Incertidumbre entre interinos gallegos ante el fallo europeo clave

Sentencia europea que sacude los cimientos del empleo público

Pocas veces una decisión judicial levanta tanta polvareda entre funcionarios y aspirantes como la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la temporalidad en el sector público. El fallo, que viene a poner los puntos sobre las íes en la gestión de los interinos, ha generado un auténtico revuelo en toda España. Ahora bien, la cuestión de fondo es sencilla: Europa exige atajar el abuso de contratos temporales en las administraciones públicas y abre la puerta a que los interinos puedan reclamar una estabilidad laboral, incluso indefinida, si encadenan demasiados años de provisionalidad.

La traducción para muchos gallegos es inmediata. Miles de trabajadores de la Xunta, diputaciones y concellos —desde auxiliares administrativos hasta técnicos en cultura o trabajadores sociales— se preguntan si, por fin, su situación dará un vuelco tras décadas de “morriña” de una plaza fija. Y la Xunta, por su parte, se enfrenta a un reto de los que hacen sudar tinta a los departamentos de recursos humanos.

El mapa gallego de la temporalidad: cifras que retratan una realidad

En Galicia, la temporalidad en la administración no es precisamente un fenómeno menor. Según los últimos datos del propio gobierno autonómico, más de 17.000 empleados públicos gallegos ocupan puestos temporales, lo que supone casi un 24 % de la plantilla de la Xunta, muy por encima de la meta del 8 % que marca la ley estatal. Si sumamos los interinos de los ayuntamientos y las diputaciones, la cifra se dispara, rozando los 25.000 gallegos pendientes de un hilo.

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Lo cierto es que muchos de ellos llevan años —y en no pocos casos, más de una década— encadenando contratos o nombramientos temporales. Una situación que, según el TJUE, supone abuso de la administración si no se han convocado procesos selectivos de forma regular y transparente. La sentencia —que, por cierto, no obliga a convertir automáticamente a todos los interinos en fijos, pero sí a buscar fórmulas efectivas de castigo al abuso— ha reavivado el debate sobre la gestión del empleo público en nuestra terra.

Tal y como explica un alto cargo sindical gallego consultado por este medio:

“En Galicia hay miles de familias pendientes de este fallo europeo, porque llevamos años denunciando que la administración gallega no está haciendo los deberes con los interinos. La sentencia es un tirón de orejas en toda regla.”

La respuesta de la Xunta: entre la retranca y el aviso de calma

Desde San Caetano no tardaron en reaccionar. El propio conselleiro de Facenda e Administración Pública salió al paso para pedir calma y lanzar un mensaje de prudencia. “Habrá que estudiar la sentencia con detalle antes de tomar decisiones”, insisten fuentes oficiales. De hecho, la Xunta recuerda que ya tiene en marcha un proceso de estabilización de empleo público para reducir la temporalidad, aunque sindicatos y afectados consideran que llega tarde y mal. El objetivo —reducir la tasa de interinos al 8 % en 2024— está, a día de hoy, bastante lejos de cumplirse.

Ahora el foco está puesto en cómo interpretarán los tribunales gallegos la sentencia europea. Los abogados laboralistas prevén un aluvión de demandas, sobre todo de interinos con más de tres años de servicio sin que se haya convocado su plaza a oposición. Y es que, según los expertos, la sentencia europea puede obligar a indemnizar —o incluso a estabilizar— a miles de trabajadores si se acredita que ha habido abuso. Un escenario que abriría la puerta a un nuevo mapa en la función pública gallega, con implicaciones nada menores para las arcas autonómicas y la gestión de los servicios públicos.

Mientras tanto, los sindicatos ya anuncian movilizaciones y piden una negociación real. “No queremos ser moneda de cambio ni que se nos prometa el oro y el moro cada vez que hay elecciones”, lamenta un veterano interino de la administración gallega con más de 15 años de antigüedad, que prefiere mantenerse en el anonimato.

El futuro: incertidumbre, pero también esperanza

Para muchos interinos gallegos, la sentencia del TJUE supone un rayo de esperanza tras años de incertidumbre y de tener que lidiar con la retranca típica de quien espera, pero no acaba de fiarse. Ahora, la pelota está en el tejado de la Xunta y de los jueces gallegos. Si la administración autonómica decide acelerar procesos de estabilización y los tribunales aplican la doctrina europea, podríamos estar ante un cambio de ciclo en el empleo público de Galicia.

Hasta entonces, toca esperar y seguir peleando por un puesto que, para muchos, es sinónimo de arraigo y futuro en su terra. Lo que está claro es que, después de este fallo europeo, la administración gallega ya no podrá mirar hacia otro lado. El tiempo de la morriña laboral se agota.

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