¿Amenaza el Constitucional la autonomía gallega? Hablan los expertos

Un debate encendido en Madrid que resuena en Galicia

Si hay algo que sobrevuela estos días por las tertulias políticas y jurídicas de Galicia es la controversia sobre el papel del Tribunal Constitucional. La figura de Cándido Conde-Pumpido, presidente del alto tribunal, está en el centro de un debate nacional que, aunque parece lejano, tiene mucho eco en nuestra terra. No es solo una cuestión de jueces y togados de la capital: lo que se decide en Madrid condiciona, y mucho, la vida política, social y hasta económica de Galicia.

La chispa que ha reavivado la discusión viene de varias resoluciones del Tribunal Constitucional sobre decisiones del Gobierno central, desde los indultos hasta las recientes reformas legislativas de enorme calado. Ahora bien, lo que en Madrid se vive con ruido de declaraciones cruzadas y trending topics, aquí se mira con la retranca de quien sabe que la separación de poderes no es solo un concepto abstracto, sino un pilar fundamental de la autonomía gallega.

La preocupación por la autonomía gallega

En Galicia, la inquietud por el respeto a la autonomía no es nueva. La Constitución reconoce el derecho a la autogobierno y el Estatuto de Autonomía refuerza ese marco, pero la dependencia de las decisiones de los órganos estatales hace que la frontera entre lo propio y lo ajeno sea, a veces, borrosa. «Nos jugamos mucho en cada interpretación del Constitucional, porque de ellas dependen competencias tan sensibles como la lengua, la educación o la gestión de los recursos naturales», apunta un catedrático de Derecho Constitucional de la Universidade de Santiago.

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«En Galicia hay una morriña constante por el respeto real a nuestras competencias. El Constitucional debería ser garante, no un actor más del debate político», señala un jurista gallego consultado por este medio.

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Lo cierto es que las cifras avalan esa preocupación. En la última década, Galicia ha presentado más de una docena de recursos ante el Constitucional para defender sus competencias. El 75 % de ellos han tenido pronunciamientos que, en parte, han recortado la capacidad de autogestión de la Xunta en ámbitos clave como la sanidad o el litoral. Es un dato que pesa y que explica por qué cada movimiento del tribunal se sigue aquí con lupa.

¿Separación de poderes o politización judicial?

La sensación entre los juristas gallegos es que la separación de poderes está en entredicho. «Da la impresión de que el Constitucional se convierte en un tercer tiempo del partido político», afirma un magistrado gallego que prefiere mantenerse en el anonimato. No faltan voces que recuerdan que los miembros del tribunal son nombrados por cuotas políticas, lo que alimenta la desconfianza.

Esto no es solo cuestión de debate jurídico; tiene consecuencias prácticas. Por ejemplo, el reciente fallo sobre la ley de costas ha generado inquietud en municipios gallegos que ven amenazada su capacidad para decidir sobre el litoral. La Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) ya ha advertido que el 60 % de los ayuntamientos costeros gallegos podrían perder margen de maniobra si prosperan ciertos recursos.

A todo esto, hay que sumar la percepción social. Un reciente sondeo del Instituto Galego de Estudos Sociais señala que un 58 % de los gallegos considera que el Constitucional actúa más como árbitro político que como garante de derechos. No es poca cosa: es el doble que la media estatal, lo que revela una desconfianza singularmente acusada en nuestra terra.

Mirando al futuro desde Galicia

La pregunta que flota en el ambiente, entre juristas y ciudadanos, es clara: ¿podrá el Tribunal Constitucional garantizar una interpretación de la ley que respete la singularidad gallega? El propio Conde-Pumpido, con raíces familiares en Ourense, ha hecho alguna referencia a la importancia de la pluralidad autonómica, pero lo cierto es que las sentencias recientes no han calmado las aguas.

Con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina y el debate sobre el Estado de las Autonomías más vivo que nunca, Galicia se juega mucho en este pulso entre poderes. En palabras de un veterano profesor compostelano, «lo que se decide en Madrid repercute aquí, y a veces las consecuencias llegan con más fuerza del que muchos piensan». Quizá por eso, en Galicia, el debate sobre el Constitucional se vive con más intensidad que en otros rincones del Estado. Y con la retranca de quien sabe que la autonomía no se conquista solo en los parlamentos, sino también en los tribunales.