sábado, 18 de abril de 2026 | Galicia, España
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La vigilancia reduce un 60% los vertidos ilegales en aguas gallegas

La vigilancia reduce un 60% los vertidos ilegales en aguas gallegas

El endurecimiento de las inspecciones y sanciones por parte de la Xunta ha conseguido una caída sin precedentes en los vertidos contaminantes en ríos, rías y costas gallegas. En solo cinco años, los expedientes sancionadores han pasado de rozar los trescientos a poco más de un centenar, aunque el importe de las multas no deja de subir. Detrás de la estadística, una presión constante sobre industrias, explotaciones agrarias y, sobre todo, los propios concellos, responsables del grueso de las infracciones.

Menos expedientes, sanciones más altas

Quien haya paseado por las orillas del río Lagares en Vigo durante el pasado verano habrá visto el agua teñida de blanco o de tonos aceitosos en algunos puntos. Un fenómeno que, pese a persistir en la memoria colectiva de Galicia, empieza a remitir. Los datos oficiales de Augas de Galicia lo dejan claro: en 2020 se resolvieron 274 expedientes sancionadores por vertidos ilegales, mientras que en 2025 la cifra se desplomó hasta los 111. Una caída del 60 %. La cifra habla por sí sola.

No todo es tan sencillo. Aunque el número de expedientes baja, el importe total de las sanciones impuestas ha subido un 30 %. Lo explican desde una fuente del sector: “El régimen sancionador es ahora mucho más duro, y eso se nota en la cuantía de las multas, sobre todo en los vertidos reincidentes o de mayor impacto ambiental”. Basta con mirar el registro público: las sanciones económicas a empresas y ayuntamientos han alcanzado en algunos casos cifras históricas.

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Los concellos, en el punto de mira

Pocas veces se destaca este dato, pero el 70 % de las multas por vertidos contaminantes en Galicia va a parar a las administraciones locales. No es menor el dato. Los concellos, responsables de la gestión de aguas residuales urbanas, encabezan el ranking de infractores. “Muchos sistemas de depuración siguen sin estar a pleno rendimiento, y las lluvias intensas colapsan las redes”, explica un alto cargo municipal. Hay ejemplos recientes en la comarca de Ferrolterra y en varias villas del litoral lucense, donde los colectores reventaron tras temporales, arrastrando aguas sin tratar hasta la costa.

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Sin embargo, las industrias y las explotaciones agrícolas tampoco escapan al cerco. Purines, disolventes, aceites, detergentes y productos de limpieza siguen escapándose de naves y granjas, aunque se han intensificado los controles sorpresa y los muestreos en puntos críticos. En el entorno de la ría de Arousa, donde hace apenas una década los mariscadores denunciaban vertidos cada mes, la situación ha mejorado sensiblemente. Demasiado tiempo ha hecho falta para ver resultados.

Más inspecciones y tolerancia cero

Conviene recordar que el giro de la Xunta hacia la “tolerancia cero” se fraguó tras varios episodios de contaminación que pusieron en jaque la imagen de las rías gallegas, vitales para la economía local. Desde entonces, el número de inspecciones anuales se ha duplicado y se han incorporado nuevos medios técnicos: drones, sensores de calidad del agua y mapas interactivos para detectar focos de vertido en tiempo real. Un responsable autonómico señala que el trabajo no se limita a sancionar, sino también a prevenir: campañas informativas, ayudas para modernizar depuradoras y convenios con los concellos para mejorar infraestructuras.

A nadie se le escapa que la presión pública también ha jugado su papel. Las alertas de vecinos y asociaciones ecologistas han multiplicado las denuncias, sobre todo en áreas sensibles como la desembocadura del río Ulla o la costa de O Morrazo. En la última década, la concienciación ciudadana ha empujado a las administraciones a actuar con mayor firmeza. La Xunta, por su parte, presume de estos datos como prueba de que la estrategia está funcionando.

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Miguel Ángel Vázquez

Redactor especializado en economía y empresas. Cubre la actualidad económica de Galicia y España para Galicia Universal.

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