son frecuentes, y que accidentes con motoristas jóvenes suelen concentrarse en tramos con curvas cerradas o señales de adelantamiento. Por eso la propuesta parlamentaria genera expectativas concretas en nuestra comunidad.

Además, la familia Rosanes y otros colectivos de víctimas han señalado la diferencia con modelos europeos donde la gradación de sanciones permite castigos económicos o medidas alternativas que, sin llegar a la prisión, resultan disuasorias. Francia e Italia, por ejemplo, contemplan escalas de sanciones económicas mayores y fórmulas que combinan multas y pérdida de puntos con penas privativas de libertad más moduladas, algo que en España algunos ven como un vacío legislativo aprovechado por abogados defensores y, ocasionalmente, por decisiones judiciales que sorprenden a las víctimas.

Repercusiones políticas y pasos siguientes

En el Congreso la tramitación arrancará hoy en la Comisión y, a partir de ahí, pasará por enmiendas y votaciones. La negociación será técnica y política: no solo está en juego la letra del umbral, sino la interpretación práctica que fiscalías y tribunales darán a los nuevos preceptos. Fuentes parlamentarias explican que, si bien el cambio propuesto por el grupo impulsor cuenta con apoyos suficientes para salir adelante, el matiz reside en dos cuestiones puntuales: la doctrina que se fije sobre la apreciación del «carácter doloso o gravemente imprudente» y las sanciones accesorias que acompañen a la pena principal.

Por otra parte, la movilización de las víctimas ha introducido una variable humana difícil de ignorar. No es la primera vez que familias y asociaciones consiguen mover la agenda penal en España; sin embargo, en Galicia la combinación entre la persistente memoria de accidentes locales y la sensación de que las penas no responden al daño causado ha convertido este debate en algo más que técnica jurídica: es una demanda de dignidad. Juristas consultados por este periódico sostienen que la reforma, si se aprueba, obligará a los jueces a repensar su praxis y podría aumentar la proporción de condenas efectivas en casos de gran exceso de velocidad.

Queda, en cualquier caso, mucha tela por cortar. El rechazo de parte de la derecha y de grupos que temen una criminalización excesiva de la conducción podría forzar una redacción más laxa. Tampoco está resuelto el debate sobre medidas complementarias: mejorar señalización, revisar tramos peligrosos en Galicia —la rectificación de la AC-442 es un ejemplo recurrente en las reclamaciones locales— y potenciar campañas de prevención centradas en motoristas jóvenes.

Para Pilar y Chus, la reforma es un primer paso. «Con que solo una persona que conozca la historia de Josep se lo piense dos veces antes de arrancar el motor, habrá valido la pena», ha dicho la madre. Su caso recuerda que detrás de los números hay nombres y pequeñas porciones de paisaje —una curva en Dumbría, un pueblo junto a la ría— donde las decisiones políticas se traducen en vidas. A la salida del Congreso, muchos mirarán la letra de la ley; otros, las carreteras. Ambos miran, al fin y al cabo, por lo mismo: que no haya más Josep.