Así se legaliza una quema en Galicia

Quemar una parcela en Galicia no es delito si se cumplen los trámites. Pero esos trámites son muchos, y el margen para equivocarse, estrecho. Cada año, decenas de sanciones se imponen por gestos aparentemente inocuos: prender una loma sin avisar, hacerlo un día de viento o prolongar la quema más allá de lo permitido. La norma existe. Está clara. Lo que falla, a menudo, es el conocimiento.

Cuándo se puede, y cuándo no

La temporada oficial para las quemas agrícolas en Galicia arranca el 1 de noviembre y se extiende hasta el 15 de marzo. Fuera de ese rango, cualquier combustión está prohibida salvo excepciones muy concretas, como planes de prevención forestal autorizados por la Xunta. No sirve con pensar que “como no hay sequía, no pasa nada”. Tampoco vale la excusa del terreno abandonado. La ley es igual para todos: agricultor, ganadero o propietario de finca sin cultivo.

El procedimiento obligatorio es la comunicación previa. No es un permiso, técnicamente, sino una notificación. Debe hacerse al concello correspondiente, al menos 48 horas antes de la quema. Algunos municipios ya disponen de formularios digitales; otros aún exigen presentación presencial. En ambos casos, se debe indicar ubicación exacta, extensión aproximada, tipo de material vegetal a quemar y fecha prevista. Nadie está exento. Ni siquiera quien lleva décadas haciendo lo mismo en el mismo lugar.

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Quien incumple se expone a sanciones que pueden superar los cinco mil euros. Las inspecciones técnicas son más frecuentes, especialmente tras los incendios de verano. Y las denuncias vecinales, cada vez más comunes. No es menor el dato: en la última campaña, más del 30 % de las quemas detectadas no habían sido comunicadas. Demasiado tiempo.

Qué se puede quemar, y qué no

No todo lo que crece en una finca puede arder legalmente. Se permite la combustión de restos vegetales derivados de labores agrícolas o ganaderas: rastrojos, podas de viña, matorral bajo, paja. Lo que no está permitido es prender basura, neumáticos, plásticos, escombros de obra o cualquier residuo no orgánico. Tampoco se puede quemar leña de poda si no forma parte de una limpieza estructural del monte.

Las dimensiones también importan. No se pueden superar las 5.000 metros cuadrados en una sola operación. Si la finca es mayor, se exige fraccionar las quemas y respetar zonas de separación. Además, debe garantizarse una anchura mínima de cinco metros libre de vegetación en el perímetro, como cortafuegos natural. Basta con mirar los partes de emergencia: muchas quemas controladas se convierten en fuegos no intencionados por descuidar este detalle.

Las condiciones meteorológicas son clave. Está prohibido prender cuando haya riesgo alto o extremo de incendio, según la predicción de Meteogalicia. Tampoco se puede actuar con rachas de viento superiores a 20 kilómetros por hora. Y obligatoriamente debe haber al menos dos personas en el lugar durante toda la quema, con medios para extinguir llamas en caso de escaparse. Un cubo de agua, una pistola de agua conectada a depósito o una desbrozadora sirven como herramienta mínima. No parece casualidad que las sanciones más duras correspondan a quemas sin vigilancia.

El peso de la tradición frente a la ley

Muchos en el mundo rural ven estas normas como una carga burocrática. “Siempre se hizo así”, dicen. Pero el contexto ha cambiado. El cambio climático acorta los inviernos, adelanta las sequías y multiplica los episodios de calor extremo. Las quemas mal gestionadas, aunque sean pequeñas, pueden desencadenar incendios de grandes proporciones. Lo cierto es que desde 2020, más de un tercio de los fuegos registrados en invierno tuvieron origen en quemas agrícolas fuera de control.

Fuentes de la Consellería de Medio Rural reconocen que hay un reto de concienciación. “No se trata de prohibir, sino de ordenar”, afirma un técnico con experiencia en zonas de A Limia y Terra de Caldelas. A nadie se le escapa que el desbroce mecánico es más seguro, pero también más costoso. Para muchos pequeños propietarios, la quema sigue siendo la única opción viable. Ahí está la clave: equilibrar necesidad real con seguridad colectiva.

Algunos concellos han puesto en marcha campañas locales de acompañamiento: técnicos municipales visitan fincas para ayudar a comunicar las quemas y verificar condiciones. En Xinzo de Limia, por ejemplo, este sistema redujo un 40 % las sanciones en un año. En Ribadavia, se distribuyen vales para alquiler de maquinaria de limpieza. Son pasos pequeños, pero con dirección.

La tradición no puede ser excusa para el incumplimiento. Tampoco la burocracia debe convertirse en traba para quienes actúan de buena fe. El fuego, en Galicia, siempre ha sido herramienta y amenaza. Saber cuándo encenderlo, y cómo, no es solo un trámite: es responsabilidad. ¿Hasta cuándo seguiremos aprendiendo a base de sanciones y cenizas?

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