La polémica por la calidad de las comidas en las residencias gestionadas por el Consorcio Galego de Benestar vuelve a escena. El Gobierno gallego ha defendido este domingo que las encuestas realizadas entre los usuarios apuntan a una “satisfacción muy elevada”, mientras el PSdeG insiste en su petición de suspender el servicio de catering y contratar personal cualificado para elaborar menús “de calidad”. La confrontación política se despliega sobre cifras concretas: más de 2.500 usuarios en 70 centros y una empresa que también sirve más de 17.000 menús a la semana en 200 ayuntamientos con el programa Xantar na Casa.
Qué dicen las partes y cómo se ha explicado la Xunta
Fuentes del Ejecutivo regional han remitido los resultados de las encuestas internas entre los residentes como argumento central. Según la Consellería de Política Social, la valoración sobre la comida es alta y los menús están supervisados por nutricionistas, además de adaptarse a las dietas prescritas por los servicios médicos. Por eso, añaden, ciertas limitaciones en sabor o textura —menús sin sal o triturados para usuarios con disfagia— responden a criterios estrictamente sanitarios.
El PSdeG, en cambio, ha llevado al Parlamento relatos de usuarios y familias: aseguran que hay platos con mal olor, mal cocinados o con texturas que los residentes no pueden masticar. En su petición reclaman la suspensión del servicio de catering en las residencias del Consorcio y la incorporación de personal cualificado en cocina dentro de los propios centros. Esa queja social encaja con otras que, de forma más o menos virulenta, han surgido en distintas provincias en los últimos años sobre la externalización de servicios en atención a la dependencia.
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Conoce más →En su réplica, la Xunta ha querido enfatizar un argumento político: la misma empresa presta el servicio en escuelas infantiles municipales de localidades como Negreira o Brión, gobernadas por el PSOE, y en el programa de comidas a domicilio Xantar na Casa, que alcanza a 200 ayuntamientos y reparte más de 17.000 menús semanales. “¿Van a pedir también la suspensión en esos municipios?”, han llegado a preguntar desde la Consellería, en una respuesta que mezcla defensa técnica y contraataque político.
Contexto: alimentación, salud y externalización en la atención a mayores
Galicia es una de las comunidades más envejecidas de Europa y el debate sobre cómo garantizar calidad y dignidad en las residencias es estructural. No es la primera vez que la gestión de servicios auxiliares —limpieza, lavandería, catering— provoca tensiones entre administración, empresas adjudicatarias y familias. La discusión habitual gira en torno a dos ejes: la eficiencia económica y la adecuación sanitaria y humana del servicio.
Desde el punto de vista nutricional, adaptar menús a patologías frecuentes entre la población mayor, como disfagia o hipertensión, implica renunciar a ciertos matices de sabor y a texturas convencionales. Eso no implica necesariamente mala práctica; sin embargo, la percepción de quienes viven y visitan los centros es un termómetro que las administraciones no pueden desestimar. Según fuentes cercanas a familias de residentes, la discrepancia entre lo registrado en encuestas y la experiencia cotidiana —olores, temperatura del plato, consistencia— es la raíz del malestar.
La empresa adjudicataria defiende su trayectoria y las inspecciones sanitarias, pero la igualdad de tratamientos entre residencias y otros servicios (escuelas, comidas a domicilio) no siempre disipa la duda: la comida para niños y la destinada a personas mayores tienen exigencias distintas en términos de textura, frecuencia y perfil nutricional. A falta de confirmación oficial sobre auditorías independientes abiertas ahora, el cuadro queda sujeto a cortes de interpretación según el interlocutor político.
Repercusiones y próximos pasos: controles, auditorías y participación de familias
En las próximas semanas es previsible que el Parlamento gallego vuelva a cruzar preguntas sobre este asunto. El PSdeG puede pedir comisiones de investigación o solicitar inspecciones sanitarias extraordinarias; la Xunta, por su parte, ha remarcado la existencia de controles continuos y exhaustivos desde la planificación hasta el servicio en el centro. Si hay una vía práctica para despejar dudas, pasan por auditorías externas e imparciales y por mediciones objetivas: análisis microbiológicos, registros de temperatura, y paneles de evaluación organoléptica que incluyan a usuarios y familiares.
Otro elemento relevante será la comunicación con los consejos de participación de cada residencia. En muchos centros hay órganos consultivos donde se recogen quejas y sugerencias; reforzarlos y publicar sus actas podría atenuar la politización del tema y dar respuestas tangibles a problemas concretos. Las administraciones deben equilibrar la seguridad alimentaria y la personalización de la dieta con la necesidad de que los platos sean apetecibles y consumibles.
Por último, la tensión política no es baladí. En municipios pequeños como Negreira o Brión, la crítica a un servicio que usan también las escuelas puede inflamar debate local y obligar a reexaminar contratos y cláusulas de calidad. Tanto la Xunta como los ayuntamientos implicados tendrán que decidir si apuestan por reforzar auditorías, cambiar cláusulas de supervisión en los concursos públicos o impulsar la contratación de personal fijo de cocina en los centros con mayores incidencias.
La foto final, a medio plazo, dependerá de dos cosas: de que las administraciones muestren datos verificables y de que las familias sientan que su voz se atiende sin siglas de por medio. En una comunidad donde la atención a mayores es prioridad social y electoral, la solución técnica tendrá que acompañarse de una gestión transparente para recuperar la confianza de quienes perciben que, a veces, la comida en las residencias no es solo nutrición sino también rutina, compañía y dignidad.
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