Desconcierto en los juzgados gallegos tras la última reforma judicial

La aplicación de la reciente reorganización judicial está dejando un reguero de dudas en los tribunales gallegos. Magistrados, funcionarios y abogados coinciden en señalar la confusión generada por la nueva normativa, que busca modernizar el sistema pero, por ahora, ha traído más preguntas que respuestas. El desconcierto se extiende tanto en las grandes ciudades como en los partidos judiciales más pequeños.

Ni las instrucciones que llegan desde Madrid ni los comunicados internos parecen suficientes para calmar el nerviosismo. Quien acude estos días a los edificios judiciales de la rúa Monforte, en Lugo, o al entorno de la plaza de Galicia, en Santiago, lo percibe con solo cruzar la puerta. Se habla de plazos, de competencias cambiantes, de qué hará ahora cada juzgado. Nadie lo tiene del todo claro. Demasiada incertidumbre.

Una reorganización que se queda a medias

La ley aprobada hace unos meses prometía una justicia más ágil y eficaz, según explican fuentes institucionales. El objetivo era sencillo sobre el papel: agrupar servicios, redistribuir cargas y evitar duplicidades. Sin embargo, la realidad gallega es mucho más compleja. En localidades como Vilagarcía, los letrados se preguntan si sus casos pasarán ahora a otros órganos, mientras los funcionarios consultan circulares y esperan instrucciones que nunca parecen llegar del todo claras.

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El problema, según varios trabajadores del sector, radica en la falta de una planificación detallada y en que los recursos humanos no se han adaptado al nuevo esquema. Se multiplican las dudas sobre competencias: ¿qué juzgado asume ahora los casos de familia?, ¿quién tramita las denuncias de violencia de género si cambian los partidos judiciales? Basta con escuchar las conversaciones en los pasillos de la Audiencia Provincial de A Coruña para entender el clima de desconcierto.

No es menor el dato de que la Xunta y el Ministerio de Justicia se lanzan mensajes cruzados sobre la interpretación de la norma. Mientras tanto, quienes tienen que aplicar la ley en el día a día se enfrentan a un puzle legal complicado y, en ocasiones, contradictorio. El resultado: expedientes que se quedan parados, vistas que se retrasan y litigantes que esperan sin respuestas.

Impacto en la ciudadanía y el trabajo cotidiano

Conviene recordar que el mayor perjudicado de este caos administrativo es el ciudadano de a pie. Un abogado de Ourense lo resume con cierta resignación: “El cliente llama para preguntar si su juicio sigue en la misma sala y no sabemos qué decirle”. Ahí está la clave. La inseguridad se ha colado hasta el último despacho, afectando a los tiempos y a la confianza en el sistema.

En los juzgados de Ferrol, varias personas han visto cómo sus procedimientos se han retrasado por simple desconocimiento de a qué órgano corresponde ahora su asunto. Los procuradores, por su parte, aseguran que pasan más tiempo consultando boletines y resoluciones que tramitando casos. No parece casualidad. El efecto dominó llega incluso a los registros civiles, donde los cambios de adscripción generan colas y reclamaciones que antes no existían.

Las asociaciones de empleados públicos han solicitado información adicional y protocolos unificados, pero por ahora las respuestas son vagas. Un alto cargo municipal lo resume con ironía: “Parece que la ley la hicieron pensando en Madrid, pero aquí las cosas funcionan de otra manera”. Pocas veces una reforma de tanto alcance había generado semejante desconcierto en tan poco tiempo.

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