¿Cómo afecta el debate sobre financiación ilegal a la política gallega?

Galicia observa el debate nacional con cierta distancia… ¿o no tanto?

El runrún sobre la financiación ilegal de partidos políticos vuelve a tomar fuerza en el Congreso. No es la primera vez, ni será la última, que este asunto acapara titulares en la capital del Estado, con nuevas investigaciones judiciales y una cascada de reacciones políticas. Ahora bien, ¿cómo resuena este debate en la política gallega? ¿Qué dicen los partidos de la terra y, sobre todo, hay algo que esconder bajo la alfombra en Galicia?

En las últimas semanas los escándalos sobre presunta financiación irregular han salpicado a formaciones de todo el espectro nacional. Lo cierto es que, aunque las investigaciones se centran mayoritariamente en Madrid y otras grandes ciudades, el eco de la desconfianza cala también en comunidades como la nuestra. “La ciudadanía gallega no es ajena a la preocupación por la transparencia, aunque aquí nunca se vieron sobresaltos como en otras partes”, sostiene un portavoz de la oposición en O Hórreo.

Reacciones gallegas: prudencia, retranca y exigencia de claridad

Los principales partidos gallegos reaccionan con una mezcla de cautela y retranca, esa ironía tan nuestra. El PPdeG, que gobierna con holgura en la Xunta, ha querido dejar claro que la transparencia es una prioridad en su gestión, recordando que todos los contratos y donaciones son fiscalizados por el Consello de Contas. Desde San Caetano recalcan que “la financiación está más vigilada que nunca y la rendición de cuentas es total”.

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Por su parte, el BNG aprovecha el foco mediático nacional para reclamar reformas profundas y más acceso ciudadano a la información sobre gastos y donantes. En palabras de una portavoz nacionalista:

“En Galicia no hemos tenido grandes escándalos, pero la opacidad es la mejor aliada de la corrupción. La confianza se gana con hechos, no solo con palabras”

El PSdeG, mientras tanto, prefiere poner el acento en la necesidad de reforzar los órganos de control y actualizar los mecanismos de financiación, “para que no haya ni sombra de duda”. No falta, cómo no, cierta morriña por los tiempos en que la política local era más de cercanía y menos de sobresaltos judiciales.

¿Existen casos o investigaciones en Galicia?

Si bien Galicia no ha protagonizado grandes titulares por escándalos de financiación ilegal, sí ha habido investigaciones menores en el pasado. Según datos del Tribunal de Cuentas, en los últimos diez años apenas un 5 % de las pesquisas por irregularidades en financiación de partidos afectaron a formaciones gallegas, una cifra muy por debajo de la media estatal. Eso sí, estos episodios suelen estar relacionados con errores administrativos o falta de justificación documental, más que con tramas corruptas organizadas.

En la memoria colectiva aún resuenan casos como el de las “falsas donaciones” en algunas agrupaciones locales, que nunca pasaron de ser infracciones administrativas. La última gran polémica, allá por 2018, acabó en sanciones económicas menores y ningún cargo político procesado. Un exalcalde recuerda con sorna: “Aquí si alguien mete la mano, enseguida lo comentan en la taberna. La presión social es la mejor auditoría”.

No obstante, organizaciones de la sociedad civil como Transparencia Internacional alertan de que Galicia ha avanzado, pero todavía queda trecho. En su último informe, la comunidad obtiene un 7,2 sobre 10 en percepción de transparencia, medio punto por encima de la media nacional, pero lejos aún de los niveles escandinavos que tanto se admiran desde aquí.

La transparencia política gallega: avances y retos pendientes

La Xunta presume de tener uno de los portales de transparencia más completos del Estado, con acceso público a contratos, subvenciones y agendas de altos cargos. De hecho, la ley gallega de transparencia fue una de las primeras en aprobarse tras la estatal, y recibió elogios por parte de expertos en gobernanza. Ahora bien, los partidos de la oposición y algunas entidades sociales denuncian que el acceso a la información todavía es lento, y que la cultura de la opacidad persiste en algunos concellos más pequeños.

En el Parlamento gallego se han presentado hasta cuatro iniciativas en los últimos dos años para reforzar los controles y mejorar la trazabilidad de donaciones privadas. Ninguna ha prosperado por falta de consenso, pero sí han servido para elevar el listón de exigencia y poner el foco en el control de la financiación, especialmente en campañas electorales, donde los gastos se disparan y el margen de error es mayor.

A día de hoy, la pregunta no es si puede haber corrupción, sino cómo se vigila y se castiga. El debate nacional, más que salpicar, actúa como un recordatorio constante de que la confianza se gana con transparencia, y que la política gallega, aunque menos expuesta, no puede bajar la guardia. Aquí, como suele decirse, la retranca va de serie… pero la exigencia de limpieza también.