Detectives privados y bajas laborales: el otro equipo en el campo

En Galicia, cada vez son más las empresas que recurren a detectives privados para destapar fraudes en las bajas laborales. Mientras algunos empleados comunican dolencias que les impiden trabajar, después se dejan ver jugando al fútbol, trabajando en el campo o pasando horas en locales de hostelería. La picaresca, lejos de ser una anécdota, se ha convertido en un fenómeno que preocupa en comarcas como O Salnés, A Mariña o el área de Vigo. El coste para las arcas públicas y privadas es notable, y la vigilancia se ha sofisticado para no dejar margen a la trampa.

Del parte médico al césped: una ruta demasiado frecuente

No es raro que, en un partido amateur en la costa de Lugo, aparezca en la alineación alguien que, según los papeles, debería estar de baja. El fútbol, con su ritmo y exigencia física, se ha convertido en el escenario predilecto para que los detectives documenten contradicciones flagrantes. Un alto cargo municipal reconoce que algunos casos “cantan” incluso antes de que se levante acta: basta con revisar las redes sociales o escuchar rumores en el vestuario. Demasiado evidente.

Más allá del deporte, el trabajo en el campo ocupa un lugar destacado en la lista de actividades incompatibles con una baja. Sulfatar viñas o recoger patatas en las Rías Baixas puede ser incluso más duro que una jornada laboral convencional, y sin embargo hay quien no duda en hacerlo pese a estar de baja por dolencias lumbares o lesiones musculares. La paradoja es evidente. Quien lo ve desde fuera —un vecino, un familiar— no siempre lo denuncia, pero la sospecha suele llegar antes o después a Recursos Humanos. Ahí está la clave.

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Los bares como oficina: la vigilancia se multiplica

Sentados en una terraza de la Praza Maior de Ourense, algunos trabajadores de baja alargan el café o la caña más de lo recomendable. Las imágenes captadas por detectives privados se han convertido en pruebas habituales en los despachos de las aseguradoras y de las mutuas. El seguimiento suele durar varios días, suficiente para acreditar una rutina incompatible con las dolencias alegadas. “No es solo una cuestión de ética, es un fraude económico”, subraya una persona vinculada a la inspección laboral.

Conviene recordar que la contratación de detectives ha crecido en el último lustro. Aunque no existen cifras públicas detalladas en Galicia, asociaciones del sector hablan de un aumento sostenido de casos relacionados con bajas que generan sospechas. El procedimiento es casi siempre el mismo: la empresa detecta patrones anómalos —ausencias prolongadas, reincidencias, comentarios— y solicita ayuda externa. La prueba visual, en muchos casos, resulta definitiva ante un juez.

Coste público y privado: una factura en aumento

El impacto económico de las bajas fraudulentas no es menor. Fuentes judiciales apuntan a que la sobrecarga en el sistema sanitario y en las mutuas repercute en el coste final de las cotizaciones, tanto para empresas como para el propio Estado. La Seguridad Social, por ejemplo, asume cada año cientos de millones en prestaciones por incapacidad temporal. Una parte de este gasto, reconocen técnicos del sector, podría evitarse con controles más exhaustivos.

Basta con mirar la evolución reciente de los litigios por despido objetivo en Galicia para comprobar que la picaresca laboral no es residual. El repunte de estos procedimientos desde la pandemia ha puesto el foco en la necesidad de reforzar la vigilancia y mejorar la coordinación entre administraciones. Nadie discute que existen bajas plenamente justificadas, pero la sensación de impunidad ante los fraudes todavía es alta en determinados ámbitos laborales.

El papel de la sociedad y la línea difusa entre lo privado y lo público

Pocas veces se habla abiertamente de los dilemas éticos que plantea la vigilancia privada sobre personas de baja médica. La privacidad, ese derecho tan reivindicado, choca

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