Asturias y Castilla-La Mancha se suman al rechazo gallego al nuevo modelo de financiación

La propuesta de financiación autonómica que el Gobierno central puso sobre la mesa no convence. Y no solo a Galicia. Según adelantó La Voz de Galicia, Asturias y Castilla-La Mancha han manifestado también su rechazo al nuevo sistema, en un movimiento que amplía el frente de comunidades insatisfechas. La reunión técnica de este martes entre representantes del Ejecutivo central y de los gobiernos autonómicos dejó clara la distancia que separa las posiciones. El próximo 29 de julio, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se intentará desatascar un modelo que, de momento, genera más rechazos que adhesiones.

No es un dato menor. Que dos comunidades gobernadas por partidos distintos al de la Xunta se alineen con la posición gallega indica que el problema no es solo de color político. Asturias, con un ejecutivo socialista, y Castilla-La Mancha, también en manos del PSOE, comparten las críticas de fondo que ya había expresado Galicia. La cifra que se maneja como posible mejora, según fuentes conocedoras del proceso, ronda los 1.000 millones de euros adicionales para la comunidad gallega. Pero ni eso parece suficiente para cerrar un acuerdo.

Un frente común que crece

Lo cierto es que el mapa de alianzas en esta negociación se está reconfigurando. Galicia fue la primera en levantar la voz, pero no será la única. Asturias y Castilla-La Mancha han hecho saber que el modelo propuesto no responde a las necesidades reales de sus territorios. La coincidencia es relevante: las tres comunidades comparten características demográficas y económicas que las hacen especialmente sensibles a los criterios de reparto. Población envejecida, dispersión geográfica y menor peso económico relativo son factores que, según los críticos, no quedan suficientemente compensados en la propuesta del Gobierno central.

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Ahí está la clave del desencuentro. El nuevo modelo de financiación debe actualizar los criterios de reparto, pero las comunidades que más pierden con el sistema actual consideran que los cambios son insuficientes. La sensación de que se perpetúan las desigualdades recorre los pasillos de las consejerías de Hacienda de media docena de autonomías. Y aunque el Gobierno central insiste en que hay margen para la negociación, la desconfianza se ha instalado.

El PSdeG pide negociar, pero la Xunta se mantiene firme

En este escenario, el líder del PSdeG ha instado a la Xunta a no cerrar la puerta. Considera que hay margen para lograr hasta 1.000 millones de euros adicionales para Galicia si se sientan a negociar con el Gobierno central. Una postura que contrasta con la firmeza del ejecutivo autonómico, que mantiene su rechazo al modelo tal como está planteado. La oposición gallega ve en esa cifra una oportunidad que no debería desperdiciarse. Pero la Xunta insiste en que el problema no es de cantidad, sino de principios: el sistema debe ser justo para todas las comunidades, no solo para las que más población tienen.

Difícil encontrar un punto intermedio cuando las posiciones están tan alejadas. El Gobierno central defiende que su propuesta es equilibrada y que tiene en cuenta las singularidades de cada territorio. Las comunidades críticas, sin embargo, consideran que los criterios de población y riqueza siguen pesando demasiado, en detrimento de otros factores como el envejecimiento o la dispersión. La reunión técnica de este martes no logró acercar posturas. Y el plazo apremia: el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 29 de julio se presenta como una fecha clave para desbloquear o enterrar definitivamente la negociación.

Un modelo en cuestión

El nuevo sistema de financiación autonómica lleva años en el centro del debate político. Cada comunidad defiende sus intereses.