Un agujero negro en las cuentas públicas y privadas. El absentismo laboral cuesta ya a Galicia más de 2.000 millones de euros al año, una losa que arrastran tanto empresas como la propia Administración. El fenómeno, lejos de remitir, ha crecido en los últimos ejercicios, golpeando especialmente a sectores clave y a comarcas con tejido industrial en riesgo. ¿Quién paga realmente esta factura? Y, sobre todo, ¿qué se está haciendo para atajarla?
Un problema que sigue creciendo
Pocas veces una cifra resulta tan elocuente. Superar la barrera de los dos mil millones en costes por ausencias laborales no solo llama la atención: enciende todas las alarmas en los despachos de la Xunta y en las oficinas de recursos humanos de la industria gallega. Hablamos de bajas médicas, permisos, ausencias justificadas y no tanto. El resultado es el mismo: jornadas sin cubrir, productividad que se resiente y, al final, una factura que alguien tiene que abonar. El termómetro se ha disparado en los últimos cinco años, con un repunte tras la pandemia que aún no ha remitido.
Según fuentes institucionales, la tendencia no distingue sectores aunque sí hay víctimas claras. La automoción en Vigo, la logística en el Puerto Exterior de A Coruña, la sanidad en Ourense: todos arrastran el lastre. Un responsable del sector industrial en la comarca de O Morrazo lo resume con resignación: “Las cadenas se paran, y eso aquí se nota enseguida”. Demasiado tiempo.
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Conoce más →Impacto directo en empresas y servicios públicos
Conviene recordar que el absentismo no es solo un problema de balance para las empresas. También lo es para los servicios públicos, que ven cómo se multiplican los costes de sustitución y cae la calidad de la atención. Un directivo municipal en Santiago admite que cubrir una baja puede llevar semanas, con la consiguiente sobrecarga para quienes se quedan. Si a eso se suma el esfuerzo económico en prestaciones y subsidios, la situación se complica aún más.
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Ver planes de hosting →Las cifras oficiales confirman el diagnóstico. La Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal destinan cada año cientos de millones a prestaciones por incapacidad temporal. El tejido productivo gallego, formado sobre todo por pequeñas y medianas empresas, soporta la parte más dura del golpe. Basta con mirar el polígono industrial de Sabón, en Arteixo, para ver cómo las ausencias desbaratan los turnos y obligan a tirar de eventuales. Lo cierto es que nadie parece tener la receta mágica, y el problema amenaza con cronificarse.
Factores detrás del repunte
No es menor el dato: el absentismo ha crecido especialmente tras la crisis sanitaria. Los expertos apuntan a varios factores. Por un lado, el envejecimiento de la población activa. Galicia es, junto a Asturias y Castilla y León, una de las comunidades más envejecidas de España. Eso se traduce en más bajas médicas y mayor duración de las mismas. Por otro, la presión psicológica y el aumento de patologías mentales, que han disparado este tipo de ausencias. Una responsable de recursos humanos en una multinacional instalada en el área de Lugo reconoce que “cada vez es más difícil anticiparse y planificar”.
El sector sanitario, paradójicamente, es uno de los más afectados. Enfermeras y personal de atención primaria acusan el desgaste de años de sobrecarga, agravado por la falta de relevo generacional. En la administración autonómica, la situación tampoco mejora. Fuentes judiciales apuntan a que las bajas por ansiedad y depresión han crecido un 20% en el último año. La cifra habla por sí sola.
Intentos de solución y límites del sistema
Ante el panorama, las patronales gallegas reclaman mayor flexibilidad para gestionar las plantillas y refuerzos en la inspección médica. Algunas empresas han implantado sistemas de control de presencia más estrictos o incentivos económicos para quienes no faltan. Pero la eficacia de estas medidas está en entredicho.
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