La Xunta estudia asumir la AP-9 y apuesta por peajes en la sombra

El Gobierno gallego sopesa un cambio sin precedentes en la gestión de la autopista AP-9. Sobre la mesa está la posibilidad de asumir su control, liberando a los conductores del pago directo y financiando el coste mediante el modelo de peaje en la sombra. La medida, de llegar a buen puerto, podría marcar un antes y un después en la movilidad y la economía de miles de gallegos.

La consellería competente ha encargado un estudio para evaluar con precisión el impacto económico de esta operación. La iniciativa busca responder a una demanda histórica: el fin de los peajes directos en la principal arteria viaria de Galicia, clave para el tráfico entre Ferrol y Tui, pasando por Vigo y Santiago. La opción de los peajes en la sombra aparece como la vía más factible para sostener el mantenimiento de una infraestructura estratégica sin cargar el coste sobre los usuarios.

El coste de un cambio largamente esperado

Quien recorre habitualmente la AP-9 lo sabe bien: los peajes han sido un motivo de queja constante, especialmente tras las sucesivas subidas de tarifas en los últimos años. La Xunta, consciente del malestar ciudadano, ha puesto en marcha un análisis para estimar cuánto supondría asumir la gestión de la autopista y, sobre todo, financiar su gratuidad con fondos públicos.

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No es menor el dato: la AP-9 soporta un tráfico diario de más de 25.000 vehículos en los tramos más transitados, según cifras oficiales. El volumen de ingresos por peajes ronda los 150 millones anuales. De ahí la complejidad del debate. ¿Quién pagará la factura si desaparecen las cabinas de pago? Fuentes del Gobierno gallego admiten que el sistema de peaje en la sombra, por el que la Administración abona a la concesionaria según el tráfico registrado, sería la fórmula más viable para no dejar el mantenimiento en el aire.

Difícil tarea la de cuadrar las cuentas, máxime en un contexto de restricciones presupuestarias. Pero la presión social y política es cada vez mayor. Basta con mirar los movimientos de plataformas vecinales y colectivos de transportistas, que llevan años reclamando una solución. La reciente apertura de la variante de O Morrazo y la liberalización de la AP-53 en Santiago han reavivado el debate: ¿por qué la AP-9 sigue a la cola en materia de gratuidad?

Peaje en la sombra: solución o parche

Pocas veces una fórmula financiera ha generado tanto interés como la del peaje en la sombra. El modelo, ya aplicado en otras carreteras españolas, consiste en que el usuario viaja gratis y la Administración paga a la concesionaria en función del uso real de la vía. Sobre el papel, el ciudadano sale ganando. Pero, en la práctica, el coste para las arcas públicas es considerable.

Un responsable del sector apunta que, en el caso gallego, la factura podría dispararse si el tráfico sigue creciendo al ritmo de los últimos años. Desde la comarca del Salnés hasta el área metropolitana de Vigo, el tránsito de camiones y turismos no deja de aumentar, especialmente en verano. El riesgo de que la gratuidad acabe penalizando otras partidas presupuestarias preocupa a quienes gestionan las cuentas autonómicas.

A nadie se le escapa que el modelo tampoco resuelve de raíz el debate sobre el control de la autopista. La titularidad seguiría siendo estatal, salvo que el Gobierno central acepte transferir la gestión a la Xunta, una reclamación histórica que, de momento, sigue en el aire. La última vez que se abordó el asunto en Madrid, la respuesta fue ambigua. Demasiado tiempo esperando un sí rotundo.

Contexto: una reivindicación con historia

Conviene recordar que la AP-9 es mucho más que una autopista: es la columna vertebral de Galicia. Desde su inauguración hace más de cuarenta años, la vía ha sido objeto de sucesivas polémicas por el precio de sus peajes y la duración de la concesión. En municipios como Redondela o Pontevedra, las protestas por las tarifas han sido recurrentes.

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