El túnel de la A-52 entre Vigo y O Porriño arranca la evaluación ambiental por la vía ordinaria y anuncia más espera

Vigo vuelve a poner en marcha la maquinaria administrativa para una infraestructura reclamada durante décadas, pero lo hace con prudencia forzada. El proyecto de la nueva autovía A-52, que plantea un trazado de 10 kilómetros —con aproximadamente 4 kilómetros en túnel— entre la ciudad y O Porriño, ha iniciado su Evaluación de Impacto Ambiental por el procedimiento ordinario. El expediente, identificado como 20260044, ya figura en el portal del Ministerio y trae consigo una previsión de coste de 390 millones de euros y una ambición de servicio para 2030, aunque el calendario se ha vuelto menos optimista.

La elección del procedimiento y sus consecuencias

El Ministerio para la Transición Ecológica, bajo la dirección de Sara Aagesen, ha optado por no aplicar la tramitación «simplificada» que permitiría acelerar plazos. Lo hace, según fuentes consultadas, para evitar que una decisión rápida quede paralizada por recursos judiciales o alegaciones técnicas que obliguen a reformular la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La Ley 21/2013 contempla la vía rápida para determinadas transformaciones de carreteras, pero el Gobierno ha preferido la seguridad jurídica frente a la velocidad administrativa.

En la práctica, la diferencia entre uno y otro procedimiento puede suponer un retraso de entre seis y doce meses. Expertos en tramitación ambiental consultados por este diario estiman que, sin imprevistos, en unos siete meses sería posible conocer las primeras resoluciones relativas a las alegaciones presentadas al proyecto inicialmente presentado en diciembre de 2024.

«Viendo eso, en condiciones normales y sin retrasos por esperar un informe, en unos 7 meses deberíamos saber algo»

El expediente ya es público en la Sede Electrónica del Ministerio, junto a otros grandes proyectos como líneas de alta velocidad o instalaciones eólicas. La apertura de la fase ordinaria implica la exposición al escrutinio de administraciones, colectivos vecinales y organizaciones ecologistas, y deja margen para que se planteen objeciones que deben ser atendidas antes de emitir la resolución ambiental definitiva.

Un proyecto largamente demandado y la siniestralidad que lo empuja

No es la primera vez que el debate sobre soterrar el tramo que hoy forma parte de la A-55 —y que incluye las famosas curvas de Tameiga— ocupa la agenda local. Las últimas décadas han visto reclamaciones reiteradas, promesas y proyectos alternativos. El Ministerio, al presentar en 2024 el trazado elegido —con el soterramiento más largo de las opciones— calificó la carretera actual de “no competitiva” y “inaceptable” para la movilidad que exige el área metropolitana de Vigo.

La presión por mejorar la seguridad no es puramente retórica. El pasado año se registraron 283 accidentes con daños personales o materiales en el corredor, lo que equivale, según los datos disponibles, a un siniestro cada 30 horas. A pesar de la presencia de radares y limitaciones de velocidad —en algunos tramos la velocidad está reducida a 60 km/h— la siniestralidad mantiene registros que empujan a muchas voces a reclamar soluciones de trazado y descongestión.

En la presentación del proyecto también afloraron protestas vecinales y reservas de colectivos locales sobre el impacto a barrios como Bembrive y otros núcleos periurbanos. Las alegaciones registradas tras el avance del proyecto en diciembre de 2024 abordan cuestiones habituales: afección a acuíferos, alteración del paisaje, ruido, y afección a usos agrícolas y áreas protegidas. No es casual que el Ministerio prefiera la vía ordinaria: da margen para negociar y matizar antes de cerrar un documento que soporte litigiosidad.

Lo que queda por delante: plazos, incertidumbres y riesgos

La tramitación abre ahora un calendario en el que se sucederán informes sectoriales, consultas a administraciones competentes y periodos de exposición pública para alegaciones. A finales de 2026 deberían conocerse las respuestas a las reclamaciones presentadas, según fuentes técnicas, aunque esa fecha depende de la celeridad con la que lleguen los informes requeridos —especialmente los relativos a geología, hidrogeología y biodiversidad— y de la capacidad del ministerio para resolver con rapidez.

Más allá de la evaluación ambiental, la obra presenta retos técnicos y económicos. Ejecutar un túnel de cuatro kilómetros en territorio periurbano no es una simple cuestión de perforación; implica estudiar el sustrato geológico, gestionar escombreras, proteger suministros y servicios, y coordinar desvíos de tráfico durante la ejecución. Todo ello con el telón de fondo de la inflación en costes de materiales y la demanda de contratistas especializados.

Igualmente, existen riesgos políticos. La Xunta, los ayuntamientos del área metropolitana y las plataformas vecinales van a jugar un papel decisivo en la percepción pública del proyecto. La memoria económica y los compromisos de financiación —los 390 millones presupuestados hoy podrían variar— serán un punto sensible en la discusión entre administraciones.

Por último, no hay que obviar la experiencia reciente en otros sectores: la reforma de proyectos renovables y la necesidad de rehacer declaraciones ambientales por alegaciones exitosas —casos como el de las baterías en Doñana han marcado precedente— ilustran que la vía ordinaria puede ser más larga, pero reduce la probabilidad de que el proyecto quede en suspenso por un recurso que obligue a iniciar de cero.

Si todo sigue el cauce previsto, la A-52 soterrada podría empezar a asomar en los presupuestos del próximo lustro y transformar la movilidad entre Vigo y O Porriño. No obstante, la historia local enseña que la construcción de grandes infraestructuras en Galicia depende tanto del consenso técnico como del social. La elección de la vía ordinaria no elimina los debates: los traslada al terreno de las negociaciones formales.

Al final, para los miles de conductores que usan a diario ese corredor, la pregunta no es solo cuándo empezará la obra, sino si el resultado equilibrará seguridad, coste ambiental y funcionalidad urbana. La respuesta tardará meses, si no años, pero ahora al menos hay un expediente público y un mapa de plazos. A falta de la primera excavadora, la política y la administración siguen jugando las cartas que definirán el futuro del trazado.