El Tribunal Supremo ha dicho basta. La sala competente rechazó este martes forzar las comparecencias ministeriales que el Grupo Popular reclamaba para esclarecer la gestión de la crisis de Ceuta, aquel episodio de mayo de 2021 que todavía colea en la política española. Una decisión que llega como agua de mayo al Gobierno y que deja tocada, al menos de momento, la ofensiva judicial del principal partido de la oposición. Ahora bien, en Galicia la lectura tiene matices propios.
Qué ha decidido el Supremo
El alto tribunal entiende que no concurren los requisitos para obligar a comparecer a los ministros señalados por el PP en su estrategia de control político. Lo cierto es que los populares llevaban meses intentando llevar al banquillo la respuesta del Ejecutivo a la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma, un asunto que el partido ha usado con profusión en su discurso de exigencia de responsabilidad. La resolución cierra, por ahora, esa vía.
Para el PP no es un golpe definitivo, pero sí un freno. La dirección nacional ya ha filtrado que explorará otras fórmulas parlamentarias, aunque con mayoría ajustada en el Congreso las opciones se reducen. De hecho, la estrategia de tensión con el Gobierno llevaba semanas alimentándose precisamente de ese terreno judicial que ahora se le cierra.
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Aquí viene lo nuestro. Feijóo construyó su hegemonía gallega a base de mayorías absolutas —cuatro consecutivas entre 2009 y 2021— y esa fortaleza fue el trampolín que lo llevó a la secretary general del partido en 2022. Hoy el PPdeG gobierna con Alfonso Rueda una comunidad que aporta una decena escasa de escaños al grupo popular en el Congreso, sí, pero con un valor simbólico enorme: es la terra que vio nacer al líder.
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Ver planes de hosting →Cabe recordar que el PPdeG vivió su propia crisis de convivencia entre la estrategia nacional y la autonómica durante el pacto con el BNG, que Rueda rompió en 2024 para gobernar en solitario. Esa decisión, alineada con la fase de maximalismo frente al Gobierno de Sánchez, encaja con la misma lógica que inspiraba la ofensiva por Ceuta. El rechazo del Supremo obliga ahora a recalibrar el tono también desde Santiago.
«En Galicia no medimos a Feijóo por Ceuta, lo medimos por sanidad, demografía y pensiones. Y ahí la fiducia de la gente sigue siendo nuestro principal activo», apunta una fuente de la dirección del PPdeG con peso en el comité nacional.
Conviene poner números en contexto. El PP obtuvo en Galicia en los últimos comicios generales resultados muy por encima de su media nacional, con más del 45 % de los votos, prácticamente el triple que la suma de sus socios de investidura en la comunidad. Ese colchón explica que cada movimiento judicial que afecta a la estrategia de Feijóo se viva aquí con una mezcla de retranca y expectación.
El efecto en la casa común
La oposición gallega, sobre todo el PSdeG, ya ha sacado pecho. Socialistas y nacionalistas interpretan que el varapalo del Supremo confirma que la ofensiva del PP era más teatro que sustancia. En el BNG van más allá y hablan de «desgaste de un partido que confunde los tribunales con las urnas». El PPdeG, por su parte, resta importancia: insisten en que el fondo del asunto, la gestión de la frontera de Ceuta, sigue encima de la mesa.
Queda por ver si este revés cambia el pulso de Feijóo de cara a los próximos meses. Lo que parece claro es que Galicia seguirá siendo su refugio más seguro, esa terra donde hasta los malos días del partido se convierten en votaciones dignas. Morriña aparte, la política gallega vuelve a demostrar que, cuando Madrid tiembla, aquí miramos con lupa quién firma y quién solo aplaude.
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