Una decena de coordinadores de servicios de urgencias hospitalarios de Galicia han alzado la voz para denunciar un “maltrato institucional” y un “bloqueo” por parte de la Consellería de Sanidade a la contratación de profesionales esenciales. El aviso llega en un momento crítico: el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) cuenta solo con el 40% del personal facultativo necesario. La advertencia no es menor: sin cambios urgentes, el sistema corre el riesgo de colapsar, especialmente en pleno verano, cuando la demanda se dispara en zonas turísticas como la Ría de Arousa o la Costa da Morte.
Los hechos
El comunicado, firmado por los jefes de urgencias de los principales hospitales gallegos —excepto la coordinadora del CHUO, Beatriz Martínez, que no lo suscribió—, acusa directamente a las gerencias de áreas sanitarias de paralizar contrataciones. Estas, según detallan, están “intervenidas” por la Consellería de Sanidade, que “fiscaliza y autoriza o no” los procesos. “Esto no es gestión, es asfixia”, asegura un responsable del sector que prefiere no dar su nombre. La situación se agrava en momentos como el actual, cuando los servicios de urgencias ya operan al límite.
Los facultativos alertan de que en algunos hospitales, como el de Vigo o el de A Coruña, las plantillas están tan mermadas que el personal acumula jornadas de más de 70 horas semanales. “No es sostenible. Los médicos están rotos, pero siguen entrando en urgencias porque no pueden dejar a los pacientes”, comenta un facultativo del CHUS. En el texto, los firmantes subrayan que la “voluntariedad” para prolongar turnos o cubrir guardias, recientemente negociada para otros servicios hospitalarios, vuelve a dejar fuera a los de urgencias. “Otra vez marginados”.
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Conoce más →La falta de personal no es el único problema. Los jefes también denuncian la ausencia de un sistema de trazabilidad informática en tiempo real, algo que, según la literatura médica, aumenta el riesgo de errores clínicos. En servicios donde puede haber más de 200 pacientes en una sola jornada, no tener una herramienta que permita seguir cada caso es “una bomba de relojería”, recalcan. Han pedido este sistema durante 15 años. Nadie les ha escuchado.
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La tensión entre los servicios de urgencias y la administración sanitaria no es nueva. Ya en 2020, durante la pandemia, los mismos profesionales advirtieron que serían los grandes olvidados del repunte de inversión. Pese a que urgencias fueron la “puerta de entrada” del sistema sanitario en los peores momentos del SARS-CoV-2, las mejoras en condiciones laborales y económicas llegaron primero a Atención Primaria. Ahí está la clave: mientras los médicos de familia lograron un nuevo convenio con retribuciones más altas y jornadas más estables, los de urgencias quedaron fuera. “No es envidia. Es que no se puede mantener la equidad del sistema si se premia a unos y se ignora a otros”, sostiene un jefe de turno en el HUVI.
Además, el diseño de nuevas herramientas tecnológicas como IANUS 5, la nueva historia clínica electrónica del Sergas, se ha hecho sin consultar a los profesionales de urgencias. “Es como construir un coche sin pedirle al conductor cómo debe ser el salpicadero”, critica un responsable técnico. Si se implementa tal y como está ahora, “provocaría un colapso inmediato” en los servicios hospitalarios de urgencia. Nadie en Sanidade ha dado garantías de que se modificará.
Perspectiva y futuro
El riesgo de colapso no es hipotético. En Ourense, con apenas el 40% del personal necesario, ya se han retrasado intervenciones no urgentes y se han derivado pacientes a Pontevedra o Lugo por falta de capacidad. Fuentes municipales en Ourense admiten que “si el servicio cae, el efecto dominó sería inmediato en toda la comarca del Sur”. Y no solo allí: en zonas costeras como Vilagarcía o Ribadeo, el aumento estival de población agrava la situación.
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