Los archivos de voz recuperados del centro de control de la red eléctrica el día del gran apagón han vuelto a situar bajo fuego político a Beatriz Corredor, presidenta de Redeia. Las grabaciones, que recogen momentos de confusión y alarmas entre técnicos durante la mañana del 28 de abril de 2025, alimentan la tesis de la oposición de que la gestión de la compañía fue insuficiente y han llevado la crisis hasta la comisión de investigación del Senado.
Los hechos: audios, comparecencias y reproches
En la sesión de la comisión, la reproducción de pasajes de aquellas conversaciones se convirtió en el eje del debate. Los técnicos, ante la progresiva desconexión de circuitos y la pérdida de comunicaciones, se oyen sorprendidos e impotentes; en uno de los fragmentos más difundidos se escucha la exclamación cruda y directa que recorrió los pasillos:
«A tomar por culo, nos estamos desconectando»
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La frase ha servido de símbolo. No es solo la contundencia del lenguaje, sino la admisión implícita de que los mecanismos de supervisión y respuesta no funcionaron como estaba previsto. Corredor compareció para aclarar posibles contradicciones en su versión sobre la interrupción tanto del suministro eléctrico como de las comunicaciones, pero la reproducción de los audios ha reavivado las críticas y las preguntas sobre la cadena de mando en las primeras horas del incidente.
El Partido Popular fue tajante en su exigencia: «Ignoró las alertas, operó mal, ocultó información y se negó a asumir responsabilidades», afirmó un portavoz. Esa petición de dimisión se apoya en la percepción de que la explicación pública ofrecida hasta ahora no ha resuelto las dudas que plantean los registros de la propia central de control.
Informes oficiales y el vacío de culpables
Cabe recordar que ninguno de los tres informes oficiales elaborados hasta ahora —el del Gobierno, el de la CNMC y el del panel de expertos europeo— ha atribuido de forma concluyente la responsabilidad a una persona o entidad concreta. Esos documentos han aportado valutaciones técnicas y recomendaciones, pero han dejado sin aclarar quién tomó determinadas decisiones operativas en las horas críticas.
En esas circunstancias, los audios cobran una importancia singular: en ausencia de un responsable definido por los informes, las conversaciones internas permiten reconstruir qué se dijo, cómo se percibió la emergencia y qué protocolos fueron o no activados. Según fuentes cercanas a la comisión, los diputados buscan ahora cotejar los tiempos de las comunicaciones con las órdenes registradas en los sistemas de telecontrol para determinar si hubo retrasos evitables.
La cuestión técnica no es menor. Los centros de control operan con sistemas SCADA y líneas de telemando que deben garantizar supervisión constante. Cuando fallan las comunicaciones, los manuales de contingencia prevén pasarelas alternativas y procedimientos de aislamiento selectivo para evitar que un apagón parcial se convierta en una caída general. La comisión quiere saber si esos planes se aplicaron en la práctica o si hubo fallos humanos o de diseño.
Contexto gallego y las peculiaridades de una red interconectada
Galicia, con su geografía recortada y núcleos poblacionales dispersos, tiene intereses particulares en la robustez del suministro. No es la primera vez que la comunidad autonómica vive cortes que obligan a reconfigurar servicios esenciales; en los polígonos industriales del área de Vigo y en infraestructuras portuarias la fragilidad de los sistemas provoca efectos económicos y sociales sensibles.
La modernización de la red y los proyectos de interconexión han sido prioridades en los últimos años, pero también causa de debates sobre la inversión y el control de las infraestructuras críticas. El incidente ha reabierto la discusión sobre el equilibrio entre capacidad de gestión de los grandes operadores privados y la supervisión pública, así como la necesidad de auditorías independientes que verifiquen los procesos tras graves fallos.
En lo local, alcaldes y responsables de servicios esenciales han reclamado información más precisa sobre los protocolos activados el día del apagón. Los servicios de emergencias y transporte, que sufrieron paralizaciones y cortes en comunicaciones, exigen ahora planes de contingencia con rutas de restauración prioritarias para evitar que situaciones similares se vuelvan a repetir.
Repercusiones políticas, empresariales y pasos siguientes
La presión política ha cristalizado en requerimientos formales de documentación y en la demanda de comparecencias adicionales. Redeia afronta la obligación de entregar registros completos de operaciones, comunicaciones y decisiones adoptadas, y tendrá que someterse a preguntas detalladas sobre la secuencia temporal de los hechos. A falta de confirmación oficial sobre posibles responsabilidades penales, la compañía también podría enfrentarse a sanciones administrativas si se detectan incumplimientos regulatorios.
Además de la respuesta institucional, la reputación de la empresa está en juego. La credibilidad con clientes, autoridades y mercados depende ahora de la transparencia en la investigación y de la rapidez en la implantación de medidas correctoras. Fuentes del sector consultadas señalan que, desde el punto de vista técnico, es imprescindible una auditoría forense de los sistemas de telecontrol y un plan de inversiones orientado a redundancias reales, no solo a mejoras cosméticas.
Para Galicia, el debate trasciende a la dirigente señalada: plantea la necesidad de reforzar la resiliencia en territorios con orografía compleja, y de coordinar mejor los planes de respuesta entre empresas eléctricas, administraciones y servicios esenciales. La comisión del Senado continuará sus sesiones y la opinión pública seguirá atenta. La reproducción de un fragmento de audio no solo ha reavivado críticas; ha puesto en evidencia que las infraestructuras críticas exigen rendición de cuentas clara y medidas concretas que eviten que una frase furtiva en una sala de control se convierta en la marca de una crisis colectiva.
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