La eólica europea denuncia un muro jurídico bien orquestado en Galicia

El sector eólico continental, con Galicia como uno de sus epicentros, detecta algo más que simples trabas administrativas: habla de un “ecosistema bien organizado” que frena el despliegue de renovables en la Unión Europea. El fenómeno, que algunos vinculan a injerencias extranjeras, se concreta en una proliferación de recursos jurídicos, plataformas y campañas que ralentizan o bloquean proyectos clave para la transición energética. En esta pugna, la comunidad gallega vuelve a ocupar titulares, atrapada entre el viento y la sospecha.

Quien recorre la costa entre Ortegal y la Mariña lucense lo percibe. Los parques previstos se topan con alegaciones, litigios y un clima de desconfianza creciente. Detrás, según voces del sector, hay algo más que defensa del territorio: se apunta a una estrategia con ramificaciones internacionales y locales. El resultado es un atasco difícil de justificar en plena crisis climática.

Un frente judicial que no deja de crecer

Pocas veces la batalla por el viento gallego ha sido tan encarnizada. Basta con mirar los juzgados de Santiago o A Coruña, donde se acumulan procedimientos relacionados con proyectos eólicos. No es menor el dato: la media de retraso en la tramitación supera con creces los dos años, mientras empresas y administración encadenan recursos, informes y contrainformes. Un responsable del sector resume la situación con una mueca: “Es una guerra de desgaste”.

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A nadie se le escapa que parte de estos recursos emergen de plataformas que, a primera vista, representan intereses vecinales o medioambientales. Pero lo cierto es que, en muchos casos, su capacidad jurídica y organizativa sorprende incluso a los operadores veteranos. Las sospechas de que detrás existen apoyos externos —algunos con intereses contrarios a la independencia energética europea— se han colado ya en foros empresariales y políticos.

Galicia, con casi el 15% de la potencia eólica instalada en España, es un laboratorio perfecto para observar el fenómeno. La comarca de Terra de Melide y el entorno de O Barqueiro han visto cómo proyectos en fase avanzada han quedado paralizados por un rosario de impugnaciones. Demasiado tiempo. La cifra de parques bloqueados habla por sí sola: más de 40 en todo el noroeste.

¿Quién mueve los hilos? Entre la sospecha y la evidencia

Difícil precisar hasta qué punto hay una mano invisible detrás de la ofensiva judicial. Fuentes institucionales admiten que han detectado patrones de actuación que se repiten en varias regiones de Europa: demandas redactadas con idéntica estructura, alegaciones que saltan de un país a otro, informes técnicos casi calcados. La eólica europea, acostumbrada a lidiar con la legítima oposición social, ahora apunta más alto: se habla en privado de “injerencia rusa” y de una ofensiva coordinada para debilitar la apuesta verde de la UE.

Conviene recordar que el contexto internacional no es ajeno a estos movimientos. Tras el inicio de la guerra en Ucrania y las sanciones energéticas, la Unión Europea aceleró su transición hacia renovables. Pero ese giro estratégico ha coincidido, casualidad o no, con el auge de litigios y campañas de desinformación en varios países. Galicia no es una excepción.

Un alto cargo municipal en la provincia de Lugo lo resume así: “Nunca habíamos visto tantos recursos con este nivel de detalle. No parecen espontáneos”. En el fondo, la pregunta es si la defensa del territorio puede estar siendo instrumentalizada por intereses geopolíticos contrarios al desarrollo de la eólica europea. Nadie lo afirma en público, pero la inquietud crece.

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