Plus Ultra: el rescate que divide al Gobierno y al juez

Hacía tiempo que no se veía una brecha tan abierta entre el poder judicial y el Ejecutivo. El rescate millonario a la aerolínea Plus Ultra, concedido en plena pandemia a cuenta del fondo de apoyo a empresas estratégicas, ha llegado a los tribunales con una fuerza inesperada. Mientras que en la Moncloa y en el ministerio competente se aferran a la legalidad del crédito de 53 millones de euros, el magistrado que instruye la causa acumula indicios que apuntan en dirección contraria. Las declaraciones de los últimos días no han hecho sino ahondar el desencuentro entre la versión oficial y las pesquisas judiciales.

Conviene recordar que el crédito fue aprobado en 2020 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en un momento en que el país entero estaba parado. La compañía, que opera vuelos a Venezuela y otros destinos de América Latina, había solicitado el dinero alegando que era una empresa estratégica, un argumento que la SEPI aceptó. Sin embargo, casi desde el principio, la operación generó dudas en la opinión pública y en la oposición política, sobre todo por el perfil de los accionistas y los vínculos con el Gobierno venezolano. Ahora, esas dudas han tomado forma jurídica.

Las grietas del expediente

El juez instructor ha ido desgranando, punto por punto, los argumentos del Ejecutivo. En sus autos se aprecia una desconfianza creciente hacia los criterios que se utilizaron para conceder el rescate. Según fuentes conocedoras del proceso, el magistrado considera que la documentación aportada por la compañía no acreditaba suficientemente su carácter estratégico para la economía española. Además, sospecha que la SEPI habría flexibilizado los requisitos exigidos a otras empresas que solicitaron ayudas similares y que recibieron un «no» por respuesta.

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En las últimas semanas han pasado por el juzgado algunos de los técnicos que evaluaron el expediente. Nadie ha querido hablar en público, pero lo contado entre bambalinas no deja en buen lugar a quienes dieron el visto bueno. Se ha puesto sobre la mesa la falta de informes independientes, la premura con la que se tramitó la ayuda y la ausencia de un plan de viabilidad sólido. Demasiado tiempo para una decisión que, según la defensa, fue tomada con todos los informes favorables. Sin embargo, el juez no parece dispuesto a cerrar la investigación sin antes aclarar si hubo presiones políticas o si se aplicaron criterios distintos a los habituales.

En la comarca de O Salnés, donde algunos empresarios del sector de la automoción también recurrieron al fondo de rescate y fueron rechazados, se sigue el caso con especial atención. La diferencia de trato con Plus Ultra les parece, como mínimo, llamativa.

La defensa del Ejecutivo

En los pasillos del ministerio de turno las explicaciones son muy distintas. Se insiste en que el rescate cumplió escrupulosamente con la norma y que fue aprobado por los servicios jurídicos del Estado. La tesis oficial es que el juez está dando pábulo a interpretaciones sesgadas de una oposición política que busca desgastar al Gobierno en un año electoral. No es menor el dato de que la causa comenzó a raíz de una denuncia presentada por un partido de la oposición, lo que para el Ejecutivo vicia de origen la investigación.

Basta con mirar los escritos presentados por la Abogacía del Estado para comprender la estrategia: se niega que existieran irregularidades en la concesión del crédito y se defiende que, en caso de existir algún error, sería meramente administrativo y no constitutivo de delito. Los responsables de la SEPI que declararon ante el juez sostuvieron que actuaron conforme a los protocolos habituales y que el criterio estratégico era discrecional, basado en la situación excepcional de la crisis sanitaria.

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