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Los concellos se blindan ante la avalancha de trámites

Los concellos se blindan ante la avalancha de trámites

Los ayuntamientos gallegos están moviendo ficha. La inminente oleada de solicitudes de regularización —que afecta a miles de personas en todo el territorio— ha puesto en alerta a los gobiernos locales, que ya han empezado a reforzar sus estructuras para no verse desbordados. Entre la contratación de personal eventual, la ampliación de horarios de atención al público y la creación de oficinas específicas, los concellos buscan dar respuesta a una demanda que, según fuentes municipales de varias provincias, no tiene precedentes en la comunidad.

La situación no es nueva, pero sí su magnitud. A nadie se le escapa que el proceso de regularización —vinculado a cambios normativos y a la reagrupación de expedientes acumulados— exige una capacidad de gestión que muchos pequeños consistorios simplemente no tienen. Basta con mirar las colas que ya se forman en los registros municipales para entender que la maquinaria administrativa necesita engranajes extra. Lo cierto es que los concellos se han visto obligados a improvisar sobre la marcha.

Un aluvión que no da tregua

En la comarca de A Coruña, las oficinas de atención al ciudadano han duplicado el número de citas previas en el último mes. Quien haya intentado pedir hora para un trámite de empadronamiento lo sabe bien: esperas de quince días son habituales. En Vigo, el departamento encargado de los informes de convivencia ha tenido que habilitar una línea telefónica exclusiva para absorber las consultas. “Estamos al límite”, reconocen desde un concello del área de Santiago, sin ocultar esa mezcla de orgullo y agobio que caracteriza al funcionariado gallego cuando aprieta el trabajo.

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No es menor el dato que manejan los propios registradores: las solicitudes de certificados de empadronamiento histórico se han disparado un 180% en lo que va de año. Detrás de esa cifra hay familias enteras que llevan años viviendo en Galicia y que ahora necesitan acreditar su arraigo. Ahí está la clave del proceso: la regularización no es un trámite menor, es la puerta de entrada a derechos básicos como la sanidad, la educación o el trabajo digno.

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Personal y horarios al límite

Ante la avalancha, los concellos han reaccionado con los recursos que tienen a mano. Algunos han contratado personal técnico con formación en derecho administrativo. Otros han recolocado temporalmente a funcionarios de departamentos menos saturados. En Lugo, el área de Servicios Sociales ha puesto en marcha tardes de atención extraordinaria, mientras que en Ourense se ha habilitado un mostrador específico para extranjería en la Casa Consistorial.

La cifra habla por sí sola: más de un 150% de aumento en las solicitudes de informes de idoneidad y de convivencia respecto al mismo período del año anterior. Una fuente de la Diputación de Pontevedra explicaba esta semana que se está planteando un plan de apoyo técnico a los municipios más pequeños, aquellos donde un solo funcionario tiene que compaginar la regularización con las licencias de obra, el padrón y la recogida de basura. Demasiado tiempo arrastrando esa precariedad estructural.

La coordinación con el Estado, clave

El Ministerio de Inclusión ha remitido instrucciones a los ayuntamientos para agilizar los trámites de empadronamiento y los certificados de convivencia, documentos imprescindibles para acreditar la residencia habitual. La cosa no es tan sencilla. Los plazos se acumulan y el sistema informático de intercambio de datos entre administraciones no siempre responde. En Ourense, la colaboración con la Subdelegación del Gobierno ha sido fluida, pero en otras provincias se quejan de falta de interlocución y de criterios que cambian cada pocas semanas.

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Carmen Dorado

Periodista especializada en cultura y sociedad gallega. Colaboradora habitual en medios digitales del noroeste peninsular.

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